A tres meses de la tragedia ocurrida durante un operativo policial en el antro “News Dive” y en medio del baño de sangre en que Calderón ha sumido a México por una supuesta guerra contra el narcotráfico, cabe reflexionar sobre el estatus de la violencia legal y no dentro del país.
Uno. En la Ciudad de México, un gobierno que se dice de izquierda pero admira las tácticas represivas que promovió en su momento un alcalde conservador en Nueva York, emprende operativos para “salvar” a los jóvenes de las drogas. De esta manera, los jóvenes son víctimas por ambos flancos; por un lado, los narcotraficantes les venden drogas sintéticas altamente adictivas y por otro, los policías los extorsionan por hacerlo, pretender hacerlo o simplemente parecer que lo hacen. En suma, por ser jóvenes. En el caso de esta tragedia evitable los medios masivos de difusión (que sólo por un abuso del lenguaje pueden denominarse de comunicación) pasaron de linchar primero al dueño del antro que vive de sembrar el alcoholismo entre sus clientes, luego a la policía y un poco a las autoridades locales. Claro que no faltó la mentalidad conservadora que echó la culpa a los jóvenes por estar ahí, y a sus padres por no amarrarlos con la firmaza suficiente a la pata del sillón de la sala de estar (viendo televisión).
Los testimonios de los sobrevivientes y las imágenes profusamente transmitidas por los noticieros y por los sitios web de los periódicos contaron historias que a los viejos nos son familiares. Policías atacando a los jóvenes que buscaban salir, autoridades dialogando con el dueño del lupanar, perversos tomando fotos a jovencitas desnudas. Muerte de jóvenes, cárcel a los ejecutores directos y libertad a los responsables intelectuales. Para completar el nostálgico cuadro un delegado, un jefe de policía y otros funcionarios que ahora no tienen responsabilidad de lo que hacen sus subalternos mientras sus acarreados defienden, sin ser jueces ni tener elementos de juicio, al delegado para de esa manera poder conservar los espacios que han robado a la ciudadanía como vendedores ambulantes. Así, ni quien extrañe los tiempos del PRI.
Dos. En Morelia dos granadas matan a 8 personas y hieren a otras cien en medio de la tradicional verbena popular, apenas unos días después de que una veintena de albañiles fueron ejecutados y tirados en La Marquesa. Por cierto, en este primer caso los medios masivos de difusión se apresuraron a calificar a los difuntos, sin pruebas fehacientes, de “narcomenudistas”. Si bien la violencia relacionada al narcotráfico y a la delincuencia organizada ya había tocado población civil con los asaltos, secuestros, extorsiones y fabricación de culpables ejecutados por delincuentes, policías y soldados de uno u otro bando (o de ambos), ahora ha rebasado los límites de los contendientes armados para atacar de manera abierta a la ciudadanía común y desarmada.
El presidente legal, que la tercera parte de los electores no acepta como legítimo, aprovecha las muertes civiles para pegarle a sus contrincantes políticos por no aceptar sus propuestas económicas, específicamente las de índole petrolera, llegando al extremo de poner en la misma cesta a los criminales autores del atentado en Morelia, a sus opositores políticos y a la población que no se alinea con su desorientada guerra. Según su extraña visión, los ciudadanos que con justificado miedo no denuncian a los delincuentes, son cómplices de ellos; y aún más, son traidores de la patria, como si estuviéramos en una guerra internacional.
¿Qué puede seguir a esto? Los legisladores federales ya se apuraron y presentaron, junto con el presidente de la República, iniciativas de ley que endurecen las penas que, dada la sospechosa mediocridad con que son elaboradas las averiguaciones previas y la generosidad que actúan los jueces, con muy poca probabilidad serán purgadas por los delincuentes. También se reduce el presupueste en materia de agricultura y de comunicaciones para acrecentar el de seguridad. Es decir, el mismo medicamento pero con una dosis más fuerte; no ha sido efectivo en lo absoluto sino todo lo contrario, pero de manera contumaz hay que incrementarlo. Hay elecciones el año que viene y si se que quedan atrás en este tema, no salen en la tele.
Por lo que tocaría a medidas para combatir la impunidad, la estructura financiera del crimen organizado, la corrupción sistémica en las policías y ya no tan esporádica en el ejército y a mejorar la educación y las condiciones sociales del pueblo para reducir las listas de reclutamiento del crimen organizado, no son negocio para los mercenarios ni sirven para apuntalar un régimen sin legitimidad y con tendencia al fascismo.
Uno. En la Ciudad de México, un gobierno que se dice de izquierda pero admira las tácticas represivas que promovió en su momento un alcalde conservador en Nueva York, emprende operativos para “salvar” a los jóvenes de las drogas. De esta manera, los jóvenes son víctimas por ambos flancos; por un lado, los narcotraficantes les venden drogas sintéticas altamente adictivas y por otro, los policías los extorsionan por hacerlo, pretender hacerlo o simplemente parecer que lo hacen. En suma, por ser jóvenes. En el caso de esta tragedia evitable los medios masivos de difusión (que sólo por un abuso del lenguaje pueden denominarse de comunicación) pasaron de linchar primero al dueño del antro que vive de sembrar el alcoholismo entre sus clientes, luego a la policía y un poco a las autoridades locales. Claro que no faltó la mentalidad conservadora que echó la culpa a los jóvenes por estar ahí, y a sus padres por no amarrarlos con la firmaza suficiente a la pata del sillón de la sala de estar (viendo televisión).
Los testimonios de los sobrevivientes y las imágenes profusamente transmitidas por los noticieros y por los sitios web de los periódicos contaron historias que a los viejos nos son familiares. Policías atacando a los jóvenes que buscaban salir, autoridades dialogando con el dueño del lupanar, perversos tomando fotos a jovencitas desnudas. Muerte de jóvenes, cárcel a los ejecutores directos y libertad a los responsables intelectuales. Para completar el nostálgico cuadro un delegado, un jefe de policía y otros funcionarios que ahora no tienen responsabilidad de lo que hacen sus subalternos mientras sus acarreados defienden, sin ser jueces ni tener elementos de juicio, al delegado para de esa manera poder conservar los espacios que han robado a la ciudadanía como vendedores ambulantes. Así, ni quien extrañe los tiempos del PRI.
Dos. En Morelia dos granadas matan a 8 personas y hieren a otras cien en medio de la tradicional verbena popular, apenas unos días después de que una veintena de albañiles fueron ejecutados y tirados en La Marquesa. Por cierto, en este primer caso los medios masivos de difusión se apresuraron a calificar a los difuntos, sin pruebas fehacientes, de “narcomenudistas”. Si bien la violencia relacionada al narcotráfico y a la delincuencia organizada ya había tocado población civil con los asaltos, secuestros, extorsiones y fabricación de culpables ejecutados por delincuentes, policías y soldados de uno u otro bando (o de ambos), ahora ha rebasado los límites de los contendientes armados para atacar de manera abierta a la ciudadanía común y desarmada.
El presidente legal, que la tercera parte de los electores no acepta como legítimo, aprovecha las muertes civiles para pegarle a sus contrincantes políticos por no aceptar sus propuestas económicas, específicamente las de índole petrolera, llegando al extremo de poner en la misma cesta a los criminales autores del atentado en Morelia, a sus opositores políticos y a la población que no se alinea con su desorientada guerra. Según su extraña visión, los ciudadanos que con justificado miedo no denuncian a los delincuentes, son cómplices de ellos; y aún más, son traidores de la patria, como si estuviéramos en una guerra internacional.
¿Qué puede seguir a esto? Los legisladores federales ya se apuraron y presentaron, junto con el presidente de la República, iniciativas de ley que endurecen las penas que, dada la sospechosa mediocridad con que son elaboradas las averiguaciones previas y la generosidad que actúan los jueces, con muy poca probabilidad serán purgadas por los delincuentes. También se reduce el presupueste en materia de agricultura y de comunicaciones para acrecentar el de seguridad. Es decir, el mismo medicamento pero con una dosis más fuerte; no ha sido efectivo en lo absoluto sino todo lo contrario, pero de manera contumaz hay que incrementarlo. Hay elecciones el año que viene y si se que quedan atrás en este tema, no salen en la tele.
Por lo que tocaría a medidas para combatir la impunidad, la estructura financiera del crimen organizado, la corrupción sistémica en las policías y ya no tan esporádica en el ejército y a mejorar la educación y las condiciones sociales del pueblo para reducir las listas de reclutamiento del crimen organizado, no son negocio para los mercenarios ni sirven para apuntalar un régimen sin legitimidad y con tendencia al fascismo.
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