Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Hay un lugar común en las películas gringas de espías y policíacas. El malo marca a la víctima o al héroe para amedrentarlo o darle algunas instrucciones mal intencionadas. Los buenos no son muy honestos con el villano y tienen, bien a su lado o interviniendo la línea telefónica, a un experto en telefonía con el objetivo de conocer su ubicación y acudir con la fuerza de la justicia o del imperio a detenerlo. La gastada escena nutre su acción del juego entre el malo y el bueno en torno a la duración de la llamada. El villano trata de hacerla corta y el asesor tecnológico de la víctima o del héroe le pide que haga lo posible por extenderla de tal forma que alcancen a localizar el origen geográfico. En las películas con mayor presupuesto aparecen gráficas tipo mapamundi en las que se trazando la ruta de la llamada desde del destino casi hasta el origen. La regla de dedo de los cineastas hollywoodenses marca en un minuto el tiempo necesario para ubicar al maloso (Zedillo dixit).

Esta escena se inventó, supongo, en los años sesentas; cuando la tecnología telefónica estaba basada en relevadores y las centrales públicas no tenían tecnología de computación incorporada. Quizás esto le daba al lugar común un poco de verosimilitud. Sin embargo, se ha seguido usando hasta fechas recientes cuando la tecnología de conmutación de llamadas es completamente digital y se tiene tanto el origen de la llamada como la ruta completa antes que sea contestada. Es más, sin esta información la llamada no se establece. En telefonía, a este proceso se le llama “señalización” (call setup, en inglés).

Una vez que la llamada ha sido establecida, podríamos permitir al director de la película que el bueno conteste para asegurarnos que del otro lado de la línea hay una voz malvada. Eso sí, apenas verificada la identidad o el propósito de la llamada, no hace falta más tiempo para ubicar con precisión al villano.

Esto viene a cuento porque no en una película, sino en nuestra cotidianeidad se ha dado otro lugar común: el uso de los teléfonos para la ejecución de actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y las amenazas. Sabemos de fuentes oficiales que muchas de estas llamadas provienen del interior de los reclusorios. De fuentes menos oficiales pero más confiables sabemos que la inmensa mayoría de estos delitos quedan impunes y que, ante el descontento generalizado, el gobierno mexicano ha decidido restringir más nuestras libertades ciudadanas para simular la intención de atrapar a los culpables.

Los legisladores han aprobado no obligar a las empresas telefónicas a conservar y facilitar de manera ágil la información de las llamadas contenida en los CDRs, sino en levantar de un padrón de usuarios de telefonía móvil. En otras palabras, estamos siendo pre-fichados por si algún día nos da por el secuestro o la extorsión. Incluso un diputado declaró que según la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, bastaría con que alguien levante una denuncia en la que afirme que desde mi teléfono se le está molestando para que mi línea sea desconectada; en lenguaje llano, presunción de culpabilidad antes de la investigación.

Una visión superficial, tipo locutor de radio o de televisión, asociaría la propuesta a la ignorancia sempiterna de nuestra clase política. Por mi parte, creo que el asunto tiene otros vértices que debemos explorar: el tecnológico, el comercial y el sistémico. Acerca del primer tema tenemos lo siguiente:

· Toda llamada que se cursa a través de redes públicas telefónicas, sean fijas, móviles, digitales o de Voz sobre IP, genera un registro en el que se almacena entre otros datos, el origen, el destino, la ruta que siguió, y los tiempos de establecimiento y de duración. Esta información, además de ser generada casi por omisión por las centrales públicas, es requerida por las regulaciones de todos los países y es de gran utilidad para la empresa prestadora del servicio. A partir de estos registros, llamados por lo regular Call Detail Records (CDR), se procesan las facturas, se descuentan los saldos de las tarjetas prepagadas y se obtienen estadísticas para balanceo y planeación de la red. Por estas razones, todas las empresas telefónicas los generan y los conservan por mucho tiempo.

· Toda la información de una llamada ya ha sido almacenada, antes de que las voces se escuchen, en las bases de datos de las centrales telefónicas (exchanges) involucradas. Los registros de detalle de las llamadas (CDRs) son de vital importancia para los procesos de facturación (billing), de liquidación con otras telefónicas (settlemen) y de planeación, entre otros. Sin esta información las empresas telefónicas serian inviables. La tienen y y proviene de la explotación de un bien público.

· Si una persona recibe una llamada que pueda constituir o ser parte de un delito y da parte, la empresa telefónica puede informar rápidamente el número de origen y su ubicación geográfica. Si la llamada provino de un teléfono fijo, se puede tener la localización permanente con precisión; si fue de un teléfono móvil, se puede determinar en que celda (cell, su nombre original en inglés) de la red se encontraba al presunto delincuente al momento de la llamada, un área que puede ir de unos cientos de metros a cuando mucho algunos kilómetros cuadrados.

· Si la llamada proviene de un teléfono público, una caseta, también es posible determinar con precisión el sitio de donde hizo la llamada. Aunque el delincuente intentara desplazarse muy rápidamente, no puede ir más veloz que un auto.

· Todo lo anterior es posible con la tecnología que usan las empresas telefónicas hoy en día y, dado que hacen negocio con un bien público, se les puede obligar a proporcionar esta información de manera expedita a las autoridades, con los controles y seguridades aplicables.

Por lo que toca al tema comercial, todas las líneas telefónicas fijas están asociadas a una persona, física o moral, y a un domicilio físico. Por lo tanto, es posible saber, en cuestión de segundos el origen geográfico preciso de una llamada.

Las líneas móviles en renta, también están asociadas a una persona moral o física que registra su domicilio fiscal en el contrato. En el caso de los teléfonos de prepago, la telefónica pide a los mayoristas, como prueba de venta, la garantía del equipo con los datos del usuario final. El mayorista debe pedirla a sus distribuidores, y estos a sus puntos de venta. Lo mismo debería aplicar para los chips (SIM) que contienen un número telefónico móvil. No ocurre así. La ambición y la demanda han llevado a que la distribución de los teléfonos de prepago se lleve a cabo en un esquema de red sin control efectivo, con muchas capas que pueden terminar en el comercio informal. Antes de pre-fichar a los usuarios de la llamada telefonía celular, podrían empezar por asegurar el cumplimiento de estos procedimientos.

El último tema es el sistémico. Finalmente, ¿de qué sirven tantas leyes si los encargados de hacerlas cumplir forman parte con frecuencia de las bandas del crimen organizado, a al menos han llegado a un estadio de convivencia pacífica con los delincuentes? La mayor parte de las llamadas de extorsión provienen de sitios controlados por la autoridad: las cárceles ¿Por qué no hay dispositivos que bloqueen las llamadas de teléfonos móviles en esos lugares? ¿Cómo entran tantos celulares a las prisiones?

La propuesta tiene un objetivo inmediato para beneficio de los gobernantes sin perjudicar a los que controlan el mercado de las telecomunicaciones: aparecer en los medios como valientes defensores de la seguridad pública y de esta manera posicionarse para las elecciones. Este objetivo ya ni nos sorprende. Pero el otro, el de mediano plazo, es el peligroso: se trata de utilizar la coyuntura para restringir más las garantías individuales de la población. Nuestras autoridades, tan poco efectivas con el crimen organizado, pueden utilizar esta información según les convenga.

Un poco de reflexión acerca de la realidad nos lleva a entender que semejante base de usuarios de telefonía celular poco ayudará a resolver los crímenes telefónicos. Con o sin RENAVE, todos los autos tienen asociado un propietario y un domicilio. Por supuesto que los delincuentes no son tan estúpidos como para asaltar un banco a bordo de su propio vehículo; roban uno horas antes. Por su parte, los sicarios del narcotráfico se mueven por todo el país en caravanas de camionetas de lujo con y sin placas y en muy contadas ocasiones son molestados por policías o soldados; ¿será diferente con los teléfonos móviles?

Sería más efectivo utilizar la tecnología de los proveedores de telefonía para ubicar en segundos dentro de áreas muy pequeñas a los que están utilizando un teléfono, registrado a nombre de quien sea, para cometer un delito.

Si no se hace así, es porque nuestro gobierno tiene motivos más poderosos que nuestra seguridad.

Competitividad

It's the price we gotta pay
And all the games we gotta play
Makes me wonder if it's worth it to carry on
'Cause it's a game we gotta lose
Though it's a life we gotta choose
And the price is our own life until it's done

(Twisted Sisters; “The Price”)

Abro el artículo de hoy con la letra de una canción de un grupo de rock de los ochentas porque quiero hablar de la competitividad, ese termino que se ha convertido en el objetivo último de nuestros gobiernos neoliberales y que, por virtud de algunos "gurues" de la autosuperación, es la manera de avanzar en la vida.

Cuando busco enterarme del estado y tendencias de la economía y en particular de los mercados de tecnología de información, me tropiezo con frecuencia con una palabra que, de acuerdo a los medios, debe ser perseguida de manera dogmática y casi religiosa: la competitividad. Como los locutores y reporteros no se toman la molestia de definir el término, sino que les basta con culpar de la falta de ella a los salarios y prestaciones de los trabajadores, me dí a la tarea de investigarla. Me daba la impresión, por la vehemencia con que se le trata y con la existencia de un índice, que las naciones del mundo estamos compitiendo; ahora quería saber el porqué y cuál es el premio[i].

Debo confesar que al inicio tuve el impulso académico de traer a este espacio la definición de libros especializados, pero preferí mostrarles la que usa la autoridad de facto en este tema: el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum). A final de cuentas, es la aprobación que los gobiernos neoliberales buscan; y como el que tiene el poder en México es uno de ellos, con pragmatismo trabajaremos con el concepto que esta organización tiene de competividad:

“We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. In other words, more-competitive economies tend to be able to produce higher levels of income for their citizens”[ii]

En español[iii], el WEF define a la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. No define productividad de manera directa, pero sí indica que “el nivel de productividad marca el nivel de prosperidad que puede ganar una economía”. En seguida concluye que una economía más competitiva tenderá a ser capaz de producir niveles más altos de ingresos para sus ciudadanos”. Aunque la frase parece una promesa de político priísta o chiste cantinflesco, lleva la idea de que a mayor competitividad, más dinero en los bolsillos de los habitantes de ese país.

Puesto así, difícilmente podemos estar en contra de ella. No obstante, esto me llevaba a mayores dudas mi investigación: si el objetivo es mayores ingresos para la población ¿por qué, según los locutores y reporteros especializados, son precisamente los salarios y las prestaciones de los ciudadanos el mayor obstáculo para alcanzar un nivel de aceptable de competitividad? ¿O se trata de un modelo de crear riqueza para repartirla después? Porque eso no tiene nada de novedoso. Ya lo intentó el PRI desde Miguel Alemán y fue tal el fracaso que tuvo que ser desechado por este mismo partido en la década de los ochentas. Ante la cortedad explicativa de los locutores y reporteros, preferí seguí leyendo el documento emitido por la autoridad de facto, el del WEF.

El Foro Económico Mundial define doce factores (“pilares”) que, a su juicio, forman la base de ese concepto elusivo (complejo, dicen ellos) que viene a ser la competitividad:

1. Instituciones, que se refiere al entorno institucional de una economía: leyes, cumplimiento de estas, rol del estado y ética empresarial. La reciente, y aún vigente, crisis originada por los bancos nos da una idea de la importancia de este pilar. Nuestra tradición, heredada de los encomenderos españoles que las leyes son para respetarse, pero no para cumplirse, nos deja muy mal parados en esta medición.
2. Infraestructura. Básicamente, la disponibilidad de comunicaciones físicas (carreteras, transporte), energía y telecomunicaciones eficientes y alineadas al crecimiento económico.
3. Estabilidad macroeconómica. Aunque el mismo WEF dice que “ciertamente, las estabilidad macroeconómica, por sí sola, no puede incrementar la productividad de una nación”[iv], éste parece ser uno de los dos (de doce) aspectos al que nuestro gobierno y los especialistas prestan atención en serio.
4. Salud y educación básica. Si ambages, el WEF establece que la salud de los trabajadores es útil porque así estos serán productivos y funcionarán a todo su potencial[v]. Luego, el derecho a la salud en México es necesario no sólo porque es fruto de una revolución, sino porque conviene a la competitividad. Por lo que toca a la educación básica, el WEF afirma que incrementa la eficiencia de los trabajadores. Al menos en el largo plazo, los gobiernos deben evitar reducir de manera significativa los recursos asignados a estas áreas, indica el WEF. Dejo a los hipotéticos lectores de este blog calificar cómo cumple el gobierno mexicano con este pilar.
5. Educación superior y capacitación. El WEF afirma que estos temas son cruciales para las economías que quieran subir en la cadena de valor. Tal parece que nuestro gobierno no leyó esta parte cuando decidió reducir los recursos a la educación superior, incluso a la mejor universidad de Hispanoamérica, la UNAM. Por lo que toca a la capacitación dentro del ambiente laboral, el WEF la considera de suma importancia para las necesidades cambiantes de una economía en evolución y observa que es desatendida por muchas economías. En México, se ha optado porque sean las universidades las que ejecuten esta labor, o los mismos empleados (mediante el esquema de las “certificaciones)”, liberando a las empresas de esta responsabilidad[vi].
6. Eficiencia del mercado de bienes. Es en este tema en el que el WEF se da vuelo indicando que un mercado no puede ser eficiente si hay distorsiones como impuestos gravosos, reglas discriminatorias o restrictivas para la inversión extranjera directa. No hay sorpresa, ese es el estado ideal para esta organización: apertura total y cero proteccionismo; acciones que no siempre siguen las economías desarrolladas, por cierto. Vale mencionar que para contar con un mercado eficiente, el WEF recomienda una competencia sana. Creo que en este punto, nuestra economía y nuestro gobierno obtendrán calificaciones reprobatorias, con un oligopolio (Televisa y TV Azteca) controlando la televisión y la radio; con otra empresa con la mayor tajada del mercado de telefonía nacional[vii]; y con el esfuerzo denodado de Calderón y Lozano porque una sola empresa opere completa la mayor red de fibra óptica del país, la compuesta por la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) unida a la de la (extinta pero sub júdice) Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
7. Eficiencia del mercado laboral. El objetivo de este “pilar” es asegurar que los trabajadores estén asignados a su empleo[viii] más eficiente en la economía y con los incentivos para dar su mejor esfuerzo. Lo que sigue es la aspiración de los empresarios ambiciosos y conchudos: “los mercados laborales deberán tener la flexibilidad para cambiar a los trabajadores de una actividad económica a otra rápidamente y a un bajo costo, y permitir fluctuaciones de sueldo sin trastornos sociales”.

Me pregunto cómo aplicaran esto los japoneses, para quienes la permanencia en un mismo empleo toda la vida es sinónimo de eficiencia y de calidad. Lo que el WEF pide es, nada más, que los trabajadores puedan ser movidos como fichas en un tablero de una industria a otra, con los consecuentes cambios de sueldo (¿hacía arriba o hacía abajo?), sin que se les ocurra protestar, exigir u organizarse. En este contexto, antigüedad, planes de carrera, desarrollo profesional, lealtad laboral y estabilidad económica del trabajador son conceptos que estorban la competitividad (creo que sí estamos compitiendo con países semiesclavistas).

Adicionalmente, el WEF indica que “se debe asegurar una relación directa entre los incentivos y los esfuerzos de los trabajadores”. Si bien la palabra “esfuerzos” suena más suave que “resultados”, una interpretación no esforzada nos llevaría a un esquema de sueldo base más bonos o comisiones, en el que el sueldo base debe ser pequeño para dejar mayor margen a la relación directa entre “esfuerzo” e “incentivo”. En México ya hemos avanzado en este sentido pues desde hace años tenemos: para los obreros, el pago a destajo; para los jornaleros, el pago por tanto; para los vendedores, las comisiones; y para los profesionistas, los bonos. En este pilar si somos de los punteros, y para asegurarlo está la iniciativa Lozano que reciente ha presentado en el Congreso el Partido Acción Nacional.

8. Sofisticación del mercado financiero. Después de que las crisis pasadas (Enron, Lehman Brothers, etc.) han evidenciado lo perjudicial de un mercado financiero “auto-regulado” (según el dogma repetido tanto hace unos años), el WEF propone uno más “sofisticado”; es decir, con la regulación apropiada que proteja a los inversionistas y a otros actores económicos.

En el mismo rubro, el WEF recomienda que los recursos financieros se asignen a los proyectos con las mejores tasas de retorno de inversión y no a los “políticamente conectados”. Habría que definir con precisión qué son proyectos “políticamente conectados”; si se refiere a esa avalancha de obras públicas que desordenan nuestras vidas antes de cada elección, estamos de acuerdo; si se refiere a los proyectos cuyo fin implícito es asegurar el futuro económico de un político o de dar negocio a sus amigos, también de acuerdo.

En cambio, si la frase del WEF se refiere a proyectos de desarrollo social, hay punto de debate. Si bien es válido priorizar los proyectos por su tasa de retorno en los países desarrollados, en los que la mayor parte de la población tiene acceso a los satisfactores básicos; es de dudosa eficacia tomar un criterio similar en un país subdesarrollado en el que los más de sus habitantes viven en la pobreza, no solo por las implicaciones sociales y éticas, sino también porque esto ha conducido en México a un mercado con millones de consumidores sin poder de compra.

Cabe mencionar que el WEF finalizar el apartado relativo a este pilar subrayando la necesidad de transparencia y regulación en el sector financiero[ix]. Sin embargo, no veo en el corto plazo intención del gobierno mexicano de tomarle la palabra en este tema al WEF.

9. Preparación para la tecnología, definida como la manera de medir la de una economía para aprovechar las tecnologías existentes, particularmente las de tecnología de información y telecomunicaciones, en la mejora de sus industrias. En este tema, el WEF afirma que no es importante que, para efectos de la competitividad, la tecnología usada haya sido desarrollada por el país o en el extranjero, sino que las empresas que operan en él tengan acceso a productos y diseños avanzados, así como la capacidad de aprovecharlos. Para el WEF, una de las fuentes clave de tecnología es la inversión extranjera directa (IED); no habla de que los dineros locales inviertan en desarrollo de tecnología sino que ésta sea traída por los capitales externos.

Puede sonar muy oportuno y hasta abusivo por parte de los países en desarrollo: tener acceso a tecnología avanzada sin invertir dinero local, sino a costa de plata externa. Es difícil creer que los inversionistas extranjeros van a traernos tecnología avanzada sin buscar provecho alguno. Para empezar, buscan un rendimiento monetario: ganancias que llevar al país de origen de los capitales. Adicionalmente, la tecnología reciente está protegida por patentes y derechos de propiedad intelectual; lo que están trayendo al país es el derecho de uso, no la tecnología como tal. Incluso suena lógico que sean las empresas con capital extranjero (IED) las que puedan aprovechar esa tecnología y no las locales; a menos que paguen esos derechos, but of course. El riesgo para el país es hacerse dependiente de tecnologías extranjeras, como es el caso de las industrias farmacéuticas y de tecnología de información y telecomunicaciones. Para colmo, a falta de tecnología propia los países subdesarrollados pueden convertirse en basureros tecnológicos. Un ejemplo: en México existe al menos un banco con capital español (IED) que utiliza un sistema central de software ¡elaborado en Cobol! Dudo mucho que eso sea acceso a tecnología de punta.

10. Tamaño del mercado. El WEF considera que esta variable afecta la productividad por la posibilidad de aprovechar las economías de escala. Mientras afirma que existe una “vasta evidencia empírica” de que el tamaño del mercado está asociado con la apertura comercial, reconoce que investigaciones recientes (entre 1995 y 2009) arrojan dudas sobre esta relación.

El caso de México es emblemático, pues la apertura comercial desenfrenada emprendida desde el sexenio del inicio del Salinato[x], ha reportado una derivada negativa en el caso del producto interno bruto (PIB). Es decir, para conocer la tendencia real no basta con comparar el PIB de uno y de otro año, sino que esta cantidad se grafica, y se obtiene la función matemática que la modela (y=PIB(año)), Después se obtiene la derivada de esta función y observamos la tendencia; que en nuestro país es claramente negativa.

11. Sofisticación del entorno de negocios. Se refiere a la calidad de las redes de negocios a nivel nacional, así como de las estrategias y operaciones de las empresas. De acuerdo al documento del WEF, es más relevante en países desarrollados, en los que las fuentes de mejora en la productividad han sido aprovechadas al máximo. Evidentemente, ese no es el caso de México.
12. Innovación. Otro pilar que no se aplica a países subdesarrollados: ocurre que, nuevamente según el WEF, los beneficios obtenidos por mejoramiento de las instituciones, de la infraestructura, de la diosa postmoderna estabilidad macroeconómica, del capital humano (léase “ventajas laborales”), y de otros factores de esta definición de competitividad, llegan finalmente a un estado de rendimientos decrecientes. Por esta razón, las economías que hayan arribado a esta fase tienen que recurrir a la innovación; es decir, diseñar y desarrollar productos y procesos de avanzada que les permitan mantener un filo competitivo.

Quizás porque la definición de este pilar se parezca un poco a esos malos diccionarios, que definían algo como “acto y efecto” de lo que a su vez era definido como “dícese de lo relativo a” lo primero; el WEF abunda en la necesidad de un ambiente que favorezca la innovación, en qué esto implica una inversión suficiente en investigación y desarrollo, especialmente en el sector privado, y en que se deben resistir las presiones para reducir los presupuestos correspondientes, tanto en el sector público como en el privado.

Esto me recuerda el caso de locutor, que visitó el campus Hispano de la Universidad del Valle de México (privada) para impartir una conferencia “magistral” (el entrecomillado es del autor y pleno de sarcasmo). Me preguntó si, en su afán de propagandista neoliberal, Sergio Sarmiento habrá leído algunos documentos del WEF. Porque en esa ocasión afirmó que México no debería de invertir en educación ni en investigación; que había que hacerle como los japoneses, que no desarrollaban, sino que aprovechaban (eufemismo que en la calle se traduce como “copiaban” o “pirateaban”) la tecnología de otros. Como él, más locutores bien pagados por sus patrones insisten en la doctrina salinista sin detenerse a leer lo que publica el WEF. Lo que más me inquieta aún son los aplausos que le prodigaron los profesores de esa institución, algunos con estudios de maestría y doctorado; niveles de preparación relacionados de una u otra manera con la investigación.

Revisando las definiciones que una de las instituciones neoliberales con mayor autoridad emite en torno a la competitividad, se observa que el gobierno mexicano solo se aplica en la que toca a la eficiencia del mercado laboral. Y además pretende competir con las condiciones laborales que mejor convengan los inversionistas, incluso a costa de regresar a niveles de relación laboral del siglo XIX.

Es aquí donde me preocupa tanto la palabra competir. Estamos compitiendo solo en uno de los doce rubros que manda el WEF y nuestros competidores son países en el que las condiciones de trabajo son de semiesclavitud o de plena esclavitud. ¿Cómo les ganaremos? ¿Superando sus niveles de degradación?

La iniciativa Lozano está en el Congreso. Sin considerar el quinto pilar de la competitividad establecido por el WEF, el gobierno mexicano regresa a la época priísta y omite informar al pueblo y a los empresarios medianos y pequeños de su contenido. Mañosamente, no atiende las necesidades particulares de México, ni los otros pilares propuestos por el WEF.

Retomando el estribillo de la canción del epígrafe, ¿cuál es el precio de esta competencia? Para muchos habitantes, su vida productiva misma.

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[i] De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, competitividad significa “capacidad de competir” y “rivalidad para consecución de un fin”. Por su parte, el verbo competir se define en la misma obra como “contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa” cuando se habla de 2 o más personas, y como “igualar a otra análoga, en la perfección o en las propiedades”, cuando se habla una sola cosa. Así que, en español, la competitividad se refiere a competir con otro en busca de un mismo objetivo, o a buscar igualar las características de otra cosa. Por eso siento escalofríos cuando se pide que nuestra economía sea competitiva, pues no me queda claro cuál es ese fin, ese objetivo por el que estamos compitiendo: ¿los salarios más bajos?, ¿servir de una enorme maquiladora para tecnología ajena? Peor aún si nos vamos por la segunda acepción: ¿a quien debemos igualar para ser competitivos? ¿a China con las condiciones de semi-esclavitud de los niños que elaboran los juguetes de McDonald’s?

[ii] World Economic Forum; “The Global Competitiviness Report 2009-2010”; pp 4

[iii] Traducción del autor

[iv] “it is certainly true that macroeconomic stability alone cannot increase the productivity of a nation”; ibid, pp 5

[v] “A healthy workforce is vital to a country’s competitiveness and productivity. Workers who are ill cannot function to their potential and will be less productive. Poor health leads to significant costs to business, as sick workers are often absent or operate at lower levels of efficiency. Investment in the provision of health services is thus critical for clear economic, as well as moral, considerations”; ibid, pp 5

[vi] Sobre este tema, y en el ámbito de la tecnología de información, les recomiendo mi artículo “Universidades, ¿formadoras o informadoras?” elaborado hace ya varios años y por desgracia, aún pertinente. El URL es http://joseluisleongomez.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

[vii] Telmex; Reporte “First Quarter 2009”

[viii] use, es la escalofriante palabra inglesa que viene en el documento del WEF

[ix] “In order to fulfill all those functions, the banking sector needs to be trustworthy and transparent, and—as has been made so clear recently—financial markets need appropriate regulation to protect investors and other actors in the economy at large.”; ibid, pp 6.

[x] Período de la historia de México que se inicia con la toma del poder por Carlos Salinas, acontecida en 1988 después de unas elecciones muy cuestionadas en las que se presume un fraude sobre Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano , y cuyo final no está claro: pudo haberse extendido hasta el sexenio de Ernesto Zedillo o perdurar incluso a la fecha.

¿Quién gana el salario mínimo?

Cada año, después de la revisión de salarios mínimos en México, se escuchan declaraciones a favor de la desaparición de esta figura y de la comisión encargada de determinarlos. Las voces provienen tanto del sector empresarial y de locutores autoerigidos en “analistas” y “líderes de opinión” , como de los representantes de los trabajadores. El argumento más usado (y originalmente emitido por el cuasiterno Fidel Velázquez) consiste en afirmar que nadie gana el salario mínimo, que todos los trabajadores ganan al menos 2 o 3 veces esta cantidad y que solamente sirve como unidad para determinar multas o penalizaciones.

Habrá que preguntar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuántos de sus asegurados están registrados con el salario mínimo. Buscamos esta cifra tanto en el sitio web de esta dependencia gubernamental, como en los del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son las instancias que deben manejar esta información de manera oficial, pero la navegación fue infructuosa. Supongo que la última debe estar muy ocupada en los pleitos personales de Lozano con los sindicatos de mineros y de electricistas, para interesarse por estas nimiedades.

Sin embargo, hay algo que podemos anticipar: la cifra no es cero. Por diversas razones hay muchos asegurados registrados con el salario mínimo. En algunos casos ciertamente se trata de una simulación; por ejemplo: los vendedores comisionistas están registrados con el salario mínimo para que tengan acceso a la prestación, aunque sus ingresos superen esta cantidad. Claro está que en caso de despido o jubilación, el número que cuenta es el registrado, no el real. Pero aparte de estos casos, sí hay un gran número de trabajadores (obreros y ayudantes generales) que están contratados con el salario mínimo, y que ese es su ingreso verdadero. Quizás los locutores y los voceros de patrones y sindicatos blancos lo ignoren (de manera activa o no), pero esa es una realidad.

Peor está el caso de miles de trabajadores que ganan menos del salario mínimo, como muchos jornaleros agrícolas (particularmente menores de edad), y el de aquellos que simple y llanamente ganan 0.00 Pesos diarios. No, es ninguna broma ni se trata de desempleados o trabajadores que laboran para la economía informal, sino de personas que prestan sus servicios para que empresas establecidas (algunas de ellas trasnacionales) puedan realizar sus operaciones económicas.

El caso más cercano es el de los empacadores (“cerillos”) que acomodan nuestras compras en bolsas o cajas mientras la cajera registra los importes y nosotros pagamos. De manera más cínica que eufemística, las grandes empresas como Walmart o Comercial Mexicana les llaman empacadores voluntarios, con un adjetivo que supuestamente las libera de la relación laboral, aunque estrictamente significa que se presentan a trabajar por su propia voluntad. Vale mencionar que, salvo los casos de esclavitud o semiesclavitud, todos los empleados se presentan en su centro de trabajo por voluntad propia, y no conducidos por la fuerza de las armas o de la violencia. La idea del terminajo es evadir las obligaciones patronales que cualquier empresa tiene con aquellos que, de manera subordinada y con herramientas y materiales propiedad de la empresa, colaboran para que sus operaciones económicas puedan ser realizadas. Los “cerillos” trabajan en los puntos de venta propiedad de la tienda, en el espacio (propio o rentado) que ella utiliza para sus operaciones y con las bolsas (etiquetadas con el logotipo de la cadena comercial) que la tienda ha adquirido para completar la operación de venta. Los empacadores están sujetos a la supervisión de personal de la tienda y deben cumplir con las condiciones de asistencia, presentación personal y procedimientos instituidos por la empresa. Cumplen con todas las condiciones de la relación laboral, excepto con la de remuneración, porque esa parte han decido las cadenas comerciales que la paguemos nosotros, los compradores.

Un caso más aberrante es el de los “gasolineros”, las personas que dispensan el combustible en las gasolinerías. No solo carecen de salario por parte de la empresa y constituyen sus ingresos con las propinas que les dan los chóferes y automovilistas; sino que además deben cumplir con una cuota de venta de productos diferentes al combustible: aditivos, aceites, etc. En caso de que sus ventas de estos accesorios sean menores a la cuota, no pueden seguir trabajando voluntaria y gratuitamente.

Los casos se repiten en muchos otros giros y se han hecho tan comunes que vemos esta práctica como normal y aceptable. No por eso deja de constituir una injusticia social, una burla a la ley e, incluso, una distorsión económica; porque a cada compra que hacemos en un centro comercial, en una gasolinería o en un restaurante, los consumidores debemos añadir la “propina”. Por supuesto que podemos no pagar este costo extra, pero al final del día muchos sí lo harán, con lo que la empresa se ahorra los salarios y costos laborales de muchos de los que, bajo sus órdenes y con sus materiales y activos, contribuyen a la operación económica. Así, el costo efectivo de los productos que compramos es más alto de lo que se registra, pues hay un componente oculto de una operación de la economía formal que de manera sistemática y deliberada se va a la informal. Esto tiene implicaciones tanto en la recaudación fiscal como en la seguridad social.

La Coparmex-DF y su modelo matemático

En medio del conflicto iniciado por la decisión de Calderón, de destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los trabajadores han planteado una serie de acciones de protestas para hoy Viernes 4 de diciembre. Esto era previsible, y aunque las amparan diversas leyes, estas actividades no dejarán de afectar al ya de sí caótico tránsito en la Ciudad de México. Aquellos que puedan, tomarán sus providencias para aminorar los retrasos y los embotellamientos. Habrá también un grupo de automovilistas que, contumaces, saldrán a la misma hora para recorrer las mismas avenidas quizás con la esperanza de que todo sea normal, y que terminarán despotricando airadamente contra una acción que ya sabían que ocurriría y , dado el "diseño" de la ciudad y la ineficacia de las policías de tránsito, les efectará de manera ineluctable.

No obstante, la mayor parte de la población no tiene otra alternativa que desplazarse y enfrentar los retrasos y atascos de tránsito. Para los fans de la tecnología, es tan difícil concebir que en pleno siglo XXI, en un país miembro de la OCDE, la única manera de hacer su trabajo para millones de personas, muchas de ellas profesionistas, sea la presencial. Es el aprovechamiento que un país sin estrategia de tecnología de información (TI) y sujeto a mentalidades medievales da a Internet, y a las telefonías fija y móvil.

Bueno, por una parte está el atraso en este sentido, y por otra, un asombroso avance en la capacidad de estimación de pérdidas económicas por las protestas. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el DF (COPARMEX-DF) declaró ayer que dichas pérdidas ascenderán a 10 millones de pesos si las acciones de protesta duran 4 horas. Si exceden este tiempo, las pérdidas se incrementarán.

Tal precisión me interesó sobremanera: ¿por qué una cifra redonda? ¿qué tal 9 millones? O mejor aún, ¿qué les parece 11,234,123.50 pesos? ¿Con qué modelo matemático realizó la estimación? Luego, si las protestas duran más de 4 horas: ¿el incremento será lineal, exponencial o logarítmico?

De ser cierto que la COPARMEX tiene en sus filas los actuarios y matemáticos que han desarrollado tal modelo y además cuenta con la base de datos (confiable, but of course) que permite afirmar puntualmente el monto de las pérdidas para un conjunto de eventos que incrementan el caos en un escenario poco predecible, tiene la obligación moral de compartirlo con la humanidad.

Si es tan preciso en eventos casi aleatorios, podría ser utilizado con niveles de certidumbre muy altos para valorar las pérdidas económicas sufridas no solo por el sector comercio, sino también en el bolsillo de los ciudadanos, por la instalación regular (pertinaz es más apropiado) de tianguis y de terminales de transporte público en nuestras calles y avenidas; así como por la ejecución inmisericorde de obras públicas que desvían el tránsito sin previo aviso.

“Señor Barba, presidente de la Coparmex-DF: ¿sería tan amable de utilizar su maravilloso modelo matemático para responder a los pobladores de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y anexas, el monto de las pérdidas económicas por la repavimentación de la Vía López Portillo? Por su atención, gracias.”

Actualización:

El día Sábado 4 de diciembre, la vida de los municipios conurbados a la Ciudad de México, mencionados en el párrafo anterior, fue alterada a niveles extremos por un acto publicitario: "La Caravana Coca Cola". Con la noble finalidad de hacerse propaganda, esta empresa organizó un desfile que requirió del bloqueo de la principal vía de tránsito al norte de la ciudad, la Vía López Portillo. En vano espere que los comentaristas de Televisa y TV Azteca, que se desgarran las vestiduras por las protestas del SME, hablaran del caos ocasionado por el desfile con indignación y coraje. No fue así. Decenas de miles de personas perdieron horas de su Sábado por un acto que no defendía derecho alguno, sino que únicamente promocionaba una marca de agua carbonatada con cafeína. Tan solo como ejemplo: el trayecto del fraccionamiento "Héroes Tecámac" a Coacalco (aprox. 4 km) tomaba 3 horas. Mientras los conductores apagaban sus motores aburridos, los pasajeros de transporte público avanzaban por las banquetas y por las orillas de las carreteras.

Quizás a falta de justicia humana, el destino tomó en sus manos el asunto y me permitió ver a una señora que a eso de las 11:30 de la noche vendía refrescos de lata a los automovilistas atascados en la carretera llamada "Recursos Hidraúlicos". ¿Saben de qué marca? Por supuesto: ¡Pepsi Cola!

Luz y Fuerza. Corrupción y Liderazgo

“Business leaders have the difficult task of acting as role models every hour of every day”
(Andrew Brown)

Una de las razones que el gobierno esgrime, tanto en discursos como en anuncios comerciales transmitidos en tiempo oficial (nuestro) a través de los medios masivos de difusión, para la extinción de Luz y Fuerza es la corrupción de los trabajadores y del sindicato.

Calderón recurre en cantidad a este argumento porque es el que más le llega al ciudadano común: al que tuvo que soportar las enormes filas y el mal trato de los empleados de ventanilla de Luz y Fuerza; al que se enfrentó a la disyuntiva de ofrecer algo “para los refrescos” a los trabajadores de campo de esta empresa para que le solucionaran su problema técnico con rapidez, o esperar a que el proceso se ejecutara de acuerdo a tiempos burocráticos.

Rara es la persona que no se queja del servicio eléctrico; aunque cabe mencionar que lo mismo se aplica para los usuarios de otros servicios públicos y privados. Yo mismo recomiendo con frecuencia a los clientes de la consultoría, la instalación de equipos de respaldo y de filtrado para protección de sus centros y equipos de cómputo, en virtud de la mala calidad y de la poco confiable disponibilidad del suministro de energía eléctrica. Eso sí, la recomendación se hace tanto a los clientes de Luz y Fuerza como a los de la Comisión Federal de Electricidad.

Más aún: la corrupción no es privativa de los organismos públicos. También existe en el sector privado e incluso en las empresas trasnacionales. Solamente que los mecanismos de control que se establecen para proteger los intereses de los accionistas reducen el margen de acción de los transas (o “bizneros”, como en ese ámbito se les denomina). Una vez salvados los intereses de los accionistas, la corrupción es tolerada y, aunque sea de manera tácita, alentada.

No olvidemos que una de las lecciones más interesantes de la apertura telefónica fue el by-pass o “tráfico gris”; es decir, el proceso técnico en el que los operadores de larga distancia con capital extranjero cambiaban el número de origen de una llamada internacional proveniente de otro país, por un número local. La disfrazaban de una llamada local para no pagar a Telmex el costo de terminación de llamada internacional (un costo exagerado si se comparaba con el otros países, pero legal a fin de cuentas). Corrupción que ahí se llama business y no tranza.

De cualquier modo, realmente sería una falsedad afirmar que en Luz y Fuerza (como en otras empresas) no hay corrupción. Y menos ahora que Televisa y TV Azteca se han encargado de recordarlo de manera constante a sus televidentes. Por esto sería interesante preguntarnos el porqué de la omnipresencia de la corrupción en nuestras organizaciones.

La explicación más facilona, y por ende preferida de los locutores, es recurrir al malinchismo, que culpa a los mexicanos quienes por definición son corruptos, o a su complemento, el chovinismo que lo presume como si fuera una virtud de nuestro pueblo.

Históricamente, podríamos encontrar las raíces de esta mala costumbre en la desobediencia que los encomenderos españoles presentaron frente a las Leyes de Indias promulgadas por sus monarcas, al otro lado del Atlántico. Su cínico argumento persiste todavía en la moral de los corruptos: “Las leyes son para respetarse, que no para cumplirse”.

Socialmente, la corrupción ha encontrado un campo fértil en una sociedad en la que las diferencias sociales son abismales, en la que el poder económico se valora sobre el resto de las cosas, y en la que prácticamente las únicas vías de movilidad social que quedan disponibles son la corrupción y la delincuencia.

Pero como tenemos un gobierno empresarial al que le importan un comino la historia y la sociología (Fox era un lector, de libros de mercadotecnia, según su encargada de cultura), busquemos la explicación en los libros de administración de empresas, dentro del tema de liderazgo.

Por lo que toca a los teóricos del liderazgo, tanto John Adair (Liderazgo centrado en la acción), como Hersey & Blanchard (Liderazgo situacional), Tichy (Motor del liderazgo) y Collins (Liderazgo Nivel 5), coinciden en que el líder tiene unas responsabilidad muy alta hacía la organización por sus actos, pues de una u otra forma incide en el comportamiento tanto de la empresa como de cada uno des sus miembros.

Esta influencia puede ser muy subliminal, tácita, como la que ejercieron sobre nosotros algunos profesores en temas ajenos a la materia que nos impartían. Puede ser explícita y buscada, como intentan la mayor parte de los políticos; o bien, llegar al grado de institucionalizarse mediante procesos o procedimientos. Así, la mayor parte de los conservadores buscan que los demás seamos tan santos como ellos no solamente con su ejemplo (bueno; Fox, Creel y Pancho Cachondo no cuentan), sino con la imposición de leyes que penalizan el aborto y los comportamientos sexuales diversos.

Como se puede desprender de los ejemplos anteriores, la influencia tiende a ser más fuerte cuando el afán de influir no es tan ostensible. Si mi padre fue trabajador, es muy probable que yo lo sea, aunque jamás me lo haya dicho explícitamente. En cambio, la búsqueda por influir solamente funciona cuando hay una congruencia entre el decir y el hacer del líder. Mao pudo pedir y lograr que millones de chinos trabajaran tan o más duro que él, porque él era congruente con su discurso. No me imagino que el adúltero de Fox (según su biblia católica, pues vive con otra mujer cuando la primera aún vive) pueda imponer a la familia nuclear monogámica y heterosexual como única posible.

Las acciones del líder permean más rápido hacía los niveles debajo de él que su discurso, congruente o hipócrita. Un líder con visión hacía adelante, influirá para que la organización avance; uno con visión conformista, alentará o detendrá el progreso. Un líder honesto hará más infrecuente y difícil la ejecución de actos indebidos; uno corrupto, enseñará, quiera o no, una doctrina de corrupción a los niveles inferiores.

No solamente las influencias explícitas llegan a materializarse en procedimientos y leyes, también las tácitas. Pero como son implícitas y, en el caso de la corrupción, indecibles, no se graban en leyes sino que se institucionalizan en procesos y procedimientos que la permiten. El ejemplo más inmediato es el “entre” en la policía: la cantidad de dinero que los oficiales deben pagar cada turno a sus superiores, y de la que estos a su vez, pagan parte a sus comandantes. No está en el reglamento interno ni en el manual de procedimientos. No obstante, prevalece porque no hay mecanismos efectivos que lo impidan.

De manera más discreta, esto ocurre en el resto de las organizaciones, con especial énfasis en las públicas. No está escrito que se deba ser corrupto, pero es más fácil serlo que no. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes de las organizaciones? ¿Permear un espíritu de honestidad o de corrupción? ¿Establecer, con el poder que les da el puesto, procedimientos que impidan la corrupción, o que la permiten y alienten? ¿Recibir su parte del “botín de guerra”, o quizás dejar que los de abajo roben centavos para que él tome los pesos?

Regresando al caso de Luz y Fuerza, ¿la corrupción de los empleados era resultado de su innata maldad y de la malsana protección del sindicato? En tantos años de no extinción, ¿qué hicieron los líderes nombrados y pagados por el gobierno para cambiar esta situación? ¿Qué permearon hacía abajo? ¿Honestidad, corrupción o valemadrismo?

Sinceramente, no creo que Luz y Fuerza sea un caso excepcional que no quepa en los libros de liderazgo que nos ha traído la globalización.

Los extraños cálculos financieros de Felipe Calderón

La edición de hoy, Martes 27 de octubre de 2009, de La Jornada da a conocer los documentos Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y Diagnóstico de Luz y Fuerza. A pesar de que los documentos tienen una clara tendencia a culpar a los trabajadores de la quiebra no declarada de esta entidad, no pueden evitar mencionar que la mayor proporción de los costos de la empresa caía no en la nómina, sino en su proveedor más importante, que resulta ser otra empresa del mismo dueño: la Comisión Federal de Electricidad. La facturación de este proveedor ascendía a más de 100,000 millones de Pesos y, dado que por decisión del mismo dueño, Luz y Fuerza del Centro debía vender la energía a él comprada a un precio notablemente inferior, había una pérdida de cerca de 40,000 millones de Pesos. En números fríos: lo que CFE facturaba en 1.38 Pesos, Luz y Fuerza lo vendía en 0.98 Pesos a los usuarios comunes, y en 0.45 Pesos a los clientes preferenciales . La rentabilidad de estas operaciones era, para efectos prácticos, cuasi-lineal con una pendiente negativa; en lenguaje llano: a mayores ventas, mayores pérdidas. Suena absurdo, sino que estúpido, para un gobierno que representa a los empresarios y que supuestamente se guía con un lógica de rentabilidad económica.

No obstante, la historia tiende a repetirse cuando los protagonistas no la conocen y mucho menos ejercen su papel histórico. En los años cincuentas les tocó a los ferrocarriles; tampoco eran negocio. Solamente que el sindicato de ferrocarrileros, encabezado por el admirable Demetrio Vallejo, descubrió la razón de falta de rentabilidad: a las compañías mineras privadas (extranjeras en su mayoría) se les cobraba el transporte a una tarifa por debajo del costo. También se establecía una función lineal decreciente: a mayores ventas, más grandes las pérdidas. El sindicato, más preocupado que el dueño por la rentabilidad de la empresa, propuso que el gobierno (el pueblo) no subsidiara mas a estos empresarios que no únicamente saqueaban nuestro subsuelo, sino que además eran beneficiados por tarifas de transporte incosteables. No tengo duda alguna de que esta propuesta, junto con las prestaciones y condiciones dignas de trabajo que Vallejo buscó para los trabajadores ferrocarrileros, lo llevaron a la cárcel por más de 11 años.

Sobre este particular queda una pregunta en el aire: suponiendo que el gobierno tiene éxito en su objetivo de desaparecer a Luz y Fuerza (cosa probable mas no segura, dada la resistencia social que ha encontrado y los defectos jurídicos de la acción misma), ¿qué va a pasar con las tarifas preferenciales que Luz y Fuerza ofrecía a sus clientes preferenciales? ¿Se las actualizará la Comisión Federal de Electricidad en el siguiente recibo? Partiendo del supuesto de que al CFE, por ser “una empresa eficiente y de clase mundial”, obtuviera un margen de 20% con la venta de energía a LyF (107 millones de Pesos), sus costos andarían cerca de 85,600 millones. Para que LyF perdiera 40,000 millones en esas transacciones, no pudo haberlas facturado en más de 77,000 millones de Pesos. ¿Quiere decir que ahora la CFE va a incrementar las tarifas a esos clientes consentidos al menos en un 15% para no salir tan afectada? ¿O la CFE va a tomar un negocio al que antes la ganaba más de 20,000 millones para ahora tener una pérdida superior a los 8,000? ¡No vaya a ser que después también resulte incosteable y tengamos que venderla a la iniciativa privada!

Adicionalmente, el dueño de Luz y Fuerza había decidido otorgar crédito a determinadas cuentas preferenciales. El resultado actual es que a Luz Fuerza sus clientes principales le adeudan más de 12,000 millones de Pesos. Nuevamente la pregunta: ¿CFE va a cobrar esos adeudos en un plazo menor a un año? O ¿los va a renegociar para que esos clientes consentidos paguen como buenamente vayan pudiendo? Sabiendo la identidad de esos clientes, mucho me temo que la opción que tomará la CFE será ésta última.

Sumados a las pérdidas ocasionadas por el absurdo (desde el punto de vista de rentabilidad monetaria, empresarial) de vender la energía a un precio menor al que se adquiere, suman más 50,000 millones Pesos; muchos más de los famosos 40,000 millones que, según Calderón, obligaron al gobierno a extinguir la empresa.

Y ya con la calculadora en la mano, podemos considerar las generosas liquidaciones con premio para los cedan más rápido a la presión económica y/o a la codicia. Para evitar perder 40,000 millones, el gobierno está dispuesto a erogar entre 20,000 y 30,000 en liquidar a los trabajadores de LyF. Añadimos adeudos de clientes consentidos (12,000 millones), pues no veo ese pago en el horizonte cercano, y la pérdida que asumiría la CFE al tomar el pésimo negocio de LyF (8,000 millones) y nos acercamos a la nada deleznable cantidad de 50,000 millones de Pesos. ¿Gasto 50 para no perder 40? ¿Dónde está el beneficio financiero de la operación? ¿Cuánto ganamos los contribuyentes por la pérdida de una de nuestras empresas? ¿Menos 10,000 millones de Pesos? ¡Vaya cálculo de altas finanzas!

Demasiado extraño para que siga siendo un misterio

Ayer Viernes un individuo, aparentemente perturbado de sus facultades mentales, mató en una concurrida estación del metro de la Ciudad de México a dos personas y con mucha probabilidad hirió a cinco más. La noticia corrió mutando con la misma velocidad con que se desplazaba tanto entre los medios de difusión como entre la población. El hecho de que el servicio de transporte colectivo estuviera colapsado en una hora pico de Viernes facilitaba que la noticia se moviera con rapidez.

Al principio se habló únicamente de una balacera y muchos ciudadanos pensamos de inmediato en narcotraficantes pues a últimas fechas estamos muy acostumbrados a los enfrentamientos entre grupos de delincuentes y entre estos y el ejército y la policía, o entre diferentes cuerpos de seguridad del gobierno (creo que hay muchos pleonasmos en este párrafo). En medio del estacionamiento en que a esas horas se convierte la Avenida Insurgentes, escuche a los locutores hablar primero de un terrorista o de un fanático religioso que realizaba pintas en un vagón del metro y que al verse en peligro de ser aprehendido disparó un revólver y mató a dos personas, un policía auxiliar y un pasajero. Después se informó de una conferencia de prensa del gobierno de la ciudad en el que aclaraba que se trataba de un asalto que se salió de control y terminó en esa tragedia; que el agresor intentó robar al civil y que ante su resistencia le disparó, primero a él y después a un policía desarmado.

Sin embargo, el sitio web del periódico Reforma muestra aún hoy Sábado un video en el que es claro que la primera agresión es contra el policía y la segunda contra un civil que inexplicablemente trata de contenerlo sin armas. Es evidente que la versión oficial no corresponde a esta evidencia, a menos en orden temporal.

A casi veinticuatro horas del suceso no sabemos si el homicida es un terrorista, un fanático religioso (tan a tono con el aerosecuestrador de hace unas semanas) o un desalmado ladrón. Lo que sí sabemos es que los policías del metro van a portar armas de ahora en adelante. No sabemos el porqué de las muertes, pero sí sabemos quién será el beneficiario.

Si, los policías auxiliares del metro podrían portar armas de fuego, los mismos policías que de vez en cuando golpean a un pasajero porque se saltó el torniquete sin boleto, los mismos que les quitan sus botes a los activistas campesinos o estudiantiles que con el “boteo” financian sus actividades políticas; los mismos que, por algún hechizo, no pueden ver al ejército de “vagoneros” que con amplificadores portátiles destrozan los oídos de los pasajeros para vender discos piratas; los mismos que se alían con bandas como “Las Gordas” para extorsionar pasajeros por supuestas agresiones sexuales a mujeres policías vestidas de civil.

Sí, a esos policías les van a permitir portar armas dentro de los atestados vagones y ándenes del metro. Imaginemos la escena del Viernes con un policía armado y con la excelente preparación que reciben los policías auxiliares: ¿accionaría su arma en medio del anden repleto de personas? Muy probablemente.

A la desconfianza creada por la cantidad de versiones del hecho que los medios y el gobierno difundieron de manera desconcertante, se agrega el hecho de que no sepamos hoy el porqué de la agresión y la inexplicable reacción de un civil que, sin arma, intenta someter al agresor de frente al cañón de su pistola. La acción ha sido calificada por los medios como “heroica”; pero, con todo el respeto que se merecen sus deudos y el mismo ciudadano hoy ausente, no hay una explicación que haga sentido para este modo de actuar. El trabajador intentó someter al agresor de frente, sin sorpresa, sin arma y, hasta donde se ve en el video publicado por Reforma, sin el entrenamiento apropiado. Según las notas periodísticas, se trataba de un trabajador de la construcción, padre de cinco hijos. Su muerte merece una explicación más lógica que hasta ahora no hemos escuchado.

Hace unas semanas regresaba de Monterrey y a quién me precedía en la fila para la revisión del equipaje en el aeropuerto le impidieron llevar un par de refrescos en lata, ni en la cabina, ni en el equipaje documentado. Habían pasado apenas unos días del pretendido “aerosecuestro” que contó la atención de todos los medios y del mismo Secretario de Seguridad Pública del país y ya se estaban violando los derechos de un pasajero. No obstante, a la fecha, no se nos ha informado claramente el porqué del intento de aerosecuestro.

Ayer, nos enteramos en medio de informaciones contradictorias e ilógicas un hombre mató a dos personas y de inmediato el gobierno decide que los policías bancarios del metro pueden portar armas antes de saber el motivo de la agresión.

No hay motivos, pero si ganadores. Tanto el frustrado secuestro del avión como los homicidios del día de ayer son hechos muy extraños para que sigan siendo misterios.