Los cuatro pilares del narcotráfico

En las últimas semanas, frente a la embestida que el crimen organizado contra el estado, nuestra clase política ha hecho declaraciones y propuestas que van desde las bárbaras puntadas del PRI y del Partido Verde Ecologista (el único partido “ecológico” conservador que hay en el mundo) acerca de instaurar la pena de muerte hasta las oportunistas propuestas del Partido Social Demócrata y de la corriente Nueva Izquierda del PRD capitalino sobre la legalización de la marihuana.

Mientras tanto, los miembros del partido conservador (PAN) que ejercen el poder continúan con una guerra sin rumbo contra el narcotráfico que no ha reducido la oferta de drogas ilegales en EE UU ni en México, pero que sí ha recrudecido la violencia en nuestro país. Y cuando la sociedad se queja, nos dicen que esto va a durar todo el sexenio, que nos acostumbremos, y que no piensan renunciar.

Ante semejantes declaraciones, vale la pena explorar el fenómeno del narcotráfico. En un blog posterior trataremos el tema de la legalización de la marihuana.

El narcotráfico se apoya en cuatro pilares y la única forma de derrotarlo o al menos mitigar sus efectos es atacar esos cuatro pilares de manera simultánea. Nuestro gobierno se ha empañado en cambio en enfrentarlos precisamente por el flanco en que son más fuertes, la violencia. Por esta razón vale la pena revisar los cuatro aspectos de esta actividad ilícita.

La violencia.

Ciertamente el estado debe utilizar su poder coercitivo para contener las actividades del narcotráfico. Sin embargo, atacar únicamente este pilar es jugar el juego de los criminales y siempre termina en baños de sangre. Lo que está pasando en México ya pasó en Colombia y en Italia, aunque no con las dimensiones y brutalidad a las que nos han pedido que nos acostumbremos nuestras autoridades. Recordemos que los narcotraficantes no tienen nada que perder; desde el momento en que se enrolaron en esta actividad, dan por perdida su vida.

Adicionalmente, en nuestro país tenemos una simbiosis descarada entre los delincuentes y los cuerpos coercitivos del gobierno. Es emblemático que uno de los grupos más violentos de esta industria ilegal, “Los Zetas” se haya formado a partir de cuerpos de elite del ejército. Y a nadie le extraña que entre las bandas de delincuentes militen ex policías, policías en activo y hasta agentes del ministerio público.

Por desgracia, nuestro presidente ha decidido que la lucha contra estos negocios ilícitos se componga únicamente una guerra sin plan ante un enemigo evasivo y a la vez omnipresente, para obtener la fuerza política que sus dos predecesores obtuvieron de las urnas.

El poder financiero y económico.

El narcotráfico es eminentemente un negocio, por cierto uno de los pocos que ejecuta a carta cabal mantras de la administración moderna como el de Just-in-time. Sus operaciones buscan la obtención de dinero en grandes cantidades y de manera más rápida que los negocios legales; lo demás lo justifica en función de este objetivo. Por eso, golpear sus estructuras financieras es un arma efectiva y contundente en su contra. De hecho, la DEA tiene bloqueadas cuentas de muchas empresas mexicanas en EE UU y ha solicitado al gobierno mexicano que haga lo mismo con compañías establecidas en nuestro país sospechosas de lavar ganancias del narcotráfico.

Sin poder financiero, el narcotráfico pierde mucho de su poder y se vuelve poco atractivo. De manera inexplicable (o explicable en demasía), las autoridades mexicanas que prisa tienen en extraditar mexicanos no han hecho gran caso a estas peticiones; a menos que aprehender a una señora sin guardaespaldas en un restaurante haya colapsado las actividades del narco, pero sabemos que no ha sido así.

La pobreza.

Nuestro país tiene al segundo hombre más rico del mundo y a decenas de millones en la pobreza. Por nuestras calles pasean autos de lujo frente a familias que tienen que sobrevivir con menos de cien devaluados pesos diarios.

Mientras las posibilidades de acceder a un nivel de vida digno de manera legal sean ofensivamente despreciables (en su acepción estadística) para la mayoría de la población, el incorporarse a actividades ilícitas seguirá siendo atractivo. No importa si se trata del narcotráfico, los secuestros o la piratería. Hay más dinero que en un empleo, si es que lo consiguen.

La impunidad.

Asociado al punto anterior está el hecho de que es estadísticamente improbable que el culpable de un delito sea condenado en nuestro país. Por ejemplo, de cien homicidios, solo cinco llegan a tribunales. En el caso del narcotráfico, los locutores de la mass media nos hablan de cerca de 6,000 detenidos en este sexenio por los llamados delitos contra la salud (lo que implica 2 detenidos por cada muerto en el mismo período, vaya costo). .

La pregunta es cuántos de estos fueron procesados; y de ese pequeño número cuántos son condenados; y de esa otra irrisoria cantidad ¿cuántos realmente purgan su condena y no viven a cuerpo de rey continuando sus actividades delictivas dentro de la prisión? Policías corruptos, averiguaciones previas mal integradas, jueces benévolos y cárceles amables son algunas de las causas de que los delincuentes trabajen sin preocupaciones.

Combinando la pequeñísima probabilidad de acceder a un nivel de vida digno con la también diminuta posibilidad de ser condenado por ejercer el narcotráfico, se entiende la facilidad con que estos grupos pueden integrar sus filas con miles de desposeídos que ven en esto su única oportunidad de hacer dinero y gozar de la vida como los poderosos.

Por si fuera poco, cínicamente aplaudimos a los ladrones de cuello blanco y no nos extraña en absoluto que muchos de ellos jamás paguen por sus delitos. Ejemplos sobran: el Pemexgate y los hijastros de Vicente Fox.

Atacar solo uno de los sostenes del narcotráfico es hacerles el juego. Calderón cree que necesita del apoyo del ejército y de impactos mediáticos para sostener su presidencia y ha llevado al país a un baño de sangre que lejos debilitar al narcotráfico, lo ha hecho más violento. Su presidencia es un hecho jurídico y hasta el PRD lo sabe, ¿por qué continua con su campaña de legitimización tan a destiempo? No sabemos de crisis de oferta de drogas en EE UU, ¿verdad? Los narcotraficantes siguen cruzando sus mercancías mientras el país se vuelve más peligroso para el ciudadano común.

¿Por qué el gobierno federal no ataca los otros tres pilares del narcotráfico? Hay muchas respuestas posibles y las más de ellas son odiosas

URGENTE. Orden de aprehensión en contra de asesor de trabajadores

En el Estado de Chiapas se ha girado una orden de aprehensión en contra del asesor de trabajadores Rosalío Hernández Beltrán, acusándolo de despojo.

Ocurre que Rosalío Hernández asesora un sindicato y el movimiento fue reprimido a golpes por la policía estatal. Adicionalmente, se giraron órdenes de aprehensión en contra de trabajadores, de Rosalío Hernández y de uno de sus colaboradores. Varios trabajadores y un colaborador del asesor sindical fueron apresados y liberados después de varios días de cautiverio. Posteriormente, todas las órdenes de aprehensión no ejecutadas fueron desistidas, con excepción de la de Rosalío Hernández Beltrán.

El patrón, con el apoyo del gobernador del estado, dice que otorga el perdón de un delito no cometido a Rosalío Hernández, si él firma un documento en el que se compromete a no asesorar a trabajadores de este estado. Dado que semejante papel es contra derecho, el asesor de los trabajadores se ha negado a firmarlo y la orden de aprehensión está vigente.

Rosalío Hernández Beltrán fue fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con Heberto Castillo, Demetrio Vallejo y Eduardo Valle. Ha asesorado a movimientos sindicales como el de Refrescos Pascual y Transportes Huerta. Fue diputado federal por el PRD y actualmente se dedica de tiempo completo a asesorar trabajadores. También ha escrito libros relacionados al tema sindical como "Los Patos y Otras Batallas" y las novelas históricas "Lombardo" y "Fidel".

Cabe mencionar que hace apenas unas semanas el mismo gobierno estatal reprimió a campesinos, hiriendo de bala a 20 personas y ejecutando con tiro de gracia a 3 de ellos que eran trasladados a un hospital. El chofer del vehículo que los llevaba también fue asesinado. No sabemos cuáles sean los límites del gobernador. Es urgente ponerle un alto para evitar que continúen los atropellos a la ley en Chiapas.

Seguridad y telefonía en México

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al muchacho chicho para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. La parte buena no es muy honesta con el villano y tiene, bien a su lado o interviniendo su línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia y del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se invento en los años sesentas cuando, supongo, la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa desde antes que sea contestada. Podríamos permitir al directo de la película que el bueno conteste para asegurarse que del otro lado de la línea está una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de varias actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables. Los legisladores están proponiendo, no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas, sino e levantamiento de un padrón de usuarios de telefonía con todo y huella digital, en el caso de los teléfonos móviles. En otras palabras, nos van a pre-fichar por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastará con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

• Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo. Un legislador propuso ayer con tibieza, y quizás con un poco de temor divino, que las empresas guarden estos datos por al menso un año. O no sabe como funcionan las empresa telefónicas, y entonces qué hace legislando sobre el tema, o es un simulacro, todo está pactado con las poderosas empresas de telecomunicaciones mexicanas, y solo se va a pedir lo que ellas ya tienen.
• Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización precisa permanente; si provino de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda o célula (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.
• Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.
• Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.
  

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada. Cierto es que queda abierta la posibilidad de que un número telefónico esté funcionando en un domicilio diferente al registrado por un problema en los proceso internos de actualización de Telmex, por negligencia de sus empleados, o por corrupción. Sin embargo, sabemos que esta empresa ya no es del gobierno, sino de la iniciativa privada y que este solo hecho, a decir de los panegíricos de las privatizaciones, la salva automáticamente de estos problemas.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips SIM que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han obligado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

Ahora que sí, como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, les importa un comino la opinión de expertos y de ciudadanos, tendrán que incluir en la ley las soluciones a muchos escenarios como la clonación de números, mecanismos ágiles para denunciar el robo y los teléfonos en flotilla.
El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad, las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los operadores telefónicos: aparecer en los medios y de esta manera posicionarse para las elecciones del año próximo. Éste, ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso. Se trata de utilizar la coyuntura política para restringir más las garantías individuales de la población. El objetivo trascendente es contar con una base de datos de las huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil más allá de las gubernamentales, como la del IFE.

Un poco de reflexión nos lleva a entender que semejante base poco ayudaría a resolver los crímenes telefónicos. Hoy, con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio; por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo, roban uno horas antes. Y de todos modos, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas sin que ningún policía o soldado los detenga; ¿será diferente con los teléfonos?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito. Si no lo hace el gobierno, es porque tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.

Estatus de la Violencia en México

A tres meses de la tragedia ocurrida durante un operativo policial en el antro “News Dive” y en medio del baño de sangre en que Calderón ha sumido a México por una supuesta guerra contra el narcotráfico, cabe reflexionar sobre el estatus de la violencia legal y no dentro del país.

Uno. En la Ciudad de México, un gobierno que se dice de izquierda pero admira las tácticas represivas que promovió en su momento un alcalde conservador en Nueva York, emprende operativos para “salvar” a los jóvenes de las drogas. De esta manera, los jóvenes son víctimas por ambos flancos; por un lado, los narcotraficantes les venden drogas sintéticas altamente adictivas y por otro, los policías los extorsionan por hacerlo, pretender hacerlo o simplemente parecer que lo hacen. En suma, por ser jóvenes. En el caso de esta tragedia evitable los medios masivos de difusión (que sólo por un abuso del lenguaje pueden denominarse de comunicación) pasaron de linchar primero al dueño del antro que vive de sembrar el alcoholismo entre sus clientes, luego a la policía y un poco a las autoridades locales. Claro que no faltó la mentalidad conservadora que echó la culpa a los jóvenes por estar ahí, y a sus padres por no amarrarlos con la firmaza suficiente a la pata del sillón de la sala de estar (viendo televisión).

Los testimonios de los sobrevivientes y las imágenes profusamente transmitidas por los noticieros y por los sitios web de los periódicos contaron historias que a los viejos nos son familiares. Policías atacando a los jóvenes que buscaban salir, autoridades dialogando con el dueño del lupanar, perversos tomando fotos a jovencitas desnudas. Muerte de jóvenes, cárcel a los ejecutores directos y libertad a los responsables intelectuales. Para completar el nostálgico cuadro un delegado, un jefe de policía y otros funcionarios que ahora no tienen responsabilidad de lo que hacen sus subalternos mientras sus acarreados defienden, sin ser jueces ni tener elementos de juicio, al delegado para de esa manera poder conservar los espacios que han robado a la ciudadanía como vendedores ambulantes. Así, ni quien extrañe los tiempos del PRI.

Dos. En Morelia dos granadas matan a 8 personas y hieren a otras cien en medio de la tradicional verbena popular, apenas unos días después de que una veintena de albañiles fueron ejecutados y tirados en La Marquesa. Por cierto, en este primer caso los medios masivos de difusión se apresuraron a calificar a los difuntos, sin pruebas fehacientes, de “narcomenudistas”. Si bien la violencia relacionada al narcotráfico y a la delincuencia organizada ya había tocado población civil con los asaltos, secuestros, extorsiones y fabricación de culpables ejecutados por delincuentes, policías y soldados de uno u otro bando (o de ambos), ahora ha rebasado los límites de los contendientes armados para atacar de manera abierta a la ciudadanía común y desarmada.

El presidente legal, que la tercera parte de los electores no acepta como legítimo, aprovecha las muertes civiles para pegarle a sus contrincantes políticos por no aceptar sus propuestas económicas, específicamente las de índole petrolera, llegando al extremo de poner en la misma cesta a los criminales autores del atentado en Morelia, a sus opositores políticos y a la población que no se alinea con su desorientada guerra. Según su extraña visión, los ciudadanos que con justificado miedo no denuncian a los delincuentes, son cómplices de ellos; y aún más, son traidores de la patria, como si estuviéramos en una guerra internacional.

¿Qué puede seguir a esto? Los legisladores federales ya se apuraron y presentaron, junto con el presidente de la República, iniciativas de ley que endurecen las penas que, dada la sospechosa mediocridad con que son elaboradas las averiguaciones previas y la generosidad que actúan los jueces, con muy poca probabilidad serán purgadas por los delincuentes. También se reduce el presupueste en materia de agricultura y de comunicaciones para acrecentar el de seguridad. Es decir, el mismo medicamento pero con una dosis más fuerte; no ha sido efectivo en lo absoluto sino todo lo contrario, pero de manera contumaz hay que incrementarlo. Hay elecciones el año que viene y si se que quedan atrás en este tema, no salen en la tele.

Por lo que tocaría a medidas para combatir la impunidad, la estructura financiera del crimen organizado, la corrupción sistémica en las policías y ya no tan esporádica en el ejército y a mejorar la educación y las condiciones sociales del pueblo para reducir las listas de reclutamiento del crimen organizado, no son negocio para los mercenarios ni sirven para apuntalar un régimen sin legitimidad y con tendencia al fascismo.

“Taxistas” Agreden a Ciudadanos y Policías en Ecatepec

En un blog pasado hacía unas recomendaciones a los automovilistas que nos visitan de otros estados de la república y que tienen la necesidad de cruzar por la ex hacienda de Berriozábal, que si bien ha cambiado su nombre a Coacalco, no ha perdido esa mística de encomienda que permite al capataz, hoy presidente municipal, y sus secuaces, hoy policías, imponerse sobre los derechos de quienes tienen la malfortuna de cruzarse en su camino. Debo admitir que las recomendaciones rayaban en obvios sarcasmos, pero por desgracia están basadas en hechos reales.

Una de ellas indicaba olvidarse del cómodo automóvil nuevo y subirse en “una camioneta de carga habilitada con unas tablas para el transporte infrahumano, pintada de blanco, con distintivos de alguna agrupación de colectivos, TUMAC y Transportes Victoria son buenas opciones.” Para reforzar la seguridad se le recomendaba al conductor: “Quítele placas y cualquier calcomanía que identifique al vehículo, deje su licencia de conductor en casa” Si alguien piensa que exagero y no desea arriesgarse a visitar la tierra de Peña Nieto, basta que en el entronque de la autopista y de la carretera libre a Pachuca, cuente la cantidad de colectivas que circulan sin placas. Si adicionalmente el conteo se realiza a las 7:00 de la mañana, también hallará varios accidentes automovilísticos ocurridas a las vertiginosas velocidades del embotellamiento matutino; le será muy difícil encontrar uno en que no esté involucrada una camioneta colectiva.

Después en otro blog sobre el inminente aumento de tarifas de transporte colectivo en el Estado de México, advertía sobre el riesgo de permitir tanta impunidad a los miembros de TUMAC, Transportes Victoria y demás pandillas de transportistas. Después de notar que no les pasa nada por manejar como animales y de golpear otros automóviles y uno que otro pasajero, pueden pensar que tampoco serán castigados por conducir drogados, ebrios o al menos sarazos. Más allá, las calles les pertenecen; bloquean las avenidas desquiciando el tráfico sin que ningún locutor de Televisa se indigne como cuando los seguidores de López Obrador tomaron el Paseo de la Reforma, se paran donde se les antoja, instalan sus terminales (“bases”, les dicen ellos de manera por demás patética, como si fueran pilotos aéreos) en donde les place robando espacios a los ciudadanos; porque ellos son “la ley”.

Así que el día de hoy, un grupo de 200 pandilleros, autodenominados “taxistas”, y abanderados por una organización eminentemente clientelar que se atreve a llevar el nombre del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, y por otra antes referida, TUMAC, agredieron a los ciudadanos coartándoles el derecho al libre tránsito sobre una de las principales avenidas de Ecatepec. Pero como no son una organización de trabajadores del volante, sino una pandilla, también ejercieron una vendetta contra los policías que acudieron al lugar en el que ellos protagonizaban su desmán. Golpearon a los policías, destruyeron las patrullas y robaron una pistola, ejecutando una venganza porque al decir sus líderes fueron reprimidos por policías durante la víspera por oponerse a unas obras municipales en la colonia que lleva el nombre de un luchador por la paz, Sergio Méndez Arceo. No afirman que fueron reprimidos específicamente por los policías que ayer salieron lesionados, pero da igual; “para que aprendan”, dicen los mensajes de otros mafiosos. De acuerdo a su lógica pandilleril, el objetivo no es castigar a quien hizo el mal, suponiendo sin conceder que así ocurrió, sino encontrar quién lo pague. Una forma nada ortodoxa pero muy difundida de “justicia”.

Grupos de choque, medios para el acarreo y para el fraude electoral; pandillas de delincuentes protegidos por los políticos priístas que, otrora en el PRI y hoy tanto en este partido como en otros, buscan imaginarios bancos de votos. ¿Algún día dejaran que verdaderos trabajadores y empresarios provean el servicio o seguiremos siendo sus victimas cautivas los millones de habitantes sin auto que habitamos la periferia de la ciudad? ¡Pero qué pregunta más inocente! El año que viene hay elecciones. Antes que castigados, los veo consentidos por políticos priístas necesitados de votos, de acarreados; y quizás de golpeadores.

Referencias:
1. El Universal; “Hiere turba de taxistas a tres policías en Ecatepec”. http://www.eluniversal.com.mx/notas/539407.html
2. La Jornada; “Ecatepec: 4 policías heridos al enfrentarse a transportistas”; http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/09/18/mas-de-200-choferes-arremeten-contra-policia-de-ecatepec

Así que siempre sí ganó el "peligro para México"

En los momentos más álgidos de la guerra sucia, modo en que el PAN decidió conducir su campaña presidencial que inició en 2006 y que hoy, a pesar de contar con el fallo favorable del tribunal, aparentemente no ha terminado, se manejó con insistencia el argumento de que López Obrador era un “peligro para México” y que de ganar él la Presidencia el país se hundiría en una crisis de proporciones catastróficas. Fue tal la generosidad con que el PAN, dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del PAN, bombardeó a la población con semejante argumento que no hubo espacio para que su candidato, Felipe Calderón, divulgara las propuestas, planes y programas que impulsaría en caso de resultar vencedor. Entre tantas propuestas que no se divulgaron está la reforma petrolera, que como consecuencia de no haber sido planteada al electorado en la campaña y dada su trascendencia económica y política, debió ser puesta a consulta con los accionistas principales de PEMEX; es decir, nosotros.
Sin embargo, hoy no quiero escribir sobre el afán de privatizar las actividades más redituables de la industria petrolera, mientras a los mexicanos nos dejan una empresa con uno de los sindicatos más corruptos, avalado apenas ayer por el gobierno panista; mucho menos de la abyecta inclinación de los “Chuchos” del PRD por reconocer y apoyar a Calderón, pues tal actitud no me extraña en lo absoluto. Provienen de un partido formado por Luis Echeverría en los setentas para contrarrestar la fuerza del naciente Partido Mexicano de los Trabajadores liderado por gente como Heberto Castillo y Demetrio Vallejo. Al invento de Echeverría lo denominaron creativamente Partido Socialista de los Trabajadores. Su fundador y líder por décadas fue Rafael Aguilar Talamantes, hábil en la manipulación de masas con necesidad de vivienda, tracionó tanto a la organización que dio origen al PMT en los setentas; como a Cuauhtémoc Cardenas en 1988, al reconocer de inmediato el “triunfo” de Carlos Salinas. ¿Qué de raro tiene ahora que la Zavaleta, el Ortega y el Acosta se desvivan por quedar bien con Calderón, aún con el costo de una reforma que va contra los principios del partido al que dicen pertenecer, o del que se han apoderado?
Hoy quiero referirme a la crisis económica en que se encuentra sumido el país a pesar de que al “peligro para México” se le alejó del poder de la presidencia, Para ello no voy a utilizar datos proporcionados por “populistas” ni por “globalifóbicos”, sino por un organismo eminentemente capitalista, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). En documento titulado "Radiografía de la economía y la industria mexicana", deducen que el segundo año del gobierno de Felipe Calderón estará marcado por la pérdida de dinamismo económico y el repunte de los precios.
En el crecimiento económico esperan apenas un 2.2%, debajo del 3.3% de 2007, y mucho muy por debajo del 7% que prometió el presidente del cambio. Para la producción industrial, decrementan sus expectativas de 1.9% a 1.2%, y para la manufacturera específicamente de 0.9% a 0.3%. En cambio, para la inflación oficial se eleva el pronóstico de 4.9 a 5.6%. Dudo mucho que los analistas hayan alcanzado a incluir los 3 incrementos a la gasolina y al diesel para este mes de agosto, por lo que habría que subir aún más esta cifra. En finanzas, tampoco ven mejoras, pues esperan un aumento en el precio del dinero, con tasas de interés de 8.2%, en lugar de 7.9%.
En el ámbito laboral, el autodenominado “presidente del empleo” reprueba igual que niño en la prueba “Enlace” o docente concursando por una plaza controlada por el SNTE. En el primer semestre de este año, el sector real de la economía generó poco más de 265,00 empleos, la cifra estacionalizada más baja en muchos años.
Si este informe, proveniente de uno de los grupos menos “populistas” y más favorecidos por la tecnocracia mexicana, muestra un panorama tan desalentador del país, no quiero preguntarles a los obreros, ni a la clase media baja, que han visto reducido de manera importante su poder adquisitivo. No quiero preguntar a los pequeños empresarios que, en comparación con los grandes consorcios que en promedio pagan setenta y cuatro pesos de ISR al año, además de la reducción del mercado, enfrentan un nuevo esquema de impuestos que los obliga a pagar siempre. Menos aún a las amas de casa de colonias populares, ni a los automovilistas que ven subir los precios del gas y de la gasolina mensualmente (bueno, este mes hubo promoción y la gasolina subirá tres veces).
Y a esto hay sumarle la ya cotidiana carnicería humana, a la que según las autoridades federales debiéramos acostumbrarnos porque al menos va durar todo el sexenio, y la inseguridad creciente para todos los niveles sociales. Mientras los grupos más corruptos del “pasado” como el SNTE o el sindicato petrolero ven reforzadas sus posiciones ¿Qué no era éste el escenario con que nos amenazaban Fox y el PAN si ganaba López Obrador? ¿Qué no fue anulado el “peligro para México”? ¿Qué la pasó a mi billete de veinte pesos? ¿Valió la pena permitir que Fox, Calderón y otras celebridades quebrantaran el estado de derecho “haiga sido como haiga sido”?

Tengo la impresión de que, como al alcalde neoyorkino de la serie ni tan infantil "Don Gato" (Top Cat), nos han timado, nos han robado, en pocas palabras, nos vieron la cara. Sí ganó el peligro para México. Y no era el Peje, sino Felipe Calderón.

Aumento de tarifas a los colectivos de pasajeros en el Estado de México

En un blog anterior recomendábamos a los visitantes de la zona de Coacalco conducir camionetas colectivas para evitar ser molestados por los policías. Aunque ciertamente se trataba de un sarcasmo, no está exento de verdad. Porque cualquiera puede observar la enorme cantidad de colectivos que circulan en la periferia de la Ciudad de México sin placas, con chóferes sin licencia, en condiciones de insalubridad y de peligro para los pasajeros, y con trato por demás déspota hacía sus clientes cautivos, los pasajeros.

La noticia es que estos sufridos cafres y sus inescrupulosos patrones, contribuyentes incansables al deterioro ambiental del Valle de México, anuncian en los vidrios de sus vehiculos[1] que la tarifa mínima será de 7 Pesos, “próximamente”. El incremento puede sonar desproporcionado para los mexiquenses (sí , los que eligieron al más guapo), que actualmente pagan 4.50 como mínimo, y abismal para los vecinos de Chilanotitlán que pagan una tarifa base de 2.50 por el mismo servicio. Sin embargo, soy ave de mal presagio, es seguro que les aprobarán un aumento sustancial. No el 75% que hoy anuncian, pero sí algo cercano, por lo que la tarifa rondará los 6 Pesos.

¿Por qué es tanta la diferencia del pasaje mínimo entre el Estado de México y el Distrito Federal? ¿Tienen acaso otro precio las gasolinas? O ¿la presión atmosférica tan diferenciada causa un consumo mayor de combustible? O será que ¿los concesionarios y chóferes de estos vehículos gozan de un trato preferencial por parte del gobierno estatal?

Aventuro la última posibilidad porque además de tarifas tan altas, estos transportistas gozan de otros privilegios. Ya comenté que tienen libertad para circular sin placas ni seguro, y que sus conductores están exentos de la licencia de manejo correspondiente y del cumplimiento de leyes y reglamentos obligatorios para el resto de los mexiquenses. No solo pueden ignorar los semáforos y otras reglas de tránsito. Pueden portar armas contundentes como bates de beisbol, blancas como desarmadores y picahielos y en algunos casos, de fuego; también pueden beber cerveza y fumar marihuana en sus terminales que ellos de manera contumaz llaman “bases”, como si fueran pilotos aviadores o astronautas. Incluso pueden bloquear la circulación de las principales vías de acceso a la Ciudad, ocasionando un caos mayúsculo a cientos de miles de personas, y extorsionar a sus compañeros que no los sigan; en tanto que el procurador estatal los disculpará diciendo que nadie levantó una denuncia o que había un carril libre de los cinco y entonces no hay delito que perseguir.

Y ya en un plan menos aventurero, hay que decir que semejantes favores no son gratuitos. Las agrupaciones de transportistas se merecen este trato por méritos propios. Han servido a la patria de manera consistente, siempre apoyando al PRI. Lo menos, transportando acarreados a los mítines del otrora invencible Partido Revolucionario Institucional; más dedicados, cuando llevaban de un lado a otro a votantes compulsivos que querían votar una y otra vez, el mismo día, así fuera en distintas casillas[2], pero en todas las ocasiones por el mismo partido. Y ya de plano, comprometidos, como grupos de choque contra rivales políticos y organizaciones populares.

Un sutil ejemplo. En 1997, Cuauhtémoc Cardenas, del PRD, ganó de manera irrebatible la jefatura de gobierno del D.F. A unos días de haber tomado el poder, los transportistas mexiquenses declararon su inconformidad con algún funcionario del gobierno del Estado de México con oficinas en Toluca. Y que mejor manera de manifestar tal inconformidad que, en lugar de importunarlo en Toluca, molestar al vecino recién llegado. Así que bloquearon todos los accesos a la Ciudad de México. No me imagino el pesar de los funcionarios toluqueños. ¿Absurdo? Por aquellos años, aún vivía Hank González, corrupto y cínico[3] político, miembro prominente del grupo más conservador del PRI, el grupo Atlacomulco. En sus años no tan mozos este ahorrativo profesor rural había sido líder de los transportistas mexiquenses y en 1997 se enfrentaba a algo que su formación no le dejaba soportar, el triunfo avasallante de la oposición. Sabía que les urnas no lo son todo y para él la política era una lucha de grupos de poderes. Así que envío a sus huestes a estrangular la Ciudad de México para demostrarle a Cardenas quienes era él y su grupo.

Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, también proviene del Grupo Atlacomulco y se ha valido de gentes como los transportistas para llegar al poder. Tiene deudas con ellos y le son útiles. Por supuesto que les va a autorizar un aumento sustancial; quizás menor a lo que alardean las camionetas colectivas, para que los locutores digan (y el pueblo repita) “”Ah, menos mal!, gracias a la intervención de Peña Nieto”

Hay otro punto preocupante, la impunidad concedida a estos grupos. El gobierno local les ha permitido ejecutar delitos abiertamente sin ser perseguidos; desde las faltas de tránsito hasta los bloqueos y el consumo de drogas en las terminales. Si hablamos con los chóferes, ya no se ven entre ellos como compañeros de trabajo, sino como miembros de la “banda”, de un grupo que “es la ley” porque hacen lo que les viene en gana sin consecuencia alguna. Para eso son muchos y, si se hace falta, hay apoyo de allá arriba. Este cambio en su propia percepción los llevará más lejos. No olvidemos que muchos de los feminicidios de Ciudad Juárez fueron perpetrados por los “ruteros”, los chóferes colectivos de allá, quienes también empezaron por sentirse más miembros de pandillas que compañeros de trabajo.

Dudo seriamente que esto le preocupe a quienes los patrocinan, permitiéndoles la violación constante de leyes y reglamentos y que “próximamente” (como dicen las cami0netas) los premiaran con un aumento de tarifa. Para esos altos funcionarios estatales con ambiciones federales las agrupaciones de transportistas son peones que hay que mantener con vida para cuando haga falta. Mientras, las víctimas de su manera de manejar, de su agresividad y de su violencia ni siquiera cuentan para nuestro guapo aspirante a la presidencia o para sus colaboradores.

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[1] Los que traen vidrios. Solidarios, aquellos que a consecuencia de un choque o de un pleito han perdido cristales y ahora los sustituyen con hules y cinta canela, también anotan el anuncio, sobre el plástico.

[2] A estas técnicas se las llama “Ratón Loco”, o bien “Operación Carrusel”. Son una aportación del PRI a la historia de la democracia mexicana, pero a últimas fechas, han sido utilizadas sin pago de regalías por el partidos “de oposición”.

[3] Hank González, profesor rural, acumuló una fortuna suficiente para que sus hijos sean dueños de bancos, galgódromos y zoológicos. Acuñó la frase “un político pobre es un pobre político”