Outsourcing y la LFT

Tanto por necesidades propias de la operación de las empresas, como por la dinámica de la economía, en fechas recientes se ha incrementado notablemente la ejecución de esquemas de contratación externa y de subcontratación, denominados de manera genérica “tercerización” o, con un término más globalizado: outsourcing.

Estos esquemas no son precisamente nuevos, pues desde hace mucho tiempo las empresas contrataban a otras organizaciones. A veces para actividades puntuales ajenas a su rubro, como puede ser el caso de la reparación de una puerta o la construcción de una oficina. Esto encuadra perfectamente en el libre intercambio de mercancías y servicios en un sistema capitalista. Paulatinamente, este esquema se fue aplicando a actividades continuas en las que la empresa no tenía la capacidad de ejecución ni el interés en desarrollar la habilidad; por ejemplo, limpieza y vigilancia en un banco o en una universidad.

Ciertamente, dadas las condiciones tan difíciles en que se encuentran la economía subdesarrollada de nuestro país, resulta financieramente inviable exigir a las empresas que se abstengan de contratar a otras empresas para actividades fuera del ámbito de su capacidad. La inserción de nuestro país al entorno global pone a nuestras empresas a competir con otras allende las fronteras, que se han especializado y, gracias a esto, han logrado altos índices de calidad en su foco de negocio.

Sin embargo, también hay ocasiones en que las empresas contratan a otras para actividades que caen dentro de su negocio. El argumento que soporta esta decisión es, regularmente, que solamente se requiere por un tiempo o por una obra determinada, usualmente en períodos de alta demanda. Debe haber una justificación porque la subcontratación de otra empresa para actividades propias del negocio obligadamente disminuye el margen de utilidad. A menos que se trate de una simulación.

La contratación de empresas especializadas para actividades fuera del objeto de negocio, permite el desarrollo de sectores de la economía, particularmente de pequeñas y medianas empresas que se dedican a proveer servicios especializados a otras empresas y no al consumidor final. La existencia de un mercado transparente de servicios para empresas permitiría la competencia entre los proveedores de estos servicios, impulsando su especialización y su mejora en la calidad. Cabe mencionar que en esta dinámica económica, son pequeñas y medianas empresas las que mejor se desarrollan como proveedores especializados de servicios de alta calidad. Éste es un punto de vital importancia, pues en México son estas empresas las que proporcionan el grueso de los empleos.

El problema es que estos esquemas de contratación y de subcontratación de servicios están siendo utilizados con objetivos contrarios al desarrollo de la economía y en perjuicio de los trabajadores, del gobierno y de la sociedad en general. Se tiene escenarios en los que una empresa controladora (holding o “corporativo”) es propietaria tanto de la empresa cliente como de la proveedora de servicios; que la empresa cliente no pone a concurso la provisión de los servicios para buscar la mejor relación costo/beneficio, sino que asigna el contrato directamente a su empresa hermana; que la empresa proveedora no tiene más cliente que las empresas pertenecientes al mismo holding. Mediante este esquema, las empresas clientes ejecutan estrategias fiscales que les permiten disminuir la cantidad de impuestos que se pagan al gobierno. Asimismo, eluden obligaciones laborales con los trabajadores; entre ellas, el reparto de utilidades.

Y no solamente los trabajadores y el gobierno son perjudicados por esta perversión del esquema, sino que se ataca a la libre competencia y al desarrollo de empresas que realmente se estén especializando y busquen alcanzar estándares de calidad iguales o superiores a los de empresas extranjeras.

Por otra parte, en el caso de empresas con gran poder de compra, la contratación o subcontratación simuladas pueden constituir prácticas monopólicas, pues asignan directamente a sus subsidiarias disfrazadas, impidiendo la libre competencia.

En todos estos casos, es la sociedad y los sectores económicos, así como los empresarios honestos los que salen perjudicados.

Esto viene a cuento porque el Partido Acción Nacional (PAN) presentó en meses pasados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se busca regularizar este esquema, en el ámbito laboral[i]. No suena mal en principio, salvo que no aporta nada a la situación actual. En todo caso, se busca liberar a la empresa contratante de cualquier relación laboral con los trabajadores; un poco ocioso, porque esta protección usualmente se establece en los contratos de outsourcing. A menos que la reforma pretenda dotar de una protección legal a los casos de simulación.

No podemos estar en contra de la contratación y subcontratación de servicios especializados (outsourcing), pues bien reglamentadas pueden fomentar la creación de empleos especializados y bien remunerados a la vez que se impulsa a las empresas a elevar su calidad y se hace más competitiva a nuestra economía. Pero tampoco debemos permitir que este esquema se use como una simulación en la que todos (trabajadores, capital, gobierno y sociedad) salimos perjudicados. Se tiene que legislar y reglamentar este tema de tal forma que México pueda contar con un sector de sector de servicios especializados que pueda competir incluso a nivel internacional.

Al menos deben preverse las siguientes excepciones al régimen de subcontratación:

1. Cuando tanto el contratista o subcontratista y el beneficiario tienen relación a través de una empresa controladora

2. Son propiedad de los mismos accionistas, o son la misma persona física o moral

3. Una es propiedad de la otra

4. No se siguió un procedimiento documentado y auditable de selección del contratista o subcontratista

5. Cuando la actividad contratada o subcontratada corresponde a la actividad preponderante de la beneficiaria, salvo en los casos de carga inusual de trabajo cuya duración no podrá exceder de 180 días naturales

Asimismo, el estado debe asumir su responsabilidad y ejercer sus facultades de regulación, y no dejar en manos de la empresa beneficiaria del servicio la tarea de verificar si el proveedor cumple o no con las leyes. El contrato de outsourcing debe cumplir con una serie de requisitos mínimos que aseguren el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores y a la libre competencia. Para ello, el contrato debe seguir un formato específico y ser sancionado por la autoridad.

Una legislación apropiada, así como su aplicación efectiva, beneficia no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios emprendedores que buscan proveer servicios especializados de alta calidad, y fomentará el desarrollo económico y la competitividad de nuestra economía a niveles internacionales.

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[i] Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; marzo de 2010. Artículos 15A a 15D.

Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al héroe para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. Los buenos no son muy honestos con el villano y tienen, bien a su lado o interviniendo la línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia o del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se inventó, supongo, en los años sesentas; cuando la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa antes que sea contestada. Es más, sin esta información la llamada no se establece. En telefonía, a este proceso se le llama “señalización” (call setup, en inglés).

Una vez que la llamada ha sido establecida, podríamos permitir al director de la película que el bueno conteste para asegurarnos que del otro lado de la línea hay una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables.

Los legisladores han aprobado no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas contenida en los CDRs, sino en levantar de un padrón de usuarios de telefonía móvil. En otras palabras, estamos siendo pre-fichados por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastaría con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

· Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean fijas, móviles, digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo.

· Toda la información de una llamada ya ha sido almacenada, antes de que las voces se escuchen, en las bases de datos de las centrales telefónicas (exchanges) involucradas. Los registros de detalle de las llamadas (CDRs) son de vital importancia para los procesos de facturación (billing), de liquidación con otras telefónicas (settlemen) y de planeación, entre otros. Sin esta información las empresas telefónicas serian inviables. La tienen y y proviene de la explotación de un bien público.

· Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización permanente con precisión; si fue de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.

· Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.

· Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips (SIM) que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han llevado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad: las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los que controlan el mercado de las telecomunicaciones: aparecer en los medios como valientes defensores de la seguridad pública y de esta manera posicionarse para las elecciones. Este objetivo ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso: se trata de utilizar la coyuntura para restringir más las garantías individuales de la población. Nuestras autoridades, tan poco efectivas con el crimen organizado, pueden utilizar esta información según les convenga.

Un poco de reflexión acerca de la realidad nos lleva a entender que semejante base de usuarios de telefonía celular poco ayudará a resolver los crímenes telefónicos. Con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio. Por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos como para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo; roban uno horas antes. Por su parte, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas y en muy contadas ocasiones son molestados por policías o soldados; ¿será diferente con los teléfonos móviles?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito.

Si no se hace así, es porque nuestro gobierno tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.

Competitividad

It's the price we gotta pay
And all the games we gotta play
Makes me wonder if it's worth it to carry on
'Cause it's a game we gotta lose
Though it's a life we gotta choose
And the price is our own life until it's done

(Twisted Sisters; “The Price”)

Abro el artículo de hoy con la letra de una canción de un grupo de rock de los ochentas porque quiero hablar de la competitividad, ese termino que se ha convertido en el objetivo último de nuestros gobiernos neoliberales y que, por virtud de algunos "gurues" de la autosuperación, es la manera de avanzar en la vida.

Cuando busco enterarme del estado y tendencias de la economía y en particular de los mercados de tecnología de información, me tropiezo con frecuencia con una palabra que, de acuerdo a los medios, debe ser perseguida de manera dogmática y casi religiosa: la competitividad. Como los locutores y reporteros no se toman la molestia de definir el término, sino que les basta con culpar de la falta de ella a los salarios y prestaciones de los trabajadores, me dí a la tarea de investigarla. Me daba la impresión, por la vehemencia con que se le trata y con la existencia de un índice, que las naciones del mundo estamos compitiendo; ahora quería saber el porqué y cuál es el premio[i].

Debo confesar que al inicio tuve el impulso académico de traer a este espacio la definición de libros especializados, pero preferí mostrarles la que usa la autoridad de facto en este tema: el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum). A final de cuentas, es la aprobación que los gobiernos neoliberales buscan; y como el que tiene el poder en México es uno de ellos, con pragmatismo trabajaremos con el concepto que esta organización tiene de competividad:

“We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. In other words, more-competitive economies tend to be able to produce higher levels of income for their citizens”[ii]

En español[iii], el WEF define a la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. No define productividad de manera directa, pero sí indica que “el nivel de productividad marca el nivel de prosperidad que puede ganar una economía”. En seguida concluye que una economía más competitiva tenderá a ser capaz de producir niveles más altos de ingresos para sus ciudadanos”. Aunque la frase parece una promesa de político priísta o chiste cantinflesco, lleva la idea de que a mayor competitividad, más dinero en los bolsillos de los habitantes de ese país.

Puesto así, difícilmente podemos estar en contra de ella. No obstante, esto me llevaba a mayores dudas mi investigación: si el objetivo es mayores ingresos para la población ¿por qué, según los locutores y reporteros especializados, son precisamente los salarios y las prestaciones de los ciudadanos el mayor obstáculo para alcanzar un nivel de aceptable de competitividad? ¿O se trata de un modelo de crear riqueza para repartirla después? Porque eso no tiene nada de novedoso. Ya lo intentó el PRI desde Miguel Alemán y fue tal el fracaso que tuvo que ser desechado por este mismo partido en la década de los ochentas. Ante la cortedad explicativa de los locutores y reporteros, preferí seguí leyendo el documento emitido por la autoridad de facto, el del WEF.

El Foro Económico Mundial define doce factores (“pilares”) que, a su juicio, forman la base de ese concepto elusivo (complejo, dicen ellos) que viene a ser la competitividad:

1. Instituciones, que se refiere al entorno institucional de una economía: leyes, cumplimiento de estas, rol del estado y ética empresarial. La reciente, y aún vigente, crisis originada por los bancos nos da una idea de la importancia de este pilar. Nuestra tradición, heredada de los encomenderos españoles que las leyes son para respetarse, pero no para cumplirse, nos deja muy mal parados en esta medición.
2. Infraestructura. Básicamente, la disponibilidad de comunicaciones físicas (carreteras, transporte), energía y telecomunicaciones eficientes y alineadas al crecimiento económico.
3. Estabilidad macroeconómica. Aunque el mismo WEF dice que “ciertamente, las estabilidad macroeconómica, por sí sola, no puede incrementar la productividad de una nación”[iv], éste parece ser uno de los dos (de doce) aspectos al que nuestro gobierno y los especialistas prestan atención en serio.
4. Salud y educación básica. Si ambages, el WEF establece que la salud de los trabajadores es útil porque así estos serán productivos y funcionarán a todo su potencial[v]. Luego, el derecho a la salud en México es necesario no sólo porque es fruto de una revolución, sino porque conviene a la competitividad. Por lo que toca a la educación básica, el WEF afirma que incrementa la eficiencia de los trabajadores. Al menos en el largo plazo, los gobiernos deben evitar reducir de manera significativa los recursos asignados a estas áreas, indica el WEF. Dejo a los hipotéticos lectores de este blog calificar cómo cumple el gobierno mexicano con este pilar.
5. Educación superior y capacitación. El WEF afirma que estos temas son cruciales para las economías que quieran subir en la cadena de valor. Tal parece que nuestro gobierno no leyó esta parte cuando decidió reducir los recursos a la educación superior, incluso a la mejor universidad de Hispanoamérica, la UNAM. Por lo que toca a la capacitación dentro del ambiente laboral, el WEF la considera de suma importancia para las necesidades cambiantes de una economía en evolución y observa que es desatendida por muchas economías. En México, se ha optado porque sean las universidades las que ejecuten esta labor, o los mismos empleados (mediante el esquema de las “certificaciones)”, liberando a las empresas de esta responsabilidad[vi].
6. Eficiencia del mercado de bienes. Es en este tema en el que el WEF se da vuelo indicando que un mercado no puede ser eficiente si hay distorsiones como impuestos gravosos, reglas discriminatorias o restrictivas para la inversión extranjera directa. No hay sorpresa, ese es el estado ideal para esta organización: apertura total y cero proteccionismo; acciones que no siempre siguen las economías desarrolladas, por cierto. Vale mencionar que para contar con un mercado eficiente, el WEF recomienda una competencia sana. Creo que en este punto, nuestra economía y nuestro gobierno obtendrán calificaciones reprobatorias, con un oligopolio (Televisa y TV Azteca) controlando la televisión y la radio; con otra empresa con la mayor tajada del mercado de telefonía nacional[vii]; y con el esfuerzo denodado de Calderón y Lozano porque una sola empresa opere completa la mayor red de fibra óptica del país, la compuesta por la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) unida a la de la (extinta pero sub júdice) Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
7. Eficiencia del mercado laboral. El objetivo de este “pilar” es asegurar que los trabajadores estén asignados a su empleo[viii] más eficiente en la economía y con los incentivos para dar su mejor esfuerzo. Lo que sigue es la aspiración de los empresarios ambiciosos y conchudos: “los mercados laborales deberán tener la flexibilidad para cambiar a los trabajadores de una actividad económica a otra rápidamente y a un bajo costo, y permitir fluctuaciones de sueldo sin trastornos sociales”.

Me pregunto cómo aplicaran esto los japoneses, para quienes la permanencia en un mismo empleo toda la vida es sinónimo de eficiencia y de calidad. Lo que el WEF pide es, nada más, que los trabajadores puedan ser movidos como fichas en un tablero de una industria a otra, con los consecuentes cambios de sueldo (¿hacía arriba o hacía abajo?), sin que se les ocurra protestar, exigir u organizarse. En este contexto, antigüedad, planes de carrera, desarrollo profesional, lealtad laboral y estabilidad económica del trabajador son conceptos que estorban la competitividad (creo que sí estamos compitiendo con países semiesclavistas).

Adicionalmente, el WEF indica que “se debe asegurar una relación directa entre los incentivos y los esfuerzos de los trabajadores”. Si bien la palabra “esfuerzos” suena más suave que “resultados”, una interpretación no esforzada nos llevaría a un esquema de sueldo base más bonos o comisiones, en el que el sueldo base debe ser pequeño para dejar mayor margen a la relación directa entre “esfuerzo” e “incentivo”. En México ya hemos avanzado en este sentido pues desde hace años tenemos: para los obreros, el pago a destajo; para los jornaleros, el pago por tanto; para los vendedores, las comisiones; y para los profesionistas, los bonos. En este pilar si somos de los punteros, y para asegurarlo está la iniciativa Lozano que reciente ha presentado en el Congreso el Partido Acción Nacional.

8. Sofisticación del mercado financiero. Después de que las crisis pasadas (Enron, Lehman Brothers, etc.) han evidenciado lo perjudicial de un mercado financiero “auto-regulado” (según el dogma repetido tanto hace unos años), el WEF propone uno más “sofisticado”; es decir, con la regulación apropiada que proteja a los inversionistas y a otros actores económicos.

En el mismo rubro, el WEF recomienda que los recursos financieros se asignen a los proyectos con las mejores tasas de retorno de inversión y no a los “políticamente conectados”. Habría que definir con precisión qué son proyectos “políticamente conectados”; si se refiere a esa avalancha de obras públicas que desordenan nuestras vidas antes de cada elección, estamos de acuerdo; si se refiere a los proyectos cuyo fin implícito es asegurar el futuro económico de un político o de dar negocio a sus amigos, también de acuerdo.

En cambio, si la frase del WEF se refiere a proyectos de desarrollo social, hay punto de debate. Si bien es válido priorizar los proyectos por su tasa de retorno en los países desarrollados, en los que la mayor parte de la población tiene acceso a los satisfactores básicos; es de dudosa eficacia tomar un criterio similar en un país subdesarrollado en el que los más de sus habitantes viven en la pobreza, no solo por las implicaciones sociales y éticas, sino también porque esto ha conducido en México a un mercado con millones de consumidores sin poder de compra.

Cabe mencionar que el WEF finalizar el apartado relativo a este pilar subrayando la necesidad de transparencia y regulación en el sector financiero[ix]. Sin embargo, no veo en el corto plazo intención del gobierno mexicano de tomarle la palabra en este tema al WEF.

9. Preparación para la tecnología, definida como la manera de medir la de una economía para aprovechar las tecnologías existentes, particularmente las de tecnología de información y telecomunicaciones, en la mejora de sus industrias. En este tema, el WEF afirma que no es importante que, para efectos de la competitividad, la tecnología usada haya sido desarrollada por el país o en el extranjero, sino que las empresas que operan en él tengan acceso a productos y diseños avanzados, así como la capacidad de aprovecharlos. Para el WEF, una de las fuentes clave de tecnología es la inversión extranjera directa (IED); no habla de que los dineros locales inviertan en desarrollo de tecnología sino que ésta sea traída por los capitales externos.

Puede sonar muy oportuno y hasta abusivo por parte de los países en desarrollo: tener acceso a tecnología avanzada sin invertir dinero local, sino a costa de plata externa. Es difícil creer que los inversionistas extranjeros van a traernos tecnología avanzada sin buscar provecho alguno. Para empezar, buscan un rendimiento monetario: ganancias que llevar al país de origen de los capitales. Adicionalmente, la tecnología reciente está protegida por patentes y derechos de propiedad intelectual; lo que están trayendo al país es el derecho de uso, no la tecnología como tal. Incluso suena lógico que sean las empresas con capital extranjero (IED) las que puedan aprovechar esa tecnología y no las locales; a menos que paguen esos derechos, but of course. El riesgo para el país es hacerse dependiente de tecnologías extranjeras, como es el caso de las industrias farmacéuticas y de tecnología de información y telecomunicaciones. Para colmo, a falta de tecnología propia los países subdesarrollados pueden convertirse en basureros tecnológicos. Un ejemplo: en México existe al menos un banco con capital español (IED) que utiliza un sistema central de software ¡elaborado en Cobol! Dudo mucho que eso sea acceso a tecnología de punta.

10. Tamaño del mercado. El WEF considera que esta variable afecta la productividad por la posibilidad de aprovechar las economías de escala. Mientras afirma que existe una “vasta evidencia empírica” de que el tamaño del mercado está asociado con la apertura comercial, reconoce que investigaciones recientes (entre 1995 y 2009) arrojan dudas sobre esta relación.

El caso de México es emblemático, pues la apertura comercial desenfrenada emprendida desde el sexenio del inicio del Salinato[x], ha reportado una derivada negativa en el caso del producto interno bruto (PIB). Es decir, para conocer la tendencia real no basta con comparar el PIB de uno y de otro año, sino que esta cantidad se grafica, y se obtiene la función matemática que la modela (y=PIB(año)), Después se obtiene la derivada de esta función y observamos la tendencia; que en nuestro país es claramente negativa.

11. Sofisticación del entorno de negocios. Se refiere a la calidad de las redes de negocios a nivel nacional, así como de las estrategias y operaciones de las empresas. De acuerdo al documento del WEF, es más relevante en países desarrollados, en los que las fuentes de mejora en la productividad han sido aprovechadas al máximo. Evidentemente, ese no es el caso de México.
12. Innovación. Otro pilar que no se aplica a países subdesarrollados: ocurre que, nuevamente según el WEF, los beneficios obtenidos por mejoramiento de las instituciones, de la infraestructura, de la diosa postmoderna estabilidad macroeconómica, del capital humano (léase “ventajas laborales”), y de otros factores de esta definición de competitividad, llegan finalmente a un estado de rendimientos decrecientes. Por esta razón, las economías que hayan arribado a esta fase tienen que recurrir a la innovación; es decir, diseñar y desarrollar productos y procesos de avanzada que les permitan mantener un filo competitivo.

Quizás porque la definición de este pilar se parezca un poco a esos malos diccionarios, que definían algo como “acto y efecto” de lo que a su vez era definido como “dícese de lo relativo a” lo primero; el WEF abunda en la necesidad de un ambiente que favorezca la innovación, en qué esto implica una inversión suficiente en investigación y desarrollo, especialmente en el sector privado, y en que se deben resistir las presiones para reducir los presupuestos correspondientes, tanto en el sector público como en el privado.

Esto me recuerda el caso de locutor, que visitó el campus Hispano de la Universidad del Valle de México (privada) para impartir una conferencia “magistral” (el entrecomillado es del autor y pleno de sarcasmo). Me preguntó si, en su afán de propagandista neoliberal, Sergio Sarmiento habrá leído algunos documentos del WEF. Porque en esa ocasión afirmó que México no debería de invertir en educación ni en investigación; que había que hacerle como los japoneses, que no desarrollaban, sino que aprovechaban (eufemismo que en la calle se traduce como “copiaban” o “pirateaban”) la tecnología de otros. Como él, más locutores bien pagados por sus patrones insisten en la doctrina salinista sin detenerse a leer lo que publica el WEF. Lo que más me inquieta aún son los aplausos que le prodigaron los profesores de esa institución, algunos con estudios de maestría y doctorado; niveles de preparación relacionados de una u otra manera con la investigación.

Revisando las definiciones que una de las instituciones neoliberales con mayor autoridad emite en torno a la competitividad, se observa que el gobierno mexicano solo se aplica en la que toca a la eficiencia del mercado laboral. Y además pretende competir con las condiciones laborales que mejor convengan los inversionistas, incluso a costa de regresar a niveles de relación laboral del siglo XIX.

Es aquí donde me preocupa tanto la palabra competir. Estamos compitiendo solo en uno de los doce rubros que manda el WEF y nuestros competidores son países en el que las condiciones de trabajo son de semiesclavitud o de plena esclavitud. ¿Cómo les ganaremos? ¿Superando sus niveles de degradación?

La iniciativa Lozano está en el Congreso. Sin considerar el quinto pilar de la competitividad establecido por el WEF, el gobierno mexicano regresa a la época priísta y omite informar al pueblo y a los empresarios medianos y pequeños de su contenido. Mañosamente, no atiende las necesidades particulares de México, ni los otros pilares propuestos por el WEF.

Retomando el estribillo de la canción del epígrafe, ¿cuál es el precio de esta competencia? Para muchos habitantes, su vida productiva misma.

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[i] De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, competitividad significa “capacidad de competir” y “rivalidad para consecución de un fin”. Por su parte, el verbo competir se define en la misma obra como “contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa” cuando se habla de 2 o más personas, y como “igualar a otra análoga, en la perfección o en las propiedades”, cuando se habla una sola cosa. Así que, en español, la competitividad se refiere a competir con otro en busca de un mismo objetivo, o a buscar igualar las características de otra cosa. Por eso siento escalofríos cuando se pide que nuestra economía sea competitiva, pues no me queda claro cuál es ese fin, ese objetivo por el que estamos compitiendo: ¿los salarios más bajos?, ¿servir de una enorme maquiladora para tecnología ajena? Peor aún si nos vamos por la segunda acepción: ¿a quien debemos igualar para ser competitivos? ¿a China con las condiciones de semi-esclavitud de los niños que elaboran los juguetes de McDonald’s?

[ii] World Economic Forum; “The Global Competitiviness Report 2009-2010”; pp 4

[iii] Traducción del autor

[iv] “it is certainly true that macroeconomic stability alone cannot increase the productivity of a nation”; ibid, pp 5

[v] “A healthy workforce is vital to a country’s competitiveness and productivity. Workers who are ill cannot function to their potential and will be less productive. Poor health leads to significant costs to business, as sick workers are often absent or operate at lower levels of efficiency. Investment in the provision of health services is thus critical for clear economic, as well as moral, considerations”; ibid, pp 5

[vi] Sobre este tema, y en el ámbito de la tecnología de información, les recomiendo mi artículo “Universidades, ¿formadoras o informadoras?” elaborado hace ya varios años y por desgracia, aún pertinente. El URL es http://joseluisleongomez.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

[vii] Telmex; Reporte “First Quarter 2009”

[viii] use, es la escalofriante palabra inglesa que viene en el documento del WEF

[ix] “In order to fulfill all those functions, the banking sector needs to be trustworthy and transparent, and—as has been made so clear recently—financial markets need appropriate regulation to protect investors and other actors in the economy at large.”; ibid, pp 6.

[x] Período de la historia de México que se inicia con la toma del poder por Carlos Salinas, acontecida en 1988 después de unas elecciones muy cuestionadas en las que se presume un fraude sobre Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano , y cuyo final no está claro: pudo haberse extendido hasta el sexenio de Ernesto Zedillo o perdurar incluso a la fecha.

De periodistas, asesinos y rocanroleros

Esta semana se cumplieron 25 años de la muerte del periodista mexicano Manuel Buendía a manos de la policía política: la Dirección Federal de Seguridad, que formaba parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación. Su asesinato se ha convertido en un referente de la violencia estatal y de la falta de democracia en México. Aunque su muerte ocurrió en los años ochentas, en pleno dominio del PRI, México sigue siendo un país peligroso para los periodistas; al menos, así lo reportan diversas organizaciones internacionales.
En lo que toca al aspecto económico, el gobierno federal compra opiniones mediante su poder de anunciante o el otorgamiento de “exclusivas”, de adelantos y de filtraciones. Más artesanal es el caso de los gobiernos locales y municipales. Podemos recorrer las oficinas de palacios municipales en los que se reparten de manera gratuita periodiquitos desconocidos de menos de 20 páginas, dedicados primordialmente a halagar al alcalde y demás políticos locales. Los pasquines se pueden repartir gratis, porque bien el Ayuntamiento los compra al mayoreo, o porque les otorga un subsidio suficiente para publicar sin preocupación de las ventas a lectores individuales.
Estos “periodistas” no se preocupan, su cercanía con el poder los protege y les garantiza una vida cómoda y cantinera. No les preocupa ser asesinados por un matón a sueldo, como Buendía, El Gato o Blancornelas, ni ser secuestrados como Lydia Cacho. El número de periodistas víctimas de represión por el gobierno se incrementa con el avance de la derecha. El PRI sobornaba y, si esto no funcionaba, reprimía. El PAN compra con anuncios y, si esto no funciona, acude a la fuerza pública. Es notorio el cambio, ¿verdad?
Vale la pena aclarar, que los periodistas en México gozan de cierta visibilidad y, ¿por qué no decirlo? de prebendas en muchos casos, cuando usan su trabajo para halagar a políticos y empresarios. No es infrecuente ver autos desvencijados con un letrero enorme que dice PRENSA, y que según sus conductores, los habilita para hacer caso omiso de las reglas de tránsito. Por supuesto que muchos periodistas con mejores ingresos violan otras normas y con mayor seguridad.
Una anécdota personal refuerza esto, quizás de manera superficial. Por asuntos de la consultoría viajé a Chicago unos años después del atentado a las Torres Gemelas. Conscientes de la paranoia que el gobierno gringo había sembrado entre sus ciudadanos, llegamos al aeropuerto O’Hara con mucha antelación para tomar al avión de regreso, pues preveíamos una serie de revisiones. Gracias a esto, fuimos primeros en la fila para el registro del equipaje, y esperábamos a que nos dieran la indicación para avanzar más allá de la línea amarilla que limitaba el área de seguridad de la aerolínea. Cuando la empleada nos dijo que avanzáramos, estuve a punto de ser interceptado y de ser privado de mi lugar en la fila por un tipo alto, de barba y cabello lacio blancos, que de manera grosera intentó poner su carrito delante del mío. No lo logró y me dedicó un obligado segundo de mirada hostil. Mientras realizábamos el registro, mi compañero de viaje, empleado de la compañía a la que estaba yo asesorando, me indicaba maravillado que el tipo falto de urbanidad era un conocido periodista con programa propio en la radio. Lo voltee a mirar pero no encontré ningún rostro conocido, se lo dije a mi cliente y casi me preguntó si vivía en este planeta. Semanas después, un embotellamiento me permitió saber que estuve a punto de tener el privilegio de que mi lugar en la fila del aeropuerto me fuera arrebatado por un periodista famoso: su cara formaba parte de un espectacular que en un muro mostraba las fotografías de los locutores de una estación de radio con mucha audiencia.
Este extremo, de periodistas, reporteros, locutores y hasta repartidores que se sienten en un nivel superior al resto de los ciudadanos, contraste gravemente con los casos de Manuel Buendía, El Gato, Lydia Cacho, los semanarios Zeta y Proceso, atacados por razón de su trabajo.
Lo más grave del asunto es que esto ocurre a un gremio que tiene visibilidad, contactos. ¿Qué pasa con los ciudadanos de a pié? Los que son secuestrados, asesinados, detenidos; todos los que son víctimas de los abusos policiales y militares. ¿Hay ceremonias luctuosas de las que se informe en lo diarios? ¿Les otorgan reconocimientos port mortem?
Va un ejemplo relacionado con el asesinato de Manuel Buendía. Una vez que se supo de asesinato, el gobierno no podía encarcelar al agente de la DFS, responsable material del homicidio, ni a Zorrilla, autor material y Director Federal de Seguridad en esos tiempos. Miguel de la Madrid y Manuel Barlett no podían pagar así a uno de sus más efectivos perros de ataque contra la oposición. Pero tampoco podían dejar el crimen impune; ya no eran los tiempos de antes. Así que se valieron de una virtud de la policía mexicana que envidiarían los protagonistas de CSI: puede atrapar culpables de manera rápida, sin necesidad de investigación, de pruebas, ni de alta tecnología. Simplemente los fabrica.
Después de la muerte de Buendía, un par de músicos de rock mexicano circulaban en auto por el área de Ciudad Satélite cuando fueron detenidos por la policía. No sabemos si fue a causa de alguna infracción, o de algún delito menor; pero el caso es que confesaron en pocas horas haber asesinado a Manuel Buendía. De manera expedita fueron condenados y recluidos en prisión. La justicia es ágil en México, especialmente si le quitan los lastres y limitaciones de la ley y los lujos como la investigación.
Seis años después, el verdadero asesino cayó en las manos de la policía y se aclararon las cosas. Fue condenado y encarcelado. ¡Ah! ¿y que fue de los músicos? No tengo noticias de su liberación, pero sí de su estancia en el reclusorio. Uno de ellos provenía de unos los grupos de rock urbano que entonces contaba con mayor presencia entre los jóvenes marginados: el “Three Souls In My Mind”. Charlie Hautvogel fue el baterista de esta banda por más de15 años hasta que se peleó con Alejandro Lora y tomaron sendos caminos: Lora con el grupo “El Tri”, y Hautvogel, que había registrado el nombre del grupo, continuó con esta denominación hasta que fue detenido y encarcelado por un crimen del que él no tenía la menor idea. En cana, formó el grupo de rock Asociación Delictuosa que logró vender algunas cintas en el tianguis sabatino de El Chopo.
Su liberación, que espero ya haya ocurrido, no fue noticia. No eran periodistas, ni músicos de Televisa; ni siquiera recuerdo un canción de Alejandro Lora sobre esto. En cambio, otra liberación sí fue noticia. Con escalofríos nos enteramos que hace un par de meses fueron liberados los asesinos de Manuel Buendía: el material, cuyo nombre no vale la pena recordar; y el intelectual, Zorrilla.
Tiene mucho que no escucho rock urbano. No sé que fue del baterista del “Trisol”, como le decían al grupo mis compañeros de banqueta en El Molinito. Pero sí tengo claro que si los periodistas, empotrados en un nivel mayor de visibilidad que nosotros, son objetivos de criminales pertenecientes o asociados al gobierno, los ciudadanos de a pié no podemos esperar mucha seguridad; y esta zozobra es directamente proporcional al nivel de pobreza de las futuras víctimas.

Seguridad y telefonía en México

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al muchacho chicho para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. La parte buena no es muy honesta con el villano y tiene, bien a su lado o interviniendo su línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia y del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se invento en los años sesentas cuando, supongo, la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa desde antes que sea contestada. Podríamos permitir al directo de la película que el bueno conteste para asegurarse que del otro lado de la línea está una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de varias actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables. Los legisladores están proponiendo, no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas, sino e levantamiento de un padrón de usuarios de telefonía con todo y huella digital, en el caso de los teléfonos móviles. En otras palabras, nos van a pre-fichar por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastará con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

• Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo. Un legislador propuso ayer con tibieza, y quizás con un poco de temor divino, que las empresas guarden estos datos por al menso un año. O no sabe como funcionan las empresa telefónicas, y entonces qué hace legislando sobre el tema, o es un simulacro, todo está pactado con las poderosas empresas de telecomunicaciones mexicanas, y solo se va a pedir lo que ellas ya tienen.
• Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización precisa permanente; si provino de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda o célula (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.
• Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.
• Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.
  

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada. Cierto es que queda abierta la posibilidad de que un número telefónico esté funcionando en un domicilio diferente al registrado por un problema en los proceso internos de actualización de Telmex, por negligencia de sus empleados, o por corrupción. Sin embargo, sabemos que esta empresa ya no es del gobierno, sino de la iniciativa privada y que este solo hecho, a decir de los panegíricos de las privatizaciones, la salva automáticamente de estos problemas.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips SIM que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han obligado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

Ahora que sí, como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, les importa un comino la opinión de expertos y de ciudadanos, tendrán que incluir en la ley las soluciones a muchos escenarios como la clonación de números, mecanismos ágiles para denunciar el robo y los teléfonos en flotilla.
El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad, las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los operadores telefónicos: aparecer en los medios y de esta manera posicionarse para las elecciones del año próximo. Éste, ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso. Se trata de utilizar la coyuntura política para restringir más las garantías individuales de la población. El objetivo trascendente es contar con una base de datos de las huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil más allá de las gubernamentales, como la del IFE.

Un poco de reflexión nos lleva a entender que semejante base poco ayudaría a resolver los crímenes telefónicos. Hoy, con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio; por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo, roban uno horas antes. Y de todos modos, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas sin que ningún policía o soldado los detenga; ¿será diferente con los teléfonos?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito. Si no lo hace el gobierno, es porque tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.

Fox y las neuronas

FOX Y LAS NEURONAS

Hacía el final del sexenio infausto de Vicente Fox llegué a leer en un periódico serio una declaración en la que se afirmaba que algunas personas cercanas al presidente se preguntaban si acaso este pintoresco político hubiera sufrido algún problema neuronal. Fiel a mi idea de jamás subestimar y mucho menos considerar imbécil al enemigo, juzgué disparatada y más bien rencorosa la declaración.

Si bien demostró desde el principio ser un analfabeta funcional, le atribuí una inteligencia emocional alta y la habilidad de estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Pero conforme pasaban los días, Fox se esforzaba por demostrarme lo contrario y hoy ha llegado el extremo de mentir de manera por demás torpe en cuanto a su riqueza súbita e inexplicable (en un contexto legal), de insultar a periodistas extranjeros y hasta de pretender que se le llame presidente comparándose con figuras históricas como Benito Juárez. Ya no suena tan descabellado pensar que su inteligencia está muy, pero muy lejos de lo que esperábamos.

No me cuesta entender que millones de mexicanos hayan sido engañados por los medios de difusión masiva y, en un intento por sacar al PRI del gobierno hayan llevado al poder a un candidato cuyas mejores frases eran simplemente monosílabos. No soy el primero en decir que no ganó el PAN, sino que perdió el PRI. Quizás me hace un poco de ruido que en 2006 trece millones de compatriotas hayan ratificado a este partido en el poder, después del fracaso rotundo de Fox; pero nuevamente, se trató de unas elecciones eminentemente mediáticas y carentes de ideología.

El punto es ¿cómo es posible que los grupos de poder que efectivamente controlan el país hayan permitido a un individuo tan limitado llegar a la posición de presidente de la república? Me cuesta trabajo creer que los grandes empresarios, los políticos poderosos y hasta el gobierno de EE UU hayan elegido al menos afortunado en cuanto a inteligencia de los prospectos. Para poder ofrecer una hipótesis debemos dejar de lado la parte anecdótica y observar las cosas de una perspectiva más sistémica y son varios los hechos que debemos tomar en cuenta.

Primero. Durante el sexenio de un político que aún goza de poder, Carlos Salinas de Gortari, se hizo la modificación constitucional que permitía que un hijo de extranjero pudiera ser presidente de la república. En su momento, los medios desviaron la atención hacía un miembro del PRI que posteriormente fue perdiendo visibilidad política.

Segundo. Manuel Barlett ha afirmado que sí hubo un pacto para entregar el poder al PAN en el año 2000 y que dicho acuerdo fue llevado a cabo en el sexenio de Salinas de Gortari. Salinas provenía de una elección abiertamente fraudulenta y ya era notable el rechazo de la población a su partido político, el PRI. El grupo en el poder sabía que la situación no sería sostenible, no obstante el asesinato de cientos de opositores en ese sexenio. Tanto la derecha negociadora, el PAN, así como los grupos de centro escindidos del PRI y la izquierda moderada, agrupados en torno a Cuauhtémoc Cardenas, estaban en posibilidades de capitalizar el descontento popular y el descrédito del partido en el poder. Salinas tenía que negociar la alternancia con un grupo que asegurara la continuidad del modelo económico y social: el PAN. El acuerdo se selló cuando el candidato de la derecha, Diego Fernández de Ceballos, tiró a la basura su triunfo contundente en el debate televisivo durante las elecciones presidenciales de 1994 y le cedió el lugar al que sería el último candidato vencedor consecutivo del PRI, Ernesto Zedillo.

A Salinas se la ha calificado de maquiavélico y no sé hasta donde esto se válido, pero lo que sí es cierto es que no actúa fuera de una estrategia. La alternancia la pactó de tal forma que el candidato vencedor derechista no fuera un panista de gran inteligencia; así que eligió al menos peligroso, al más manipulable: un empresario poco exitoso que no pudo conservar su puesto en la empresa Coca-Cola, Vicente Fox Quezada.

Una broma recurrente entre grupos de amigos que se reúnen a conversar en una cantina es que frente la pregunta de quién va a pagar la cuenta, se ubica a uno de ellos que esté distraído y proponen: “que pague el más pendejo”. En cuanto se da cuenta la víctima, protesta de manera efusiva: “¿y yo por qué?”. Cualquier coincidencia con el contexto político mexicano no es casualidad, ya es parte de nuestra historia.