Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al muchacho chicho para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. La parte buena no es muy honesta con el villano y tiene, bien a su lado o interviniendo su línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia y del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).
Esta escena se invento en los años sesentas cuando, supongo, la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa desde antes que sea contestada. Podríamos permitir al directo de la película que el bueno conteste para asegurarse que del otro lado de la línea está una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.
Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de varias actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables. Los legisladores están proponiendo, no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas, sino e levantamiento de un padrón de usuarios de telefonía con todo y huella digital, en el caso de los teléfonos móviles. En otras palabras, nos van a pre-fichar por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastará con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.
Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:
Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips SIM que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han obligado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.
Ahora que sí, como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, les importa un comino la opinión de expertos y de ciudadanos, tendrán que incluir en la ley las soluciones a muchos escenarios como la clonación de números, mecanismos ágiles para denunciar el robo y los teléfonos en flotilla.
El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad, las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?
La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los operadores telefónicos: aparecer en los medios y de esta manera posicionarse para las elecciones del año próximo. Éste, ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso. Se trata de utilizar la coyuntura política para restringir más las garantías individuales de la población. El objetivo trascendente es contar con una base de datos de las huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil más allá de las gubernamentales, como la del IFE.
Un poco de reflexión nos lleva a entender que semejante base poco ayudaría a resolver los crímenes telefónicos. Hoy, con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio; por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo, roban uno horas antes. Y de todos modos, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas sin que ningún policía o soldado los detenga; ¿será diferente con los teléfonos?
Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito. Si no lo hace el gobierno, es porque tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.
Esta escena se invento en los años sesentas cuando, supongo, la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa desde antes que sea contestada. Podríamos permitir al directo de la película que el bueno conteste para asegurarse que del otro lado de la línea está una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.
Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de varias actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables. Los legisladores están proponiendo, no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas, sino e levantamiento de un padrón de usuarios de telefonía con todo y huella digital, en el caso de los teléfonos móviles. En otras palabras, nos van a pre-fichar por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastará con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.
Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:
- Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo. Un legislador propuso ayer con tibieza, y quizás con un poco de temor divino, que las empresas guarden estos datos por al menso un año. O no sabe como funcionan las empresa telefónicas, y entonces qué hace legislando sobre el tema, o es un simulacro, todo está pactado con las poderosas empresas de telecomunicaciones mexicanas, y solo se va a pedir lo que ellas ya tienen.
- Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización precisa permanente; si provino de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda o célula (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.
- Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.
- Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.
Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips SIM que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han obligado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.
Ahora que sí, como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, les importa un comino la opinión de expertos y de ciudadanos, tendrán que incluir en la ley las soluciones a muchos escenarios como la clonación de números, mecanismos ágiles para denunciar el robo y los teléfonos en flotilla.
El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad, las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?
La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los operadores telefónicos: aparecer en los medios y de esta manera posicionarse para las elecciones del año próximo. Éste, ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso. Se trata de utilizar la coyuntura política para restringir más las garantías individuales de la población. El objetivo trascendente es contar con una base de datos de las huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil más allá de las gubernamentales, como la del IFE.
Un poco de reflexión nos lleva a entender que semejante base poco ayudaría a resolver los crímenes telefónicos. Hoy, con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio; por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo, roban uno horas antes. Y de todos modos, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas sin que ningún policía o soldado los detenga; ¿será diferente con los teléfonos?
Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito. Si no lo hace el gobierno, es porque tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.
