El sexenio anterior y el actual han significado, en materia de seguridad
pública, una hecatombe humana con resultados gravísimos. De acuerdo a las
cifras de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) la lucha o “guerra”
contra el crimen organizado nos ha costado cerca de 100,000 muertos y 30,000
desaparecidos. Si bien los números oficiales son menores, siguen en el mismo
orden que varias guerras civiles. Además de esta catástrofe humanitaria están
los resultados, nada alentadores desde una perspectiva ciudadana:
1.
El crimen organizado no disminuyó su
capacidad (a juzgar por la estabilidad del precio de las drogas en EE UU), sino
que amplió sus “líneas de negocio” del narcotráfico a otras como el secuestro,
el cobro de “derechos” de piso y de tránsito, la piratería y el tráfico
humano.
2.
El número de organizaciones criminales
ha aumentado, y con ello las violentas luchas entre ellas por el control de
zonas, rutas y líneas de negocio.
3.
Las actividades de estos grupos han
invadido nuestra vida diaria. Cada día, colonias que antes no padecían más
problemas que los de los ladrones comunes, viven en la zozobra de ser afectados
por secuestros, extorsión, balaceras, "levantones" y ejecuciones.
Peor aún; en la medida que el crimen organizado extiende su influencia
territorial, incluso los delincuentes comunes pasan a formar parte de estos
grupos, lo que los hace más poderosos frente a los ciudadanos.
4.
Los grupos criminales han adquirido
mayor poder económico. lo que les permite comprar mejor armamento y corromper
más fácilmente a las autoridades, desde los policías de barrio hasta los
niveles más altos.
5.
El tejido social se ha descompuesto a
tal grado que, para muchos jóvenes, las organizaciones criminales son opciones
de trabajo y aun de vida.
Podemos continuar con esta lucha contra el crimen. De hecho, nadie ha
pedido que se suspenda el ejercicio legítimo de la violencia contra los
delincuentes. Pero lo que no puede seguir es el baño de sangre en que estamos
sumergidos, ni los resultados tan mediocres que en lugar de debilitar,
fortalecen a las organizaciones criminales.
Por otra parte, no se puede continuar con una pelea que cada día arroja
más víctimas del lado de los civiles; no olvidemos que las autoridades han
reconocido que de 50,000 muertos, más 5,000 fueron bajas civiles o ”daños
colaterales” ¡El diez por ciento! Esta injusta afectación de la vida ciudadana,
distancia a los ciudadanos de las policías y de los cuerpos de seguridad
nacionales; y trastoca el tejido social de las comunidades. Además, en la
medida que se justifican las bajas civiles y se protege el actuar ilegal de las
fuerzas armadas, se da carta de Corso a miles de elementos de las fuerzas
armadas para violar la ley a su antojo. Esta omisión del gobierno no es otra
cosa que un crimen de estado sistemático que afecta lo mismo a presuntos
delincuentes (como es el caso Tlatlaya), que a estudiantes de instituciones
privadas (Tec de Monterrey) y de escuelas públicas muy pobres (Ayotzinapa).
Se ha argumentado que alguien tenía que hacer algo contra el crimen
organizado y estamos de acuerdo; pero los resultados son pésimos y con un costo
espeluznante para los ciudadanos. Por supuesto que el estado tiene la
prerrogativa de ejercer la legítima violencia contra ellos, pero una violencia
dirigida por inteligencia, en oposición a una violencia que en la práctica
parece indiscriminada porque afecta a civiles inocentes; en oposición a
malgastar los escasos recursos del estado en operativos y despliegues fallidos.
Una violencia inteligente que maximice la efectividad de las operaciones; que
minimice las afectaciones a la vida civil; que mejore la relación
costo/beneficio; y que efectivamente debilite el poder de las
organizaciones criminales y de los delincuentes comunes.
Si bien, en general los cuerpos policíacos del país cuentan con personal
de investigación con entrenamiento y ciertos recursos de datos, solamente unas
cuantas agencias de seguridad a nivel nacional cuentan con sistemas de
información avanzados tan poderosos como los que usan sus homólogas
extranjeras. Por tal razón, los trabajos de investigación tienden a ser lentos
y frustrantes. Mientras los grupos criminales han mejorado (para mal nuestro)
sus procedimientos, nuestras policías siguen arrastrando el lápiz y, en el
mejor de los casos, consultando bases de datos disjuntas, desactualizadas y no
fiables. Peor está el caso de los informes que entregan los agentes, algunos
impresos, otros en formato digital (Word, PowerPoint). Se tienen toneladas de
información valiosa pero en general, la única manera de explotarla es leyéndola
directamente, lo que es humanamente imposible.
Como no nos gusta que se nos tache de ciudadanos que solamente nos
quejamos y no proponemos nada, utilizaré el blog para hacer pública la propuesta
de que los cuerpos de seguridad pública mexicanos utilicen herramientas de
tecnología de información y de comunicaciones (TIC) que les ayuden a encontrar
la información útil para sus labores de inteligencia, entre el mar de
información que tenemos. Entre los problemas cuya solución puede apoyar
sensiblemente la efectividad de operativos y despliegues, se encuentran los
siguientes:
- Resolución
de identidades. Los criminales no solamente utilizan alias, sino que
también cuentan con varias identidades, acreditadas con documentos
apócrifos o legítimos, que utilizan para cubrir los rastros de sus
actividades criminales, y como parte de sus operaciones. La resolución de
estas identidades en una sola entidad no es tarea fácil, pues los
delincuentes hacen todo lo posible por desconectarlas.
- Descubrimiento
de redes de vínculos. Los criminales no solamente usan estas identidades
para proteger su verdadera identidad, sino que además realizan sus
operaciones estableciendo relaciones de “negocio” indirectas, a través de
interpósitas personas. Nuevamente, estas relaciones indirectas, que a
veces pueden implicar varios grados de separación entre el objetivo y su
verdadero “socio de negocio”, son ocultas para evitar que sean
descubiertas.
- Extracción
de datos de documentos no estructurados (Word, PowerPoint, digitalizados,
etc.). Es en los informes redactados de manera libre que se encuentran
datos cruciales para deducir el modus operandi de forma rápida. Asimismo,
en estos archivos hay una gran cantidad de datos que no encontraron cabida
en las bases de datos, pues no había un campo que les correspondiera. Toda
esta información debe ser localizable tal y como lo hacemos en Google, y
además debe aprovecharse para resolver la identidad de los criminales y
para descubrir sus redes de vínculos.
- Descubrimiento
de correlaciones estadísticas entre documentos. Además de que la
información contenida en los reportes sea fácilmente localizable, debe
poder ser útil para encontrar correlaciones estadísticas entre los datos,
de tal manera que podamos determinar distribución y patrones de
actividades criminales por zona, edad, nivel social, etc.
- Integración
de bases de datos y documentos. Todas las funcionalidades anteriores deben
ser aplicables a un conjunto único de datos, en el que converjan las bases
de datos tradicionales y los informes redactados de manera libre o
semiestructurada (formatos). Dado que ya estamos un nivel superior a la
consulta de datos, en la resolución de identidades, descubrimiento de
redes de vínculos y de correlaciones estadísticas, todos los datos
disponibles deben estar contenido en la misma herramienta de manera
transparente para el agente investigador; incluyendo la información que de
manera pública corre por las redes sociales.
- Alertas.
Si se está dando seguimiento a un caso, no es posible saber de antemano
cuándo y cómo llegará información útil para avanzar en él o proceder con
acciones contra el objetivo. Dada la gran cantidad de fuentes de datos y
su diversidad, sería de gran beneficio una herramienta que notificara
cuando un dato de interés ha arribado al sistema.
- Seguridad
granular. La secrecía propia de las investigaciones implica que los
resultados de estas herramientas estén disponibles únicamente para los
agentes apropiados, de tal forma que no se ponga en riesgo, ni la propia
investigación, ni la integridad de las personas.
Afortunadamente, ya existen herramientas de TIC que, valiéndose de
diversas técnicas y teorías, tienen estas capacidades. Su implementación
requiere de metodologías que incluyen análisis, modelado, limpieza y
estandarización de datos, etc., pero ya existen casos de éxito en México y
Latinoamérica que, mutatis mutandis, pueden ser replicados a nivel nacional,
estatal y municipal.
Con la incorporación paulatina de este tipo de herramientas de
inteligencia a las tareas de seguridad a nivel estatal y municipal, se optimará
el tiempo de los investigadores y se harán más eficientes los despliegues y
operativos; asimismo, se minimizará el impacto de las operaciones en la población
civil. Claro está, si el objetivo es debilitar rápidamente los pilares del
crimen organizado.
