¿Quién gana el salario mínimo?

Cada año, después de la revisión de salarios mínimos en México, se escuchan declaraciones a favor de la desaparición de esta figura y de la comisión encargada de determinarlos. Las voces provienen tanto del sector empresarial y de locutores autoerigidos en “analistas” y “líderes de opinión” , como de los representantes de los trabajadores. El argumento más usado (y originalmente emitido por el cuasiterno Fidel Velázquez) consiste en afirmar que nadie gana el salario mínimo, que todos los trabajadores ganan al menos 2 o 3 veces esta cantidad y que solamente sirve como unidad para determinar multas o penalizaciones.

Habrá que preguntar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuántos de sus asegurados están registrados con el salario mínimo. Buscamos esta cifra tanto en el sitio web de esta dependencia gubernamental, como en los del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son las instancias que deben manejar esta información de manera oficial, pero la navegación fue infructuosa. Supongo que la última debe estar muy ocupada en los pleitos personales de Lozano con los sindicatos de mineros y de electricistas, para interesarse por estas nimiedades.

Sin embargo, hay algo que podemos anticipar: la cifra no es cero. Por diversas razones hay muchos asegurados registrados con el salario mínimo. En algunos casos ciertamente se trata de una simulación; por ejemplo: los vendedores comisionistas están registrados con el salario mínimo para que tengan acceso a la prestación, aunque sus ingresos superen esta cantidad. Claro está que en caso de despido o jubilación, el número que cuenta es el registrado, no el real. Pero aparte de estos casos, sí hay un gran número de trabajadores (obreros y ayudantes generales) que están contratados con el salario mínimo, y que ese es su ingreso verdadero. Quizás los locutores y los voceros de patrones y sindicatos blancos lo ignoren (de manera activa o no), pero esa es una realidad.

Peor está el caso de miles de trabajadores que ganan menos del salario mínimo, como muchos jornaleros agrícolas (particularmente menores de edad), y el de aquellos que simple y llanamente ganan 0.00 Pesos diarios. No, es ninguna broma ni se trata de desempleados o trabajadores que laboran para la economía informal, sino de personas que prestan sus servicios para que empresas establecidas (algunas de ellas trasnacionales) puedan realizar sus operaciones económicas.

El caso más cercano es el de los empacadores (“cerillos”) que acomodan nuestras compras en bolsas o cajas mientras la cajera registra los importes y nosotros pagamos. De manera más cínica que eufemística, las grandes empresas como Walmart o Comercial Mexicana les llaman empacadores voluntarios, con un adjetivo que supuestamente las libera de la relación laboral, aunque estrictamente significa que se presentan a trabajar por su propia voluntad. Vale mencionar que, salvo los casos de esclavitud o semiesclavitud, todos los empleados se presentan en su centro de trabajo por voluntad propia, y no conducidos por la fuerza de las armas o de la violencia. La idea del terminajo es evadir las obligaciones patronales que cualquier empresa tiene con aquellos que, de manera subordinada y con herramientas y materiales propiedad de la empresa, colaboran para que sus operaciones económicas puedan ser realizadas. Los “cerillos” trabajan en los puntos de venta propiedad de la tienda, en el espacio (propio o rentado) que ella utiliza para sus operaciones y con las bolsas (etiquetadas con el logotipo de la cadena comercial) que la tienda ha adquirido para completar la operación de venta. Los empacadores están sujetos a la supervisión de personal de la tienda y deben cumplir con las condiciones de asistencia, presentación personal y procedimientos instituidos por la empresa. Cumplen con todas las condiciones de la relación laboral, excepto con la de remuneración, porque esa parte han decido las cadenas comerciales que la paguemos nosotros, los compradores.

Un caso más aberrante es el de los “gasolineros”, las personas que dispensan el combustible en las gasolinerías. No solo carecen de salario por parte de la empresa y constituyen sus ingresos con las propinas que les dan los chóferes y automovilistas; sino que además deben cumplir con una cuota de venta de productos diferentes al combustible: aditivos, aceites, etc. En caso de que sus ventas de estos accesorios sean menores a la cuota, no pueden seguir trabajando voluntaria y gratuitamente.

Los casos se repiten en muchos otros giros y se han hecho tan comunes que vemos esta práctica como normal y aceptable. No por eso deja de constituir una injusticia social, una burla a la ley e, incluso, una distorsión económica; porque a cada compra que hacemos en un centro comercial, en una gasolinería o en un restaurante, los consumidores debemos añadir la “propina”. Por supuesto que podemos no pagar este costo extra, pero al final del día muchos sí lo harán, con lo que la empresa se ahorra los salarios y costos laborales de muchos de los que, bajo sus órdenes y con sus materiales y activos, contribuyen a la operación económica. Así, el costo efectivo de los productos que compramos es más alto de lo que se registra, pues hay un componente oculto de una operación de la economía formal que de manera sistemática y deliberada se va a la informal. Esto tiene implicaciones tanto en la recaudación fiscal como en la seguridad social.