Marihuana y derechización

Las recientes propuestas anunciadas por el PRD, a nivel Asamblea del Distrito Federal y del Senado de la República, para la legalización de la marihuana, han ocasionado una serie de reacciones que solo me confirman que vivimos en una sociedad cada vez más derechizada. Entendí sin mayor problema la oposición del PAN y de los grupos conservadores, pues parte de su ideología está basada en el control de los individuos, aún en el ámbito de su propia intimidad, del uso de su propio cuerpo. Son las mismas corrientes que antes, y quizás ahora, consideraban delitos la homosexualidad o el coito anal; éste último, aún dentro de un matrimonio heterosexual.
La posición del gobierno de derecha es muy pragmática y su alcance es muy interesante, pues para que una persona no vaya a la cárcel por consumir marihuana, debe declararse adicto. Fieles a su adoración sistemática de lo gringo, la propuesta de Calderón solo copia esquemas estadounidenses, retomando la propuesta de su antecesor, Vicente Fox, el de los chistes involuntarios.
Respecto de la propuesta anunciada para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de gobierno actúa en consecuencia con sus ideas conservadoras. Qué tenga ese puesto en virtud de haber sido el candidato del “partido de izquierda” es una cosa, que él cambie su ideario es otra. Militante priísta en los años de Salinas de Gortari, promovió la asesoría del ex alcalde conservador de Nueva York, Rudolph Guliani, para la aplicación en la Ciudad de México del programa “Tolerancia Cero” que se enfoca a atacar a los pobres, sean delincuentes o sospechosos de serlo. No hay que olvidar que durante la período de Guliani en la ciudad de la manzana, se rompió record en la violación de los derechos humanos; los casos más atroces difundidos por la prensa fueron el asesinato de un negro con tan sólo catorce balazos por sacar de manera “sospechosa” su cartera, y la violación con macanas de policías de varios salvadoreños indocumentados en las mismas oficinas de la policía. La ideología de Marcelo Erbrad ha quedado bien manifiesta con hechos como la vejación y el homicidio masivos de jóvenes en el operativo “News Divine”. Por estas razones, era obvio que se iba a manifestar en contra.
Un poco extraña para la izquierdista bandera que enarbolan, pero explicable desde la perspectiva inmediatista y electorera, es la posición de Izquierda Unida que por joder a “Los Chuchos” se opuso a la propuesta. El problema de la propuesta de Victor Hugo Círigo, asambleísta por el PRD y miembro de Nueva Izquierda es que utiliza argumentos equivocados. Por una parte, dice que la legalización golpearía las finanzas del narcotráfico. Claro que no sería así, simplemente se les quita una línea de negocio, en el mejor de los casos se les reduce el espacio de rentabilidad, que si bien sería un beneficio, no justifica plenamente legalizar la marihuana. También dice que reduciría su consumo; si bien esto es posible, no hay garantía de que así sea. Hay razones más importantes, pero las desconoce o prefiero evitarlas.
Y luego Rene Arce, de la misma corriente de Círigo ha anunciado una propuesta en el mismo sentido pero con algunas variantes. En la primera están prohibidas la importación y la exportación de la yerba; en la segunda, el gobierno puede llevar a cabo estas actividades. En la primera hay límites para el consumo. La segunda parece chiste: obliga a los consumidores a tramitar una credencial que se use para la compra de la droga. Me recuerda las credenciales de cartoncillo que vendían cerca de la prepa y que identificaban al portador como “consumidor autorizado”, “adicto” o de plano “pacheco”. En esto coincide con la propuesta foxista, hoy resucitada por Calderón. Si alguien quiere fumar yesca, debe colgarse su etiqueta de drogadicto. Confío que esto no se vaya a extender al alcohol y cada Sábado tenga que mostrar mi credencial de “Adicto al Vino Tinto” para mis compras semanales de “Casillero del Diablo”.
Tanto Calderón (Fox) como Arce buscan un esquema similar al que el gobierno mormón de Provo, Utah (EE UU) utiliza para el alcohol, en el que el gobierno es el único proveedor autorizado y para beber en un bar, se debe ser “socio”; es decir susceptible de ser auditado por el consumo. Siento escalofríos sólo de recordar los kilómetros y kilómetros sin una licorería y decenas de tiendas de armas.
Ya que el PRD, y hasta los de Nueva Izquierda, que tanto se creen su nombre, se ubican de ese lado del espectro político, juguemos a colocar los posicionamientos en torno a la legalización de la marihuana en una recta de izquierda a derecha. Muy cerca del centro, tantito a la derecha está la propuesta anunciada en la Asamblea del D.F. A la derecha porque los argumentos son además de débiles, del lado conservador: legalizarla para que no la fumen. Un tufo moralista como el la iglesia católica que decía a la juventud que dios nos había dado libre albedrío y un cuerpo maravilloso, para que no usaran ese cuerpo. Arce se va más hacía la derecha y propone etiquetar a los consumidores, lo que permitiría no solo controlar la comercialización de la marihuana, sino también a los usuarios. ¡Qué bueno que estos políticos no defendieron la liberación sexual de los setentas!
Y más a la derecha están el PRI, el PAN, la iglesia protectora de pederastas y personajes entrevistados por Proceso hace unas semanas. En el artículo “Si se legalizara ..” publicado por la prestigiada revista, se entrevista a varios personajes que, salvo Círigo, coinciden en que la cannabis debe permanecer en la ilegalidad. Uno de los personajes ostenta un título en psiquiatría y entre sus trabajos más relevantes está el de Director de un penal donde los presos son vigilados continuamente y tienen prohibido masturbarse, el Penal de la Palma o “Almoloya”.
También entrevistan a una chica que afirma, sin citar fuentes, que está demostrado científicamente que la marihuana destruye neuronas. Con las reservas de no tener la fuente “científica” de tal afirmación, dudo que la yesca mate más células cerebrales que los inhalantes volátiles como el limpiador de computadoras, el tíner o el pegamento de contacto, tan de moda hoy en los estudiantes de secundarias particulares. Incluso, dudo seriamente que al menos inhabilite más áreas del cerebro que una rutina de cuatro horas de televisión por día, tiempo promedio que pasa un mexicano frente a la otrora caja idiota, hoy secretaría de educación en funciones.
A final del día nadie, ni los “izquierdistas” ni los defensores del individuo acceden a un argumento central: el derecho del ser humano a decidir sobre su propio cuerpo. Esta idea ya fue manejada por los partidarios de la legalización de las drogas blandas en los años setentas, pero ahora es rehuída por los políticos pues, además de la libertad para consumir vino tinto o marihuana, abre la puerta a otros movimientos liberadores del individuo: el derecho al aborto, al libre ejercicio de la sexualidad, a elegir la profesión a la que nos dedicaremos; en suma, a la libre elección y construcción de nuestras vidas. Algo que se repite mucho en los libros de autosuperación pero que en la práctica es abominado por la clase política.
En pleno siglo XXI, esta idea es calificada como libertinaje y degradación moral por el establishment, al que se ha incorporado cómodamente la “izquierda”. Pareciera que no hubieran pasado casi ciento cincuenta años de que un indio oaxaqueño definiera con precisión jurídica el límite de la libertad individual: “el derecho al respeto ajeno es la paz”. O más coloquialmente: mi libertad termina donde empieza la tuya, y ambas libertades miden lo mismo.
Todo lo contrario, estamos en un proceso de derechización que restringe día a día las libertades del individuo: el ejército en las calles, etiquetamiento de los seres para ejercer su libertad (violada, si quieres abortar; adicto, si quieres fumar; pobre, si quieres estudiar). Solo el excandidato presidencial del PAN, Fernández de Ceballos, lucha por la libertad de los que gustan de generar monóxido de carbono y alquitrán para arrojarlo a los sentidos de los que pretenden degustar su comida mientras ellos fuman.

Legalización de la Marihuana

"Cuni cuni, cantaba la rana
Y echaba las coplas de la marihuana"
(Canción tradicional mexicana)

Seguramente como una medida para recuperar la atención, después de protagonizar sendas y encarnizadas luchas intestinas por el control de sus respectivos partidos, miembros de las corrientes vencedoras han planteado la legalización de la marihuana. Primero el Partido Social Democrata, que dejo el nombre de Alternativa, hizo una declaración en este sentido y logró cierta atención de los medios.
Quien sí consiguió más reflectores fue Víctor Hugo Círigo, asambleísta del D.F. por el PRD que el 14 de octubre propuso que la Asamblea aprobara reformas a la Ley General de Salud que permitieran el uso de la mariguana, desde su siembra, consumo y transporte, hasta la existencia de negocios donde pueda ser vendida, así como el fomento de su aplicación en tratamientos terapéuticos. Si el pleno llegara a aprobar la propuesta, ésta deberá ser llevada al Congreso de la Unión pues es la única instancia del gobierno con atribuciones para modificar la Ley General de Salud. Si bien la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del D.F. hace imaginable que en esta instancia se apruebe la propuesta, las posibilidades se reducen de manera abrupta en las cámaras de diputados y senadores. ¿De veras cree el asambleísta que el PRI y el PAN, tan beneficiados por la ilegalidad de esta yerba, tanto por el narcotráfico como por la supuesta guerra en contra de él, van a permitir que este vegetal se legalice?
Quizás pueda aportar algo a la respuesta el hecho de que Víctor Hugo Círigo es miembro de la corriente Nueva Izquierda o “Los Chuchos” que hoy ha tomado el control del PRD. Este grupo se formó con los ex miembros de un partido (PST primero y PFCRN al final) creado por el inefable Luis Echeverría Álvarez en los años setentas para contrarrestar la fuerza del naciente Partido Mexicano de los Trabajadores. Es la misma corriente que propuso y aprobó las alianzas del partido de “izquierda” con el PAN y el PRI.
El argumento central del asambleísta respondía a la tozudez con que el gobierno federal insiste en utilizar únicamente la violencia para atacar al narcotráfico, sin buscar golpear su estructura financiera. Círigo afirma que de aprobarse la propuesta “se les pegaría en sus ganancias” y muchos reporteros tradujeron esto libremente como que se atacarían las finanzas del narcotráfico. En todo caso, se les quitaría una línea de negocio a estos emprendedores; sus finanzas se sostendrán en tanto el gobierno no ataque a sus empresas de lavado de dinero, cosa que vemos muy lejana e inexplicable (o explicable en demasía).
Apenas se había anunciado la presentación de la propuesta cuando las voces más progresistas del país como el PRI, la Iglesia Católica y sus voceros oficiosos en los medios de difusión masiva (televisión, radio y periódicos) desgarraban sus vestiduras ante un simple anuncio. Dentro del PRD, tanto la corriente rival (Izquierda Unida) como el Jefe de Gobierno del D.F. se manifestaron en contra, coincidiendo en sus argumentos con el PRI y el PAN; que la legalización no iba a disminuir el consumo sino a aumentarlo. Probablemente Izquierda Unida lo hizo como una manera de golpear a su enemigo interno y por otra parte evitando arriesgar su escaso capital político en una guerra mediática contra los conservadores. De Marcelo Ebrard no extrañó su posición, pues siempre se ha manifestado partidario de la onda policial.
Lo grave del asunto es que entre ese mar de declaraciones tanto de oportunistas como de conservadores, no supimos de información confiable proveniente de investigadores y de expertos. Los locutores y reportes, sempiternos faltos de conocimientos, solo divulgaban mitos e imprecisiones. Incluso, hubo uno que entrevistó a un perredista y le preguntaba por qué ahora sí estaban de acuerdo con lo que anteriormente había propuesto el pintoresco Vicente Fox. Fox jamás propuso legalizar la marihuana, sino solo despenalizar el portar de cantidades pequeñas para el propio consumo con la condición de que el portador se declarara “adicto”. La iniciativa se aprobó pero fue vetada por el propio Fox cuando el gobierno gringo le reclamó “legalizar el consumo”. Conservadores con doble moral, los gringos tienen este esquema en su territorio, pero ordenaron al abyecto Fox que no lo aplicara en México. Tan conservadora es esta iniciativa que Calderón la retomó hace apenas unos meses, para la desmemoria de nuestros locutores.
El problema con la iniciativa pro-gringa de Fox, retomada por Calderón es que exige que el consumidor recreativo de marihuana acepte la etiqueta de “adicto” para poder ejercer su hábito. Imaginemos que, tocamos madera, algo similar se aplicara al caso del alcohol; que todos los que acompañan su comida con un copa de vino tinto o que se toman tres tragos en la sesión del dominó los días Viernes, tuvieran que declararse adictos al alcohol para poder beber o comprar una botella y llevarla a su casa.
En lo personal no encuentro muchos motivos para mantener a la marihuana en la ilegalidad; quizás porque al no ser narcotraficante ni policía o militar vendedor de protección, ni político que viva del terror de los ciudadanos, no obtengo ningún beneficio de la prohibición. Tampoco me espanta su legalización cuando hay drogas más dañinas legalmente disponibles en casi todos los restaurantes (bueno, el tabaco ya no se permite en todos esos lugares, pero el panista Fernández de Ceballos ya está buscando revertir un poco esta situación para que mientras comamos un platillo exquisito, podamos gozar del humo del vecino). No conozco casos documentados de accidentes automovilísticos o crímenes ocasionados por el consumo exclusivo de la marihuana; cuando esta hierba se encuentra entre el menú del causante de un tragedia, va siempre acompañada de cantidades pantagruélicas de una droga legal, el alcohol.
No tengo noticia de estudios serios que indiquen que la marihuana es una droga más dañina que el alcohol y el tabaco. Quizás, como con el caso del petróleo, sería conveniente tener un foro con expertos que ilustraran a los congresistas y a nosotros sobre el asunto. Mientras, la marihuana se consume de cualquier modo y si alguien quiere fumarla tendrá que tratar necesariamente con narcomenudistas, que también venden cocaína, éxtasis, LSD y drogas más potentes y destructivas. Peor aún, contra las voces desinformadas (o desinformadoras) que afirman que el consumo de la marihuana está aumentando y que su legalización propulsaría más este fenómeno, está la triste realidad de que las drogas que han aumentado su incidencia entre nuestra juventud son la cocaína, las pastillas, y los inhalantes que se consiguen en cualquier tlapalería. Incluso el limpiador de computadoras está siendo utilizado por los estudiantes de secundaria de clase media para evadirse de vidas vacías.
¿Qué importa si la marihuana es ilegal mientras los adolescentes pueden comprar limpiador de computadoras en un supermercado? ¿A los que se desgarran las vestiduras con la propuesta oportunista de estos políticos, les preocuparía investigar la razón de que tantas personas usen drogas, legales e ilegales? ¿que jóvenes de todas las clase tenga que llenar sus vidas con psicotrópicos que van desde las caguamas hasta las drogas ilegales y las industriales? ¿O prefieren que las drogas sigan siendo utilizadas para llenar el vacío existencial, pero de manera ilegal para que el narcotráfico siga siendo la actividad más redituable de nuestra subdesarrollada economía?
La propuesta del PRD, si bien no ha sido lanzada con la idea de que se apruebe en el Congreso de la Unión, tampoco es tan radical como para imaginar que pronto la marihuana cosechará multitudes de adictos, que veremos gente fumándola en cada esquina. Tan solo proponen que se consuma en lugares cerrados, en los que no se venda alcohol ni se permita la entrada a menores de edad; prohíbe que se consuma en la calle y permite que se porten dosis personales, así como el cultivo en casa y, lo más importante, su uso medicinal.
Con la clara consciencia de que no se va a aprobar la iniciativa, vale comentar que en el caso hipotético de que así fuera, la legalización de esta hierba permitiría al gobierno controlar su mercadeo como suponemos que controla el alcohol y el tabaco. Adicionalmente, sería posible trasmutar las jugosas ganancias que actualmente le sacan los narcotraficantes en impuestos auditables, útiles para los rubros de la salud y la educación. El asunto de la adicción es más profundo y no depende de la legalidad o ilegalidad de una droga; así como tenemos conocidos que saben disfrutar un buen vino tinto sin emborracharse o un habano sin molestar al prójimo con el humo, también conocemos a otros que pueden probar una cerveza sin parar hasta llegar al nivel de inconsciencia o los que fuman con sus hijos a un lado.
La marihuana, como otras drogas, tiene usos recreativos y medicinales. El uso medicinal debe ser controlado por médicos. Por lo que toca al recreativo siempre queda el riesgo de que, al igual que con el alcohol y el tabaco, consumidores no educados fumen de más o se hagan adictos psicológicos. Esas políticas educativas que tanto necesitamos para reducir el abuso y las adicciones al alcohol y al tabaco, también serian necesarias en al caso hipotético de la legalización de la marihuana.
El tema de la adicción es más profundo y valdría la pena escuchar a expertos en el tema: psicólogos, psiquiatras, médicos, sociólogos; en lugar de la ignorancia evidente de los locutores y voceros de la mass media. Si tanto nos preocupan las adicciones (y no solo a la marihuana) cabría preguntarnos que clase de sociedad estamos construyendo que empuja a sus miembros a llenar sus vacías vidas con alcohol, tabaco, juego, televisión, Internet, relaciones destructivas y drogas ilegales. Qué clase de sociedad, en la que se valora más el poder económico que la sabiduría y en la que se aplaude la corrupción y el abuso, y se equipara la honestidad con la cobardía y la estupidez.
La marihuana fue legal en México, y en muchos países del mundo, hasta parte del siglo pasado. Obviamente, durante ese tiempo no se tuvieron noticias de narcotraficantes descabezando personas en pleitos por las rutas. Por lo que toca a su consumo como problema de salud pública era inexistente.

De tan tibia, la iniciativa ni siquiera manifiesta la razón primigenia para la legalización de las drogas que sí ha sido esgrimida en Europa: el derecho del ser humano a su propio cuerpo. El propio cuerpo es un área sobre la que, desde una perspectiva ética, no tiene autoridad el estado. Y eso abarca no solo el uso de sustancias psicotrópicas, sino el derecho a ejercer la sexualidad como cada quien desee. Para los que manejan el lugar común de la libertad que se transforma en libertinaje, el límite es preciso y fue enunciado de manera magistral hace más de 100 años por un indio mexicano: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Los cuatro pilares del narcotráfico

En las últimas semanas, frente a la embestida que el crimen organizado contra el estado, nuestra clase política ha hecho declaraciones y propuestas que van desde las bárbaras puntadas del PRI y del Partido Verde Ecologista (el único partido “ecológico” conservador que hay en el mundo) acerca de instaurar la pena de muerte hasta las oportunistas propuestas del Partido Social Demócrata y de la corriente Nueva Izquierda del PRD capitalino sobre la legalización de la marihuana.

Mientras tanto, los miembros del partido conservador (PAN) que ejercen el poder continúan con una guerra sin rumbo contra el narcotráfico que no ha reducido la oferta de drogas ilegales en EE UU ni en México, pero que sí ha recrudecido la violencia en nuestro país. Y cuando la sociedad se queja, nos dicen que esto va a durar todo el sexenio, que nos acostumbremos, y que no piensan renunciar.

Ante semejantes declaraciones, vale la pena explorar el fenómeno del narcotráfico. En un blog posterior trataremos el tema de la legalización de la marihuana.

El narcotráfico se apoya en cuatro pilares y la única forma de derrotarlo o al menos mitigar sus efectos es atacar esos cuatro pilares de manera simultánea. Nuestro gobierno se ha empañado en cambio en enfrentarlos precisamente por el flanco en que son más fuertes, la violencia. Por esta razón vale la pena revisar los cuatro aspectos de esta actividad ilícita.

La violencia.

Ciertamente el estado debe utilizar su poder coercitivo para contener las actividades del narcotráfico. Sin embargo, atacar únicamente este pilar es jugar el juego de los criminales y siempre termina en baños de sangre. Lo que está pasando en México ya pasó en Colombia y en Italia, aunque no con las dimensiones y brutalidad a las que nos han pedido que nos acostumbremos nuestras autoridades. Recordemos que los narcotraficantes no tienen nada que perder; desde el momento en que se enrolaron en esta actividad, dan por perdida su vida.

Adicionalmente, en nuestro país tenemos una simbiosis descarada entre los delincuentes y los cuerpos coercitivos del gobierno. Es emblemático que uno de los grupos más violentos de esta industria ilegal, “Los Zetas” se haya formado a partir de cuerpos de elite del ejército. Y a nadie le extraña que entre las bandas de delincuentes militen ex policías, policías en activo y hasta agentes del ministerio público.

Por desgracia, nuestro presidente ha decidido que la lucha contra estos negocios ilícitos se componga únicamente una guerra sin plan ante un enemigo evasivo y a la vez omnipresente, para obtener la fuerza política que sus dos predecesores obtuvieron de las urnas.

El poder financiero y económico.

El narcotráfico es eminentemente un negocio, por cierto uno de los pocos que ejecuta a carta cabal mantras de la administración moderna como el de Just-in-time. Sus operaciones buscan la obtención de dinero en grandes cantidades y de manera más rápida que los negocios legales; lo demás lo justifica en función de este objetivo. Por eso, golpear sus estructuras financieras es un arma efectiva y contundente en su contra. De hecho, la DEA tiene bloqueadas cuentas de muchas empresas mexicanas en EE UU y ha solicitado al gobierno mexicano que haga lo mismo con compañías establecidas en nuestro país sospechosas de lavar ganancias del narcotráfico.

Sin poder financiero, el narcotráfico pierde mucho de su poder y se vuelve poco atractivo. De manera inexplicable (o explicable en demasía), las autoridades mexicanas que prisa tienen en extraditar mexicanos no han hecho gran caso a estas peticiones; a menos que aprehender a una señora sin guardaespaldas en un restaurante haya colapsado las actividades del narco, pero sabemos que no ha sido así.

La pobreza.

Nuestro país tiene al segundo hombre más rico del mundo y a decenas de millones en la pobreza. Por nuestras calles pasean autos de lujo frente a familias que tienen que sobrevivir con menos de cien devaluados pesos diarios.

Mientras las posibilidades de acceder a un nivel de vida digno de manera legal sean ofensivamente despreciables (en su acepción estadística) para la mayoría de la población, el incorporarse a actividades ilícitas seguirá siendo atractivo. No importa si se trata del narcotráfico, los secuestros o la piratería. Hay más dinero que en un empleo, si es que lo consiguen.

La impunidad.

Asociado al punto anterior está el hecho de que es estadísticamente improbable que el culpable de un delito sea condenado en nuestro país. Por ejemplo, de cien homicidios, solo cinco llegan a tribunales. En el caso del narcotráfico, los locutores de la mass media nos hablan de cerca de 6,000 detenidos en este sexenio por los llamados delitos contra la salud (lo que implica 2 detenidos por cada muerto en el mismo período, vaya costo). .

La pregunta es cuántos de estos fueron procesados; y de ese pequeño número cuántos son condenados; y de esa otra irrisoria cantidad ¿cuántos realmente purgan su condena y no viven a cuerpo de rey continuando sus actividades delictivas dentro de la prisión? Policías corruptos, averiguaciones previas mal integradas, jueces benévolos y cárceles amables son algunas de las causas de que los delincuentes trabajen sin preocupaciones.

Combinando la pequeñísima probabilidad de acceder a un nivel de vida digno con la también diminuta posibilidad de ser condenado por ejercer el narcotráfico, se entiende la facilidad con que estos grupos pueden integrar sus filas con miles de desposeídos que ven en esto su única oportunidad de hacer dinero y gozar de la vida como los poderosos.

Por si fuera poco, cínicamente aplaudimos a los ladrones de cuello blanco y no nos extraña en absoluto que muchos de ellos jamás paguen por sus delitos. Ejemplos sobran: el Pemexgate y los hijastros de Vicente Fox.

Atacar solo uno de los sostenes del narcotráfico es hacerles el juego. Calderón cree que necesita del apoyo del ejército y de impactos mediáticos para sostener su presidencia y ha llevado al país a un baño de sangre que lejos debilitar al narcotráfico, lo ha hecho más violento. Su presidencia es un hecho jurídico y hasta el PRD lo sabe, ¿por qué continua con su campaña de legitimización tan a destiempo? No sabemos de crisis de oferta de drogas en EE UU, ¿verdad? Los narcotraficantes siguen cruzando sus mercancías mientras el país se vuelve más peligroso para el ciudadano común.

¿Por qué el gobierno federal no ataca los otros tres pilares del narcotráfico? Hay muchas respuestas posibles y las más de ellas son odiosas

URGENTE. Orden de aprehensión en contra de asesor de trabajadores

En el Estado de Chiapas se ha girado una orden de aprehensión en contra del asesor de trabajadores Rosalío Hernández Beltrán, acusándolo de despojo.

Ocurre que Rosalío Hernández asesora un sindicato y el movimiento fue reprimido a golpes por la policía estatal. Adicionalmente, se giraron órdenes de aprehensión en contra de trabajadores, de Rosalío Hernández y de uno de sus colaboradores. Varios trabajadores y un colaborador del asesor sindical fueron apresados y liberados después de varios días de cautiverio. Posteriormente, todas las órdenes de aprehensión no ejecutadas fueron desistidas, con excepción de la de Rosalío Hernández Beltrán.

El patrón, con el apoyo del gobernador del estado, dice que otorga el perdón de un delito no cometido a Rosalío Hernández, si él firma un documento en el que se compromete a no asesorar a trabajadores de este estado. Dado que semejante papel es contra derecho, el asesor de los trabajadores se ha negado a firmarlo y la orden de aprehensión está vigente.

Rosalío Hernández Beltrán fue fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con Heberto Castillo, Demetrio Vallejo y Eduardo Valle. Ha asesorado a movimientos sindicales como el de Refrescos Pascual y Transportes Huerta. Fue diputado federal por el PRD y actualmente se dedica de tiempo completo a asesorar trabajadores. También ha escrito libros relacionados al tema sindical como "Los Patos y Otras Batallas" y las novelas históricas "Lombardo" y "Fidel".

Cabe mencionar que hace apenas unas semanas el mismo gobierno estatal reprimió a campesinos, hiriendo de bala a 20 personas y ejecutando con tiro de gracia a 3 de ellos que eran trasladados a un hospital. El chofer del vehículo que los llevaba también fue asesinado. No sabemos cuáles sean los límites del gobernador. Es urgente ponerle un alto para evitar que continúen los atropellos a la ley en Chiapas.

Seguridad y telefonía en México

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al muchacho chicho para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. La parte buena no es muy honesta con el villano y tiene, bien a su lado o interviniendo su línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia y del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se invento en los años sesentas cuando, supongo, la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa desde antes que sea contestada. Podríamos permitir al directo de la película que el bueno conteste para asegurarse que del otro lado de la línea está una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de varias actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables. Los legisladores están proponiendo, no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas, sino e levantamiento de un padrón de usuarios de telefonía con todo y huella digital, en el caso de los teléfonos móviles. En otras palabras, nos van a pre-fichar por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastará con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

• Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo. Un legislador propuso ayer con tibieza, y quizás con un poco de temor divino, que las empresas guarden estos datos por al menso un año. O no sabe como funcionan las empresa telefónicas, y entonces qué hace legislando sobre el tema, o es un simulacro, todo está pactado con las poderosas empresas de telecomunicaciones mexicanas, y solo se va a pedir lo que ellas ya tienen.
• Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización precisa permanente; si provino de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda o célula (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.
• Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.
• Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.
  

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada. Cierto es que queda abierta la posibilidad de que un número telefónico esté funcionando en un domicilio diferente al registrado por un problema en los proceso internos de actualización de Telmex, por negligencia de sus empleados, o por corrupción. Sin embargo, sabemos que esta empresa ya no es del gobierno, sino de la iniciativa privada y que este solo hecho, a decir de los panegíricos de las privatizaciones, la salva automáticamente de estos problemas.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips SIM que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han obligado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

Ahora que sí, como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, les importa un comino la opinión de expertos y de ciudadanos, tendrán que incluir en la ley las soluciones a muchos escenarios como la clonación de números, mecanismos ágiles para denunciar el robo y los teléfonos en flotilla.
El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad, las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los operadores telefónicos: aparecer en los medios y de esta manera posicionarse para las elecciones del año próximo. Éste, ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso. Se trata de utilizar la coyuntura política para restringir más las garantías individuales de la población. El objetivo trascendente es contar con una base de datos de las huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil más allá de las gubernamentales, como la del IFE.

Un poco de reflexión nos lleva a entender que semejante base poco ayudaría a resolver los crímenes telefónicos. Hoy, con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio; por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo, roban uno horas antes. Y de todos modos, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas sin que ningún policía o soldado los detenga; ¿será diferente con los teléfonos?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito. Si no lo hace el gobierno, es porque tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.

Estatus de la Violencia en México

A tres meses de la tragedia ocurrida durante un operativo policial en el antro “News Dive” y en medio del baño de sangre en que Calderón ha sumido a México por una supuesta guerra contra el narcotráfico, cabe reflexionar sobre el estatus de la violencia legal y no dentro del país.

Uno. En la Ciudad de México, un gobierno que se dice de izquierda pero admira las tácticas represivas que promovió en su momento un alcalde conservador en Nueva York, emprende operativos para “salvar” a los jóvenes de las drogas. De esta manera, los jóvenes son víctimas por ambos flancos; por un lado, los narcotraficantes les venden drogas sintéticas altamente adictivas y por otro, los policías los extorsionan por hacerlo, pretender hacerlo o simplemente parecer que lo hacen. En suma, por ser jóvenes. En el caso de esta tragedia evitable los medios masivos de difusión (que sólo por un abuso del lenguaje pueden denominarse de comunicación) pasaron de linchar primero al dueño del antro que vive de sembrar el alcoholismo entre sus clientes, luego a la policía y un poco a las autoridades locales. Claro que no faltó la mentalidad conservadora que echó la culpa a los jóvenes por estar ahí, y a sus padres por no amarrarlos con la firmaza suficiente a la pata del sillón de la sala de estar (viendo televisión).

Los testimonios de los sobrevivientes y las imágenes profusamente transmitidas por los noticieros y por los sitios web de los periódicos contaron historias que a los viejos nos son familiares. Policías atacando a los jóvenes que buscaban salir, autoridades dialogando con el dueño del lupanar, perversos tomando fotos a jovencitas desnudas. Muerte de jóvenes, cárcel a los ejecutores directos y libertad a los responsables intelectuales. Para completar el nostálgico cuadro un delegado, un jefe de policía y otros funcionarios que ahora no tienen responsabilidad de lo que hacen sus subalternos mientras sus acarreados defienden, sin ser jueces ni tener elementos de juicio, al delegado para de esa manera poder conservar los espacios que han robado a la ciudadanía como vendedores ambulantes. Así, ni quien extrañe los tiempos del PRI.

Dos. En Morelia dos granadas matan a 8 personas y hieren a otras cien en medio de la tradicional verbena popular, apenas unos días después de que una veintena de albañiles fueron ejecutados y tirados en La Marquesa. Por cierto, en este primer caso los medios masivos de difusión se apresuraron a calificar a los difuntos, sin pruebas fehacientes, de “narcomenudistas”. Si bien la violencia relacionada al narcotráfico y a la delincuencia organizada ya había tocado población civil con los asaltos, secuestros, extorsiones y fabricación de culpables ejecutados por delincuentes, policías y soldados de uno u otro bando (o de ambos), ahora ha rebasado los límites de los contendientes armados para atacar de manera abierta a la ciudadanía común y desarmada.

El presidente legal, que la tercera parte de los electores no acepta como legítimo, aprovecha las muertes civiles para pegarle a sus contrincantes políticos por no aceptar sus propuestas económicas, específicamente las de índole petrolera, llegando al extremo de poner en la misma cesta a los criminales autores del atentado en Morelia, a sus opositores políticos y a la población que no se alinea con su desorientada guerra. Según su extraña visión, los ciudadanos que con justificado miedo no denuncian a los delincuentes, son cómplices de ellos; y aún más, son traidores de la patria, como si estuviéramos en una guerra internacional.

¿Qué puede seguir a esto? Los legisladores federales ya se apuraron y presentaron, junto con el presidente de la República, iniciativas de ley que endurecen las penas que, dada la sospechosa mediocridad con que son elaboradas las averiguaciones previas y la generosidad que actúan los jueces, con muy poca probabilidad serán purgadas por los delincuentes. También se reduce el presupueste en materia de agricultura y de comunicaciones para acrecentar el de seguridad. Es decir, el mismo medicamento pero con una dosis más fuerte; no ha sido efectivo en lo absoluto sino todo lo contrario, pero de manera contumaz hay que incrementarlo. Hay elecciones el año que viene y si se que quedan atrás en este tema, no salen en la tele.

Por lo que tocaría a medidas para combatir la impunidad, la estructura financiera del crimen organizado, la corrupción sistémica en las policías y ya no tan esporádica en el ejército y a mejorar la educación y las condiciones sociales del pueblo para reducir las listas de reclutamiento del crimen organizado, no son negocio para los mercenarios ni sirven para apuntalar un régimen sin legitimidad y con tendencia al fascismo.

“Taxistas” Agreden a Ciudadanos y Policías en Ecatepec

En un blog pasado hacía unas recomendaciones a los automovilistas que nos visitan de otros estados de la república y que tienen la necesidad de cruzar por la ex hacienda de Berriozábal, que si bien ha cambiado su nombre a Coacalco, no ha perdido esa mística de encomienda que permite al capataz, hoy presidente municipal, y sus secuaces, hoy policías, imponerse sobre los derechos de quienes tienen la malfortuna de cruzarse en su camino. Debo admitir que las recomendaciones rayaban en obvios sarcasmos, pero por desgracia están basadas en hechos reales.

Una de ellas indicaba olvidarse del cómodo automóvil nuevo y subirse en “una camioneta de carga habilitada con unas tablas para el transporte infrahumano, pintada de blanco, con distintivos de alguna agrupación de colectivos, TUMAC y Transportes Victoria son buenas opciones.” Para reforzar la seguridad se le recomendaba al conductor: “Quítele placas y cualquier calcomanía que identifique al vehículo, deje su licencia de conductor en casa” Si alguien piensa que exagero y no desea arriesgarse a visitar la tierra de Peña Nieto, basta que en el entronque de la autopista y de la carretera libre a Pachuca, cuente la cantidad de colectivas que circulan sin placas. Si adicionalmente el conteo se realiza a las 7:00 de la mañana, también hallará varios accidentes automovilísticos ocurridas a las vertiginosas velocidades del embotellamiento matutino; le será muy difícil encontrar uno en que no esté involucrada una camioneta colectiva.

Después en otro blog sobre el inminente aumento de tarifas de transporte colectivo en el Estado de México, advertía sobre el riesgo de permitir tanta impunidad a los miembros de TUMAC, Transportes Victoria y demás pandillas de transportistas. Después de notar que no les pasa nada por manejar como animales y de golpear otros automóviles y uno que otro pasajero, pueden pensar que tampoco serán castigados por conducir drogados, ebrios o al menos sarazos. Más allá, las calles les pertenecen; bloquean las avenidas desquiciando el tráfico sin que ningún locutor de Televisa se indigne como cuando los seguidores de López Obrador tomaron el Paseo de la Reforma, se paran donde se les antoja, instalan sus terminales (“bases”, les dicen ellos de manera por demás patética, como si fueran pilotos aéreos) en donde les place robando espacios a los ciudadanos; porque ellos son “la ley”.

Así que el día de hoy, un grupo de 200 pandilleros, autodenominados “taxistas”, y abanderados por una organización eminentemente clientelar que se atreve a llevar el nombre del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, y por otra antes referida, TUMAC, agredieron a los ciudadanos coartándoles el derecho al libre tránsito sobre una de las principales avenidas de Ecatepec. Pero como no son una organización de trabajadores del volante, sino una pandilla, también ejercieron una vendetta contra los policías que acudieron al lugar en el que ellos protagonizaban su desmán. Golpearon a los policías, destruyeron las patrullas y robaron una pistola, ejecutando una venganza porque al decir sus líderes fueron reprimidos por policías durante la víspera por oponerse a unas obras municipales en la colonia que lleva el nombre de un luchador por la paz, Sergio Méndez Arceo. No afirman que fueron reprimidos específicamente por los policías que ayer salieron lesionados, pero da igual; “para que aprendan”, dicen los mensajes de otros mafiosos. De acuerdo a su lógica pandilleril, el objetivo no es castigar a quien hizo el mal, suponiendo sin conceder que así ocurrió, sino encontrar quién lo pague. Una forma nada ortodoxa pero muy difundida de “justicia”.

Grupos de choque, medios para el acarreo y para el fraude electoral; pandillas de delincuentes protegidos por los políticos priístas que, otrora en el PRI y hoy tanto en este partido como en otros, buscan imaginarios bancos de votos. ¿Algún día dejaran que verdaderos trabajadores y empresarios provean el servicio o seguiremos siendo sus victimas cautivas los millones de habitantes sin auto que habitamos la periferia de la ciudad? ¡Pero qué pregunta más inocente! El año que viene hay elecciones. Antes que castigados, los veo consentidos por políticos priístas necesitados de votos, de acarreados; y quizás de golpeadores.

Referencias:
1. El Universal; “Hiere turba de taxistas a tres policías en Ecatepec”. http://www.eluniversal.com.mx/notas/539407.html
2. La Jornada; “Ecatepec: 4 policías heridos al enfrentarse a transportistas”; http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/09/18/mas-de-200-choferes-arremeten-contra-policia-de-ecatepec