martes, 6 de abril de 2010

Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al héroe para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. Los buenos no son muy honestos con el villano y tienen, bien a su lado o interviniendo la línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia o del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se inventó, supongo, en los años sesentas; cuando la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa antes que sea contestada. Es más, sin esta información la llamada no se establece. En telefonía, a este proceso se le llama “señalización” (call setup, en inglés).

Una vez que la llamada ha sido establecida, podríamos permitir al director de la película que el bueno conteste para asegurarnos que del otro lado de la línea hay una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables.

Los legisladores han aprobado no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas contenida en los CDRs, sino en levantar de un padrón de usuarios de telefonía móvil. En otras palabras, estamos siendo pre-fichados por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastaría con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

· Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean fijas, móviles, digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo.

· Toda la información de una llamada ya ha sido almacenada, antes de que las voces se escuchen, en las bases de datos de las centrales telefónicas (exchanges) involucradas. Los registros de detalle de las llamadas (CDRs) son de vital importancia para los procesos de facturación (billing), de liquidación con otras telefónicas (settlemen) y de planeación, entre otros. Sin esta información las empresas telefónicas serian inviables. La tienen y y proviene de la explotación de un bien público.

· Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización permanente con precisión; si fue de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.

· Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.

· Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips (SIM) que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han llevado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad: las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los que controlan el mercado de las telecomunicaciones: aparecer en los medios como valientes defensores de la seguridad pública y de esta manera posicionarse para las elecciones. Este objetivo ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso: se trata de utilizar la coyuntura para restringir más las garantías individuales de la población. Nuestras autoridades, tan poco efectivas con el crimen organizado, pueden utilizar esta información según les convenga.

Un poco de reflexión acerca de la realidad nos lleva a entender que semejante base de usuarios de telefonía celular poco ayudará a resolver los crímenes telefónicos. Con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio. Por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos como para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo; roban uno horas antes. Por su parte, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas y en muy contadas ocasiones son molestados por policías o soldados; ¿será diferente con los teléfonos móviles?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito.

Si no se hace así, es porque nuestro gobierno tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.

4 comentarios:

Martín Martínez Martínea dijo...

Tiene razón, no creo sirva de mucho el que se lleve un registro de este tipo ¿para que?, si realmente quisieran arreglar la inseguridad del país ya tienen las herramientas para hacerlo, mi pregunta ¿que pasara con todos aquello que no se registren? ¿realmente cancelaran el servicio perjudicando de manera evidente a las compañias telefonicas?, a mi en lo particular , que no he registrado aún mi celular, no creo me perjudique, al revés, me conviene, porque así ya no gasto tanto dinero en celulares, bueno eso digo yo, porque me quedo incomunicado cuando este en mi coche.
Pero veamos sus ventajas,
1.- Ya no me podrá localizar mi esposa tan facilmente
2.- Mis acreedores solo podrán localizarme en mi casa
¿Esto será suficiente?
Veamos que pasa.

Unknown dijo...

Hey, yo vi tu comentario en la Jornada!
Bueno, queda claro que este registro es inútil para combatir al crimen (al fin ya le vamos ganando y estàn desesperados, je). Pero mi duda es ¿Para qué nos están obligando al registro? Que hay adelante, a futuro? Aparte de lo paranoicamente obvio, de tener nuestros datos, de hacer el trabajo de la COFETEL que no sabe cuantos celulares realmente estàn activos, etc. Para que lo quieren?

José Luis León Gómez dijo...

Creo que el escenario menos paranoico es que el gobierno está buscando un efecto mediatico.
Ahora que la política se hace en los medios (Fox, Chávez) es muy importante para los gobiernos utilizar a los medios para difundir sus ideas y avances, sean estos reales o fiticios.
Visto el evidente fracaso de la "guerra" contra el crimen organizado y el clamor general ante este amenaza, el gobierno de Calderón quiere hacernos creer que está haciendo algo. Y en este propósito tiene cierto nivel de éxito, pues algunas de las personas sí creen que este registro es algo que esta haciendo contra lso secuestradores y extorsionadores. Supongo que los asesores de Calderón ya están haciendo encuestas en las que se mida qué porcentaje de los usuarios registraron su teléfono por esta razón, y qué porcentaje lo hizo por miedo a perder su linea.
Otros escenarios más "conspirativos" pueden sonar descabellados, pero en nuestro país no son improbables:
- Que la base de datos sea "sustraida" y vendida para telemarketing, como ya nos pasó con del IFE.
- Que el gobierno tenga mayor capacidad de monitoreo y vigilancia sobre la población; particularmente, sobre aquellos individuos que no le son afines.
- Que entre los clientes de la base de datos "sustraida" se encuentren los mismos secuestradores y extorsionadores. Eso sería un buen impuslos a su productividad, porque ya no gastarían tiempo en obtener el nombre de la víctima y atinarle a que tenga hijos en edad de ser secuestrados. El registro les dirá el nombre completo del usuari, su edad y la entidad federativa en la que nació (en la que muy probablemente radica).

Anónimo dijo...

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