La Coparmex-DF y su modelo matemático

En medio del conflicto iniciado por la decisión de Calderón, de destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los trabajadores han planteado una serie de acciones de protestas para hoy Viernes 4 de diciembre. Esto era previsible, y aunque las amparan diversas leyes, estas actividades no dejarán de afectar al ya de sí caótico tránsito en la Ciudad de México. Aquellos que puedan, tomarán sus providencias para aminorar los retrasos y los embotellamientos. Habrá también un grupo de automovilistas que, contumaces, saldrán a la misma hora para recorrer las mismas avenidas quizás con la esperanza de que todo sea normal, y que terminarán despotricando airadamente contra una acción que ya sabían que ocurriría y , dado el "diseño" de la ciudad y la ineficacia de las policías de tránsito, les efectará de manera ineluctable.

No obstante, la mayor parte de la población no tiene otra alternativa que desplazarse y enfrentar los retrasos y atascos de tránsito. Para los fans de la tecnología, es tan difícil concebir que en pleno siglo XXI, en un país miembro de la OCDE, la única manera de hacer su trabajo para millones de personas, muchas de ellas profesionistas, sea la presencial. Es el aprovechamiento que un país sin estrategia de tecnología de información (TI) y sujeto a mentalidades medievales da a Internet, y a las telefonías fija y móvil.

Bueno, por una parte está el atraso en este sentido, y por otra, un asombroso avance en la capacidad de estimación de pérdidas económicas por las protestas. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el DF (COPARMEX-DF) declaró ayer que dichas pérdidas ascenderán a 10 millones de pesos si las acciones de protesta duran 4 horas. Si exceden este tiempo, las pérdidas se incrementarán.

Tal precisión me interesó sobremanera: ¿por qué una cifra redonda? ¿qué tal 9 millones? O mejor aún, ¿qué les parece 11,234,123.50 pesos? ¿Con qué modelo matemático realizó la estimación? Luego, si las protestas duran más de 4 horas: ¿el incremento será lineal, exponencial o logarítmico?

De ser cierto que la COPARMEX tiene en sus filas los actuarios y matemáticos que han desarrollado tal modelo y además cuenta con la base de datos (confiable, but of course) que permite afirmar puntualmente el monto de las pérdidas para un conjunto de eventos que incrementan el caos en un escenario poco predecible, tiene la obligación moral de compartirlo con la humanidad.

Si es tan preciso en eventos casi aleatorios, podría ser utilizado con niveles de certidumbre muy altos para valorar las pérdidas económicas sufridas no solo por el sector comercio, sino también en el bolsillo de los ciudadanos, por la instalación regular (pertinaz es más apropiado) de tianguis y de terminales de transporte público en nuestras calles y avenidas; así como por la ejecución inmisericorde de obras públicas que desvían el tránsito sin previo aviso.

“Señor Barba, presidente de la Coparmex-DF: ¿sería tan amable de utilizar su maravilloso modelo matemático para responder a los pobladores de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y anexas, el monto de las pérdidas económicas por la repavimentación de la Vía López Portillo? Por su atención, gracias.”

Actualización:

El día Sábado 4 de diciembre, la vida de los municipios conurbados a la Ciudad de México, mencionados en el párrafo anterior, fue alterada a niveles extremos por un acto publicitario: "La Caravana Coca Cola". Con la noble finalidad de hacerse propaganda, esta empresa organizó un desfile que requirió del bloqueo de la principal vía de tránsito al norte de la ciudad, la Vía López Portillo. En vano espere que los comentaristas de Televisa y TV Azteca, que se desgarran las vestiduras por las protestas del SME, hablaran del caos ocasionado por el desfile con indignación y coraje. No fue así. Decenas de miles de personas perdieron horas de su Sábado por un acto que no defendía derecho alguno, sino que únicamente promocionaba una marca de agua carbonatada con cafeína. Tan solo como ejemplo: el trayecto del fraccionamiento "Héroes Tecámac" a Coacalco (aprox. 4 km) tomaba 3 horas. Mientras los conductores apagaban sus motores aburridos, los pasajeros de transporte público avanzaban por las banquetas y por las orillas de las carreteras.

Quizás a falta de justicia humana, el destino tomó en sus manos el asunto y me permitió ver a una señora que a eso de las 11:30 de la noche vendía refrescos de lata a los automovilistas atascados en la carretera llamada "Recursos Hidraúlicos". ¿Saben de qué marca? Por supuesto: ¡Pepsi Cola!

Seguridad y telefonía en México

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al muchacho chicho para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. La parte buena no es muy honesta con el villano y tiene, bien a su lado o interviniendo su línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia y del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se invento en los años sesentas cuando, supongo, la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa desde antes que sea contestada. Podríamos permitir al directo de la película que el bueno conteste para asegurarse que del otro lado de la línea está una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de varias actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables. Los legisladores están proponiendo, no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas, sino e levantamiento de un padrón de usuarios de telefonía con todo y huella digital, en el caso de los teléfonos móviles. En otras palabras, nos van a pre-fichar por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastará con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

• Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo. Un legislador propuso ayer con tibieza, y quizás con un poco de temor divino, que las empresas guarden estos datos por al menso un año. O no sabe como funcionan las empresa telefónicas, y entonces qué hace legislando sobre el tema, o es un simulacro, todo está pactado con las poderosas empresas de telecomunicaciones mexicanas, y solo se va a pedir lo que ellas ya tienen.
• Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización precisa permanente; si provino de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda o célula (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.
• Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.
• Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.
  

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada. Cierto es que queda abierta la posibilidad de que un número telefónico esté funcionando en un domicilio diferente al registrado por un problema en los proceso internos de actualización de Telmex, por negligencia de sus empleados, o por corrupción. Sin embargo, sabemos que esta empresa ya no es del gobierno, sino de la iniciativa privada y que este solo hecho, a decir de los panegíricos de las privatizaciones, la salva automáticamente de estos problemas.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips SIM que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han obligado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

Ahora que sí, como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, les importa un comino la opinión de expertos y de ciudadanos, tendrán que incluir en la ley las soluciones a muchos escenarios como la clonación de números, mecanismos ágiles para denunciar el robo y los teléfonos en flotilla.
El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad, las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los operadores telefónicos: aparecer en los medios y de esta manera posicionarse para las elecciones del año próximo. Éste, ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso. Se trata de utilizar la coyuntura política para restringir más las garantías individuales de la población. El objetivo trascendente es contar con una base de datos de las huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil más allá de las gubernamentales, como la del IFE.

Un poco de reflexión nos lleva a entender que semejante base poco ayudaría a resolver los crímenes telefónicos. Hoy, con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio; por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo, roban uno horas antes. Y de todos modos, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas sin que ningún policía o soldado los detenga; ¿será diferente con los teléfonos?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito. Si no lo hace el gobierno, es porque tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.