La economía se está recuperando

La mala costumbre de escuchar la radio mientras se maneja un automóvil conlleva, a la par del placer de exponerse a buena música, el riesgo de oír los anuncios comerciales. Optar por estaciones culturales o de gobierno no lo libra a uno de este peligro; antes, lo hace más grave pues los comerciales pueden ser oficiales. Porque la verdad es que hay algunos anuncios de empresas particulares que llevan detrás un buen trabajo de mercadotecnia y de publicidad, pues buscan ser agradables y llevar al radioescucha a la compra del producto promocionado. En cambio, los oficiales tienen el objetivo de ensalzar las virtudes de alguna acción gubernamental y, casi ineluctablemente, la del funcionario a cargo. Sujetos más a cuestiones de lealtad que a criterios de calidad, estos anuncios son regularmente malos, cuando no atroces.

Por ejemplo, el anuncio del Senado de la República en que una mujer gritaba histérica; o bien, los que dicen que “durante el gobierno del presidente de le república” se ha progresado mucho ¿Acaso se referirán al período de nuestra historia que inició con la caída de Iturbide? Porque desde esa fecha todos los que han gobernado nuestro país desde el poder ejecutivo han tenido el cargo de “presidente”, así lo hayan jugado muchas veces (como Don Porfis); o hayan llegado a él por la vía de las armas o por la de la traición (Victoriano Huerta, alias “La Cucaracha”); o gracias al “haga sido como haiga sido” (Felipe Calderón)

¿O se refieren a los cuatro años que ha estado en el poder Calderón y, para no violar las leyes de manera tan descarada y promocionar su pobre imagen, sustituyen su nombre por el cargo? El caso es que en estos anuncios se llega al extremo de animar a la gente, de manera indirecta, a contratar créditos inmobiliarios porque “la economía se está recuperando”. Además de la irresponsabilidad de invitar a la gente pobre a endeudarse, se promociona una realidad inalcanzable para la mayor parte de los mexicanos. El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) echa por los suelos dicha afirmación.

O quizás el gobierno federal tiene razón si lo que está midiendo no es la creación de riqueza, sino la cantidad de transacciones económicas. Veamos: la delincuencia organizada ha crecido de manera vertiginosa, ampliando sus líneas de negocio y movilizando grandes cantidades de dinero. Adquisiciones de vehículos de lujo o blindados, de bienes inmuebles y de voluntades deben estar incidiendo seguramente en esta métrica, pues son muchas transacciones económicas, muchas de ellas de magnitud inimaginable para 40 millones de compatriotas que viven en la extrema pobreza.

Incluso el ladrón vulgar y silvestre que otrora sacaba de manera subrepticia la cartera en el tumulto de un autobús, hoy roba teléfonos móviles (mal llamados celulares) a bordo de un auto del año y con pistola automática de alto calibre. Estos bienes debieron ser adquiridos por el ratero o por sus jefes, añadiendo transacciones económicas. La víctima, que requiere del teléfono, compra otro; lo que implica una nueva transacción económica. El delincuente vende el teléfono, paga su cuota a la policía y al cartel que manda en esa plaza, compra droga y la cuenta de un antro con lo que le sobra: ¡más transacciones económicas! Días después, un tipo más pobre y con poca consciencia de lo que está haciendo comprará el teléfono robado en un tianguis, cooperando de esta manera a que la economía “se recupere”.

Si éste es el concepto de recuperación de la economía que se maneja en los comerciales de Felipe Calderón, los publicistas tienen toda la razón: la economía se está recuperando gracias a las numerosas transacciones económicas ejecutadas: por el crimen organizado, o bien por sus víctimas y clientes.

Entonces todo se aclara y resulta que el gobierno federal sí tiene una estrategia y la guerra contra el narcotráfico que ha devenido en mayor poder para el crimen organizado no es un error: es la única manera en que este gobierno puede hacer algo por la economía del país, dada su incapacidad ostensible de generar las condiciones adecuadas para el crecimiento y la distribución justa de la riqueza.

Pozos en Ecatepec

En su reciente Primer Informe de Gobierno, Eruviel Ávila, a la sazón Presidente Municipal de Ecatepec, además de desvivirse en alabanzas para Enrique Peña Nieto, se ufanó de las obras de reperforación (sic) de 15 pozos nuevos de agua, con un presupuesto de 100 millones de Pesos. Adicional al enigma que implica “reperforar” un pozo que aún no ha sido perforado (nuevo), preocupa el costo de las obras: más de 6 millones y medio de Pesos por pozo.

Sin embargo, lo que están viendo los vecinos de las zonas pobres de Ecatepec no son reperforaciones, sino la perforación de pozos nuevos en las inmediaciones de sus hogares. Pero no en cualquier lugar, sino en las colonias pobres y menos organizadas del municipio: Luis Donaldo Colosio y Ejidos de San Cristobal. En el más puro estilo autoritario no se consultó a los afectados ni se ejecutaron estudios previos. Hoy, los vecinos de las obras padecen ruido, humo y temblores los siete días de la semana, desde que sale el sol hasta que se oculta. En virtud de los riesgos y molestias que la construcción y operación de los pozos de agua acarrean, se ha solicitado la siguiente información a Eruviel Ávila para uno de esos pozos:

1. Estudios técnicos previos y de impacto ambiental de la obra,

2. Plan de trabajo con los principales hitos de la obra,

3. Proceso de asignación de la obra, si fue asignación directa, invitación restringida o licitación pública,

4. Datos generales de la empresa contratista,

5. Plan de operación del pozo cuando esté terminado: ¿se conectará a la red pública de suministro de agua? O bien, ¿surtirá pipas municipales o privadas?

6. ¿A quiénes va a beneficiar la explotación del pozo? ¿Con que mecanismos se va a asegurar esto?

Esta solicitud se hizo con fundamento en el Artículo 8 y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 3, 4, 6, 7, fracción IV, y 15, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios y se presentó el 28 de junio del año en curso.

A casi 3 meses de la solicitud, el gobierno municipal únicamente ha respondido con dilaciones y con evasivas, como se puede apreciar en las siguientes imágenes.

Ante semejante “respuesta” se solicitó nuevamente la información:

A estas fechas SAPASE únicamente ha respondido de manera verbal diciendo que no tiene la información. Ahora resulta que ni el área que licitó la obra (Obras Públicas), ni la que la operará (SAPASE) tienen la información solicitada. Dado que no hay más involucrados, solo queda concluir que dicha información no existe, que las obras se iniciaron sin estudios previos, sin planes de trabajo ni de operación. Lo que sí podemos dar por seguro es que alguien está ganando dinero y esperamos que nada más sea el contratista.

Además de las molestias y riesgos que están corriendo los vecinos de esas colonias, es preocupante el desdén de la administración municipal por la opinión de la gente y por su calidad de vida. Porque evidentemente los hijos del presidente municipal no tienen que hacer su tarea entre el estruendo de la maquinaría. Seguramente no tienen dolor de cabeza y sus oídos están más sanos. Tampoco creemos que a Eruviel le preocupe que su casa sufra cuarteduras o se dañe la estructura después de meses de vibraciones tan fuertes como temblores.

Porque los que padecen todo esto son vecinos pobres y eso a él le tiene sin cuidado. La única acción razonable es que la obra de perforación se suspenda hasta que se tengan los estudios técnicos y de impacto ambiental, así como los planes de trabajo y de operación: todos ellos revisados por profesionales ajenos al Ayuntamiento y a la empresa beneficiada con la licitación. El Instituto de Geología o la Facultad de Ingeniería de la UNAM tienen la capacidad para esta revisión.

Un Legionario de Cristo en la Secretaría de Economía

Los Legionarios de Cristo no han visto la suya en estos días. A raíz de los escándalos por los deleznables crímenes sexuales de su fundador, Marcial Maciel, el Vaticano comenzó a investigar para encontrar que este individuo también manejo de manera discrecional y contraria a los objetivos de la congregación, enormes cantidades de dinero proveniente de la operación de sus colegios y de las aportaciones de sus simpatizantes: bienhechores, en la jerga legionaria.

Quizás para aminorar sus penas, el gobierno mexicano ha decidido refrendar su fe en esta poderosa congregación que no en balde recibe el sobrenombre de “Millonarios de Cristo”. Después del enésimo ajuste al gabinete presidencial, empujado seguramente tanto por los yerros de Gómez Montt al frente de la Secretaría de Gobernación, como por la carrera electoral hacía 2012, Felipe Calderón ha designado al frente de la Secretaría de Economía a una persona muy cercana a los Legionarios: Bruno Ferrari.

Cabe mencionar que en esa extraña simulación que viene a ser la organización de Legiunarium Christi hay al menos tres dominios:

1. Religiosos, que visten los hábitos y han hecho el voto de castidad. Registrados como ministros, los hombres pueden oficiar misas; en tanto que las mujeres viven como monjas.

2. Consagrados. Los integrantes de este grupo son denominados legionarios y, aunque estudiaron carreras liberales como Administración o Derecho, han hecho votos de castidad y vive dentro de la economía de la congregación: no poseen bienes propios ni manejan dinero, sino que dependen enteramente de la Legión para su vida. Dado que este grupo no viste hábitos, se ubican debajo de los religiosos en la jerarquía de la congregación. Con frecuencia se les registra como titulares de las escuelas de la legión, de tal manera que los sacerdotes que realmente están al mando, están a salvo de violar las leyes mexicanas.

3. Movimiento Regnum Christi. Este grupo se compone por los seglares que apoyan de manera económica, con trabajo o en especie a la congregación. En este “movimiento”, como se le denomina internamente, están los bienhechores, algunas de cuyas aportaciones fueron desviadas para solventar la vida de lujos de Marcial Maciel y de sus familias.

Bruno Ferrari pertenece (o al menos pertenecía) al Movimiento Regnum Christi, a tal grado de su chofer fue asignado para apoyar de tiempo completo a la Administración Territorial Monterrey, organismo encargado de los asuntos terrenales de la Legión en el norte del país. Esta ideología conservadora se nota sin reservas en los artículos que publica Ferrari en El Financiero.

Independientemente de su capacidad y preparación, su orientación y cercanía con los “Millonarios de Cristo” nos permiten prever cómo manejara la economía de nuestro subdesarrollado país. Creo que los pobres deberán esperar a la otra vida para tener oportunidades de desarrollar su potencial en el trabajo.

Pero para la congregación católica con mayor poder económico en nuestro país, tan vapuleada en estos momentos por el Vaticano, hay al menos una buena noticia que seguramente sabrán agradecer a nuestro devoto presidente.

Outsourcing y la LFT

Tanto por necesidades propias de la operación de las empresas, como por la dinámica de la economía, en fechas recientes se ha incrementado notablemente la ejecución de esquemas de contratación externa y de subcontratación, denominados de manera genérica “tercerización” o, con un término más globalizado: outsourcing.

Estos esquemas no son precisamente nuevos, pues desde hace mucho tiempo las empresas contrataban a otras organizaciones. A veces para actividades puntuales ajenas a su rubro, como puede ser el caso de la reparación de una puerta o la construcción de una oficina. Esto encuadra perfectamente en el libre intercambio de mercancías y servicios en un sistema capitalista. Paulatinamente, este esquema se fue aplicando a actividades continuas en las que la empresa no tenía la capacidad de ejecución ni el interés en desarrollar la habilidad; por ejemplo, limpieza y vigilancia en un banco o en una universidad.

Ciertamente, dadas las condiciones tan difíciles en que se encuentran la economía subdesarrollada de nuestro país, resulta financieramente inviable exigir a las empresas que se abstengan de contratar a otras empresas para actividades fuera del ámbito de su capacidad. La inserción de nuestro país al entorno global pone a nuestras empresas a competir con otras allende las fronteras, que se han especializado y, gracias a esto, han logrado altos índices de calidad en su foco de negocio.

Sin embargo, también hay ocasiones en que las empresas contratan a otras para actividades que caen dentro de su negocio. El argumento que soporta esta decisión es, regularmente, que solamente se requiere por un tiempo o por una obra determinada, usualmente en períodos de alta demanda. Debe haber una justificación porque la subcontratación de otra empresa para actividades propias del negocio obligadamente disminuye el margen de utilidad. A menos que se trate de una simulación.

La contratación de empresas especializadas para actividades fuera del objeto de negocio, permite el desarrollo de sectores de la economía, particularmente de pequeñas y medianas empresas que se dedican a proveer servicios especializados a otras empresas y no al consumidor final. La existencia de un mercado transparente de servicios para empresas permitiría la competencia entre los proveedores de estos servicios, impulsando su especialización y su mejora en la calidad. Cabe mencionar que en esta dinámica económica, son pequeñas y medianas empresas las que mejor se desarrollan como proveedores especializados de servicios de alta calidad. Éste es un punto de vital importancia, pues en México son estas empresas las que proporcionan el grueso de los empleos.

El problema es que estos esquemas de contratación y de subcontratación de servicios están siendo utilizados con objetivos contrarios al desarrollo de la economía y en perjuicio de los trabajadores, del gobierno y de la sociedad en general. Se tiene escenarios en los que una empresa controladora (holding o “corporativo”) es propietaria tanto de la empresa cliente como de la proveedora de servicios; que la empresa cliente no pone a concurso la provisión de los servicios para buscar la mejor relación costo/beneficio, sino que asigna el contrato directamente a su empresa hermana; que la empresa proveedora no tiene más cliente que las empresas pertenecientes al mismo holding. Mediante este esquema, las empresas clientes ejecutan estrategias fiscales que les permiten disminuir la cantidad de impuestos que se pagan al gobierno. Asimismo, eluden obligaciones laborales con los trabajadores; entre ellas, el reparto de utilidades.

Y no solamente los trabajadores y el gobierno son perjudicados por esta perversión del esquema, sino que se ataca a la libre competencia y al desarrollo de empresas que realmente se estén especializando y busquen alcanzar estándares de calidad iguales o superiores a los de empresas extranjeras.

Por otra parte, en el caso de empresas con gran poder de compra, la contratación o subcontratación simuladas pueden constituir prácticas monopólicas, pues asignan directamente a sus subsidiarias disfrazadas, impidiendo la libre competencia.

En todos estos casos, es la sociedad y los sectores económicos, así como los empresarios honestos los que salen perjudicados.

Esto viene a cuento porque el Partido Acción Nacional (PAN) presentó en meses pasados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se busca regularizar este esquema, en el ámbito laboral[i]. No suena mal en principio, salvo que no aporta nada a la situación actual. En todo caso, se busca liberar a la empresa contratante de cualquier relación laboral con los trabajadores; un poco ocioso, porque esta protección usualmente se establece en los contratos de outsourcing. A menos que la reforma pretenda dotar de una protección legal a los casos de simulación.

No podemos estar en contra de la contratación y subcontratación de servicios especializados (outsourcing), pues bien reglamentadas pueden fomentar la creación de empleos especializados y bien remunerados a la vez que se impulsa a las empresas a elevar su calidad y se hace más competitiva a nuestra economía. Pero tampoco debemos permitir que este esquema se use como una simulación en la que todos (trabajadores, capital, gobierno y sociedad) salimos perjudicados. Se tiene que legislar y reglamentar este tema de tal forma que México pueda contar con un sector de sector de servicios especializados que pueda competir incluso a nivel internacional.

Al menos deben preverse las siguientes excepciones al régimen de subcontratación:

1. Cuando tanto el contratista o subcontratista y el beneficiario tienen relación a través de una empresa controladora

2. Son propiedad de los mismos accionistas, o son la misma persona física o moral

3. Una es propiedad de la otra

4. No se siguió un procedimiento documentado y auditable de selección del contratista o subcontratista

5. Cuando la actividad contratada o subcontratada corresponde a la actividad preponderante de la beneficiaria, salvo en los casos de carga inusual de trabajo cuya duración no podrá exceder de 180 días naturales

Asimismo, el estado debe asumir su responsabilidad y ejercer sus facultades de regulación, y no dejar en manos de la empresa beneficiaria del servicio la tarea de verificar si el proveedor cumple o no con las leyes. El contrato de outsourcing debe cumplir con una serie de requisitos mínimos que aseguren el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores y a la libre competencia. Para ello, el contrato debe seguir un formato específico y ser sancionado por la autoridad.

Una legislación apropiada, así como su aplicación efectiva, beneficia no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios emprendedores que buscan proveer servicios especializados de alta calidad, y fomentará el desarrollo económico y la competitividad de nuestra economía a niveles internacionales.

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[i] Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; marzo de 2010. Artículos 15A a 15D.

Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al héroe para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. Los buenos no son muy honestos con el villano y tienen, bien a su lado o interviniendo la línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia o del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se inventó, supongo, en los años sesentas; cuando la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa antes que sea contestada. Es más, sin esta información la llamada no se establece. En telefonía, a este proceso se le llama “señalización” (call setup, en inglés).

Una vez que la llamada ha sido establecida, podríamos permitir al director de la película que el bueno conteste para asegurarnos que del otro lado de la línea hay una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables.

Los legisladores han aprobado no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas contenida en los CDRs, sino en levantar de un padrón de usuarios de telefonía móvil. En otras palabras, estamos siendo pre-fichados por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastaría con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

· Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean fijas, móviles, digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo.

· Toda la información de una llamada ya ha sido almacenada, antes de que las voces se escuchen, en las bases de datos de las centrales telefónicas (exchanges) involucradas. Los registros de detalle de las llamadas (CDRs) son de vital importancia para los procesos de facturación (billing), de liquidación con otras telefónicas (settlemen) y de planeación, entre otros. Sin esta información las empresas telefónicas serian inviables. La tienen y y proviene de la explotación de un bien público.

· Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización permanente con precisión; si fue de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.

· Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.

· Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips (SIM) que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han llevado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad: las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los que controlan el mercado de las telecomunicaciones: aparecer en los medios como valientes defensores de la seguridad pública y de esta manera posicionarse para las elecciones. Este objetivo ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso: se trata de utilizar la coyuntura para restringir más las garantías individuales de la población. Nuestras autoridades, tan poco efectivas con el crimen organizado, pueden utilizar esta información según les convenga.

Un poco de reflexión acerca de la realidad nos lleva a entender que semejante base de usuarios de telefonía celular poco ayudará a resolver los crímenes telefónicos. Con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio. Por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos como para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo; roban uno horas antes. Por su parte, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas y en muy contadas ocasiones son molestados por policías o soldados; ¿será diferente con los teléfonos móviles?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito.

Si no se hace así, es porque nuestro gobierno tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.

Competitividad

It's the price we gotta pay
And all the games we gotta play
Makes me wonder if it's worth it to carry on
'Cause it's a game we gotta lose
Though it's a life we gotta choose
And the price is our own life until it's done

(Twisted Sisters; “The Price”)

Abro el artículo de hoy con la letra de una canción de un grupo de rock de los ochentas porque quiero hablar de la competitividad, ese termino que se ha convertido en el objetivo último de nuestros gobiernos neoliberales y que, por virtud de algunos "gurues" de la autosuperación, es la manera de avanzar en la vida.

Cuando busco enterarme del estado y tendencias de la economía y en particular de los mercados de tecnología de información, me tropiezo con frecuencia con una palabra que, de acuerdo a los medios, debe ser perseguida de manera dogmática y casi religiosa: la competitividad. Como los locutores y reporteros no se toman la molestia de definir el término, sino que les basta con culpar de la falta de ella a los salarios y prestaciones de los trabajadores, me dí a la tarea de investigarla. Me daba la impresión, por la vehemencia con que se le trata y con la existencia de un índice, que las naciones del mundo estamos compitiendo; ahora quería saber el porqué y cuál es el premio[i].

Debo confesar que al inicio tuve el impulso académico de traer a este espacio la definición de libros especializados, pero preferí mostrarles la que usa la autoridad de facto en este tema: el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum). A final de cuentas, es la aprobación que los gobiernos neoliberales buscan; y como el que tiene el poder en México es uno de ellos, con pragmatismo trabajaremos con el concepto que esta organización tiene de competividad:

“We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. In other words, more-competitive economies tend to be able to produce higher levels of income for their citizens”[ii]

En español[iii], el WEF define a la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. No define productividad de manera directa, pero sí indica que “el nivel de productividad marca el nivel de prosperidad que puede ganar una economía”. En seguida concluye que una economía más competitiva tenderá a ser capaz de producir niveles más altos de ingresos para sus ciudadanos”. Aunque la frase parece una promesa de político priísta o chiste cantinflesco, lleva la idea de que a mayor competitividad, más dinero en los bolsillos de los habitantes de ese país.

Puesto así, difícilmente podemos estar en contra de ella. No obstante, esto me llevaba a mayores dudas mi investigación: si el objetivo es mayores ingresos para la población ¿por qué, según los locutores y reporteros especializados, son precisamente los salarios y las prestaciones de los ciudadanos el mayor obstáculo para alcanzar un nivel de aceptable de competitividad? ¿O se trata de un modelo de crear riqueza para repartirla después? Porque eso no tiene nada de novedoso. Ya lo intentó el PRI desde Miguel Alemán y fue tal el fracaso que tuvo que ser desechado por este mismo partido en la década de los ochentas. Ante la cortedad explicativa de los locutores y reporteros, preferí seguí leyendo el documento emitido por la autoridad de facto, el del WEF.

El Foro Económico Mundial define doce factores (“pilares”) que, a su juicio, forman la base de ese concepto elusivo (complejo, dicen ellos) que viene a ser la competitividad:

1. Instituciones, que se refiere al entorno institucional de una economía: leyes, cumplimiento de estas, rol del estado y ética empresarial. La reciente, y aún vigente, crisis originada por los bancos nos da una idea de la importancia de este pilar. Nuestra tradición, heredada de los encomenderos españoles que las leyes son para respetarse, pero no para cumplirse, nos deja muy mal parados en esta medición.
2. Infraestructura. Básicamente, la disponibilidad de comunicaciones físicas (carreteras, transporte), energía y telecomunicaciones eficientes y alineadas al crecimiento económico.
3. Estabilidad macroeconómica. Aunque el mismo WEF dice que “ciertamente, las estabilidad macroeconómica, por sí sola, no puede incrementar la productividad de una nación”[iv], éste parece ser uno de los dos (de doce) aspectos al que nuestro gobierno y los especialistas prestan atención en serio.
4. Salud y educación básica. Si ambages, el WEF establece que la salud de los trabajadores es útil porque así estos serán productivos y funcionarán a todo su potencial[v]. Luego, el derecho a la salud en México es necesario no sólo porque es fruto de una revolución, sino porque conviene a la competitividad. Por lo que toca a la educación básica, el WEF afirma que incrementa la eficiencia de los trabajadores. Al menos en el largo plazo, los gobiernos deben evitar reducir de manera significativa los recursos asignados a estas áreas, indica el WEF. Dejo a los hipotéticos lectores de este blog calificar cómo cumple el gobierno mexicano con este pilar.
5. Educación superior y capacitación. El WEF afirma que estos temas son cruciales para las economías que quieran subir en la cadena de valor. Tal parece que nuestro gobierno no leyó esta parte cuando decidió reducir los recursos a la educación superior, incluso a la mejor universidad de Hispanoamérica, la UNAM. Por lo que toca a la capacitación dentro del ambiente laboral, el WEF la considera de suma importancia para las necesidades cambiantes de una economía en evolución y observa que es desatendida por muchas economías. En México, se ha optado porque sean las universidades las que ejecuten esta labor, o los mismos empleados (mediante el esquema de las “certificaciones)”, liberando a las empresas de esta responsabilidad[vi].
6. Eficiencia del mercado de bienes. Es en este tema en el que el WEF se da vuelo indicando que un mercado no puede ser eficiente si hay distorsiones como impuestos gravosos, reglas discriminatorias o restrictivas para la inversión extranjera directa. No hay sorpresa, ese es el estado ideal para esta organización: apertura total y cero proteccionismo; acciones que no siempre siguen las economías desarrolladas, por cierto. Vale mencionar que para contar con un mercado eficiente, el WEF recomienda una competencia sana. Creo que en este punto, nuestra economía y nuestro gobierno obtendrán calificaciones reprobatorias, con un oligopolio (Televisa y TV Azteca) controlando la televisión y la radio; con otra empresa con la mayor tajada del mercado de telefonía nacional[vii]; y con el esfuerzo denodado de Calderón y Lozano porque una sola empresa opere completa la mayor red de fibra óptica del país, la compuesta por la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) unida a la de la (extinta pero sub júdice) Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
7. Eficiencia del mercado laboral. El objetivo de este “pilar” es asegurar que los trabajadores estén asignados a su empleo[viii] más eficiente en la economía y con los incentivos para dar su mejor esfuerzo. Lo que sigue es la aspiración de los empresarios ambiciosos y conchudos: “los mercados laborales deberán tener la flexibilidad para cambiar a los trabajadores de una actividad económica a otra rápidamente y a un bajo costo, y permitir fluctuaciones de sueldo sin trastornos sociales”.

Me pregunto cómo aplicaran esto los japoneses, para quienes la permanencia en un mismo empleo toda la vida es sinónimo de eficiencia y de calidad. Lo que el WEF pide es, nada más, que los trabajadores puedan ser movidos como fichas en un tablero de una industria a otra, con los consecuentes cambios de sueldo (¿hacía arriba o hacía abajo?), sin que se les ocurra protestar, exigir u organizarse. En este contexto, antigüedad, planes de carrera, desarrollo profesional, lealtad laboral y estabilidad económica del trabajador son conceptos que estorban la competitividad (creo que sí estamos compitiendo con países semiesclavistas).

Adicionalmente, el WEF indica que “se debe asegurar una relación directa entre los incentivos y los esfuerzos de los trabajadores”. Si bien la palabra “esfuerzos” suena más suave que “resultados”, una interpretación no esforzada nos llevaría a un esquema de sueldo base más bonos o comisiones, en el que el sueldo base debe ser pequeño para dejar mayor margen a la relación directa entre “esfuerzo” e “incentivo”. En México ya hemos avanzado en este sentido pues desde hace años tenemos: para los obreros, el pago a destajo; para los jornaleros, el pago por tanto; para los vendedores, las comisiones; y para los profesionistas, los bonos. En este pilar si somos de los punteros, y para asegurarlo está la iniciativa Lozano que reciente ha presentado en el Congreso el Partido Acción Nacional.

8. Sofisticación del mercado financiero. Después de que las crisis pasadas (Enron, Lehman Brothers, etc.) han evidenciado lo perjudicial de un mercado financiero “auto-regulado” (según el dogma repetido tanto hace unos años), el WEF propone uno más “sofisticado”; es decir, con la regulación apropiada que proteja a los inversionistas y a otros actores económicos.

En el mismo rubro, el WEF recomienda que los recursos financieros se asignen a los proyectos con las mejores tasas de retorno de inversión y no a los “políticamente conectados”. Habría que definir con precisión qué son proyectos “políticamente conectados”; si se refiere a esa avalancha de obras públicas que desordenan nuestras vidas antes de cada elección, estamos de acuerdo; si se refiere a los proyectos cuyo fin implícito es asegurar el futuro económico de un político o de dar negocio a sus amigos, también de acuerdo.

En cambio, si la frase del WEF se refiere a proyectos de desarrollo social, hay punto de debate. Si bien es válido priorizar los proyectos por su tasa de retorno en los países desarrollados, en los que la mayor parte de la población tiene acceso a los satisfactores básicos; es de dudosa eficacia tomar un criterio similar en un país subdesarrollado en el que los más de sus habitantes viven en la pobreza, no solo por las implicaciones sociales y éticas, sino también porque esto ha conducido en México a un mercado con millones de consumidores sin poder de compra.

Cabe mencionar que el WEF finalizar el apartado relativo a este pilar subrayando la necesidad de transparencia y regulación en el sector financiero[ix]. Sin embargo, no veo en el corto plazo intención del gobierno mexicano de tomarle la palabra en este tema al WEF.

9. Preparación para la tecnología, definida como la manera de medir la de una economía para aprovechar las tecnologías existentes, particularmente las de tecnología de información y telecomunicaciones, en la mejora de sus industrias. En este tema, el WEF afirma que no es importante que, para efectos de la competitividad, la tecnología usada haya sido desarrollada por el país o en el extranjero, sino que las empresas que operan en él tengan acceso a productos y diseños avanzados, así como la capacidad de aprovecharlos. Para el WEF, una de las fuentes clave de tecnología es la inversión extranjera directa (IED); no habla de que los dineros locales inviertan en desarrollo de tecnología sino que ésta sea traída por los capitales externos.

Puede sonar muy oportuno y hasta abusivo por parte de los países en desarrollo: tener acceso a tecnología avanzada sin invertir dinero local, sino a costa de plata externa. Es difícil creer que los inversionistas extranjeros van a traernos tecnología avanzada sin buscar provecho alguno. Para empezar, buscan un rendimiento monetario: ganancias que llevar al país de origen de los capitales. Adicionalmente, la tecnología reciente está protegida por patentes y derechos de propiedad intelectual; lo que están trayendo al país es el derecho de uso, no la tecnología como tal. Incluso suena lógico que sean las empresas con capital extranjero (IED) las que puedan aprovechar esa tecnología y no las locales; a menos que paguen esos derechos, but of course. El riesgo para el país es hacerse dependiente de tecnologías extranjeras, como es el caso de las industrias farmacéuticas y de tecnología de información y telecomunicaciones. Para colmo, a falta de tecnología propia los países subdesarrollados pueden convertirse en basureros tecnológicos. Un ejemplo: en México existe al menos un banco con capital español (IED) que utiliza un sistema central de software ¡elaborado en Cobol! Dudo mucho que eso sea acceso a tecnología de punta.

10. Tamaño del mercado. El WEF considera que esta variable afecta la productividad por la posibilidad de aprovechar las economías de escala. Mientras afirma que existe una “vasta evidencia empírica” de que el tamaño del mercado está asociado con la apertura comercial, reconoce que investigaciones recientes (entre 1995 y 2009) arrojan dudas sobre esta relación.

El caso de México es emblemático, pues la apertura comercial desenfrenada emprendida desde el sexenio del inicio del Salinato[x], ha reportado una derivada negativa en el caso del producto interno bruto (PIB). Es decir, para conocer la tendencia real no basta con comparar el PIB de uno y de otro año, sino que esta cantidad se grafica, y se obtiene la función matemática que la modela (y=PIB(año)), Después se obtiene la derivada de esta función y observamos la tendencia; que en nuestro país es claramente negativa.

11. Sofisticación del entorno de negocios. Se refiere a la calidad de las redes de negocios a nivel nacional, así como de las estrategias y operaciones de las empresas. De acuerdo al documento del WEF, es más relevante en países desarrollados, en los que las fuentes de mejora en la productividad han sido aprovechadas al máximo. Evidentemente, ese no es el caso de México.
12. Innovación. Otro pilar que no se aplica a países subdesarrollados: ocurre que, nuevamente según el WEF, los beneficios obtenidos por mejoramiento de las instituciones, de la infraestructura, de la diosa postmoderna estabilidad macroeconómica, del capital humano (léase “ventajas laborales”), y de otros factores de esta definición de competitividad, llegan finalmente a un estado de rendimientos decrecientes. Por esta razón, las economías que hayan arribado a esta fase tienen que recurrir a la innovación; es decir, diseñar y desarrollar productos y procesos de avanzada que les permitan mantener un filo competitivo.

Quizás porque la definición de este pilar se parezca un poco a esos malos diccionarios, que definían algo como “acto y efecto” de lo que a su vez era definido como “dícese de lo relativo a” lo primero; el WEF abunda en la necesidad de un ambiente que favorezca la innovación, en qué esto implica una inversión suficiente en investigación y desarrollo, especialmente en el sector privado, y en que se deben resistir las presiones para reducir los presupuestos correspondientes, tanto en el sector público como en el privado.

Esto me recuerda el caso de locutor, que visitó el campus Hispano de la Universidad del Valle de México (privada) para impartir una conferencia “magistral” (el entrecomillado es del autor y pleno de sarcasmo). Me preguntó si, en su afán de propagandista neoliberal, Sergio Sarmiento habrá leído algunos documentos del WEF. Porque en esa ocasión afirmó que México no debería de invertir en educación ni en investigación; que había que hacerle como los japoneses, que no desarrollaban, sino que aprovechaban (eufemismo que en la calle se traduce como “copiaban” o “pirateaban”) la tecnología de otros. Como él, más locutores bien pagados por sus patrones insisten en la doctrina salinista sin detenerse a leer lo que publica el WEF. Lo que más me inquieta aún son los aplausos que le prodigaron los profesores de esa institución, algunos con estudios de maestría y doctorado; niveles de preparación relacionados de una u otra manera con la investigación.

Revisando las definiciones que una de las instituciones neoliberales con mayor autoridad emite en torno a la competitividad, se observa que el gobierno mexicano solo se aplica en la que toca a la eficiencia del mercado laboral. Y además pretende competir con las condiciones laborales que mejor convengan los inversionistas, incluso a costa de regresar a niveles de relación laboral del siglo XIX.

Es aquí donde me preocupa tanto la palabra competir. Estamos compitiendo solo en uno de los doce rubros que manda el WEF y nuestros competidores son países en el que las condiciones de trabajo son de semiesclavitud o de plena esclavitud. ¿Cómo les ganaremos? ¿Superando sus niveles de degradación?

La iniciativa Lozano está en el Congreso. Sin considerar el quinto pilar de la competitividad establecido por el WEF, el gobierno mexicano regresa a la época priísta y omite informar al pueblo y a los empresarios medianos y pequeños de su contenido. Mañosamente, no atiende las necesidades particulares de México, ni los otros pilares propuestos por el WEF.

Retomando el estribillo de la canción del epígrafe, ¿cuál es el precio de esta competencia? Para muchos habitantes, su vida productiva misma.

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[i] De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, competitividad significa “capacidad de competir” y “rivalidad para consecución de un fin”. Por su parte, el verbo competir se define en la misma obra como “contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa” cuando se habla de 2 o más personas, y como “igualar a otra análoga, en la perfección o en las propiedades”, cuando se habla una sola cosa. Así que, en español, la competitividad se refiere a competir con otro en busca de un mismo objetivo, o a buscar igualar las características de otra cosa. Por eso siento escalofríos cuando se pide que nuestra economía sea competitiva, pues no me queda claro cuál es ese fin, ese objetivo por el que estamos compitiendo: ¿los salarios más bajos?, ¿servir de una enorme maquiladora para tecnología ajena? Peor aún si nos vamos por la segunda acepción: ¿a quien debemos igualar para ser competitivos? ¿a China con las condiciones de semi-esclavitud de los niños que elaboran los juguetes de McDonald’s?

[ii] World Economic Forum; “The Global Competitiviness Report 2009-2010”; pp 4

[iii] Traducción del autor

[iv] “it is certainly true that macroeconomic stability alone cannot increase the productivity of a nation”; ibid, pp 5

[v] “A healthy workforce is vital to a country’s competitiveness and productivity. Workers who are ill cannot function to their potential and will be less productive. Poor health leads to significant costs to business, as sick workers are often absent or operate at lower levels of efficiency. Investment in the provision of health services is thus critical for clear economic, as well as moral, considerations”; ibid, pp 5

[vi] Sobre este tema, y en el ámbito de la tecnología de información, les recomiendo mi artículo “Universidades, ¿formadoras o informadoras?” elaborado hace ya varios años y por desgracia, aún pertinente. El URL es http://joseluisleongomez.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

[vii] Telmex; Reporte “First Quarter 2009”

[viii] use, es la escalofriante palabra inglesa que viene en el documento del WEF

[ix] “In order to fulfill all those functions, the banking sector needs to be trustworthy and transparent, and—as has been made so clear recently—financial markets need appropriate regulation to protect investors and other actors in the economy at large.”; ibid, pp 6.

[x] Período de la historia de México que se inicia con la toma del poder por Carlos Salinas, acontecida en 1988 después de unas elecciones muy cuestionadas en las que se presume un fraude sobre Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano , y cuyo final no está claro: pudo haberse extendido hasta el sexenio de Ernesto Zedillo o perdurar incluso a la fecha.

¿Quién gana el salario mínimo?

Cada año, después de la revisión de salarios mínimos en México, se escuchan declaraciones a favor de la desaparición de esta figura y de la comisión encargada de determinarlos. Las voces provienen tanto del sector empresarial y de locutores autoerigidos en “analistas” y “líderes de opinión” , como de los representantes de los trabajadores. El argumento más usado (y originalmente emitido por el cuasiterno Fidel Velázquez) consiste en afirmar que nadie gana el salario mínimo, que todos los trabajadores ganan al menos 2 o 3 veces esta cantidad y que solamente sirve como unidad para determinar multas o penalizaciones.

Habrá que preguntar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuántos de sus asegurados están registrados con el salario mínimo. Buscamos esta cifra tanto en el sitio web de esta dependencia gubernamental, como en los del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son las instancias que deben manejar esta información de manera oficial, pero la navegación fue infructuosa. Supongo que la última debe estar muy ocupada en los pleitos personales de Lozano con los sindicatos de mineros y de electricistas, para interesarse por estas nimiedades.

Sin embargo, hay algo que podemos anticipar: la cifra no es cero. Por diversas razones hay muchos asegurados registrados con el salario mínimo. En algunos casos ciertamente se trata de una simulación; por ejemplo: los vendedores comisionistas están registrados con el salario mínimo para que tengan acceso a la prestación, aunque sus ingresos superen esta cantidad. Claro está que en caso de despido o jubilación, el número que cuenta es el registrado, no el real. Pero aparte de estos casos, sí hay un gran número de trabajadores (obreros y ayudantes generales) que están contratados con el salario mínimo, y que ese es su ingreso verdadero. Quizás los locutores y los voceros de patrones y sindicatos blancos lo ignoren (de manera activa o no), pero esa es una realidad.

Peor está el caso de miles de trabajadores que ganan menos del salario mínimo, como muchos jornaleros agrícolas (particularmente menores de edad), y el de aquellos que simple y llanamente ganan 0.00 Pesos diarios. No, es ninguna broma ni se trata de desempleados o trabajadores que laboran para la economía informal, sino de personas que prestan sus servicios para que empresas establecidas (algunas de ellas trasnacionales) puedan realizar sus operaciones económicas.

El caso más cercano es el de los empacadores (“cerillos”) que acomodan nuestras compras en bolsas o cajas mientras la cajera registra los importes y nosotros pagamos. De manera más cínica que eufemística, las grandes empresas como Walmart o Comercial Mexicana les llaman empacadores voluntarios, con un adjetivo que supuestamente las libera de la relación laboral, aunque estrictamente significa que se presentan a trabajar por su propia voluntad. Vale mencionar que, salvo los casos de esclavitud o semiesclavitud, todos los empleados se presentan en su centro de trabajo por voluntad propia, y no conducidos por la fuerza de las armas o de la violencia. La idea del terminajo es evadir las obligaciones patronales que cualquier empresa tiene con aquellos que, de manera subordinada y con herramientas y materiales propiedad de la empresa, colaboran para que sus operaciones económicas puedan ser realizadas. Los “cerillos” trabajan en los puntos de venta propiedad de la tienda, en el espacio (propio o rentado) que ella utiliza para sus operaciones y con las bolsas (etiquetadas con el logotipo de la cadena comercial) que la tienda ha adquirido para completar la operación de venta. Los empacadores están sujetos a la supervisión de personal de la tienda y deben cumplir con las condiciones de asistencia, presentación personal y procedimientos instituidos por la empresa. Cumplen con todas las condiciones de la relación laboral, excepto con la de remuneración, porque esa parte han decido las cadenas comerciales que la paguemos nosotros, los compradores.

Un caso más aberrante es el de los “gasolineros”, las personas que dispensan el combustible en las gasolinerías. No solo carecen de salario por parte de la empresa y constituyen sus ingresos con las propinas que les dan los chóferes y automovilistas; sino que además deben cumplir con una cuota de venta de productos diferentes al combustible: aditivos, aceites, etc. En caso de que sus ventas de estos accesorios sean menores a la cuota, no pueden seguir trabajando voluntaria y gratuitamente.

Los casos se repiten en muchos otros giros y se han hecho tan comunes que vemos esta práctica como normal y aceptable. No por eso deja de constituir una injusticia social, una burla a la ley e, incluso, una distorsión económica; porque a cada compra que hacemos en un centro comercial, en una gasolinería o en un restaurante, los consumidores debemos añadir la “propina”. Por supuesto que podemos no pagar este costo extra, pero al final del día muchos sí lo harán, con lo que la empresa se ahorra los salarios y costos laborales de muchos de los que, bajo sus órdenes y con sus materiales y activos, contribuyen a la operación económica. Así, el costo efectivo de los productos que compramos es más alto de lo que se registra, pues hay un componente oculto de una operación de la economía formal que de manera sistemática y deliberada se va a la informal. Esto tiene implicaciones tanto en la recaudación fiscal como en la seguridad social.