USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

El sexenio anterior y el actual han significado, en materia de seguridad pública, una hecatombe humana con resultados gravísimos. De acuerdo a las cifras de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) la lucha o “guerra” contra el crimen organizado nos ha costado cerca de 100,000 muertos y 30,000 desaparecidos. Si bien los números oficiales son menores, siguen en el mismo orden que varias guerras civiles. Además de esta catástrofe humanitaria están los resultados, nada alentadores desde una perspectiva ciudadana: 

1.     El crimen organizado no disminuyó su capacidad (a juzgar por la estabilidad del precio de las drogas en EE UU), sino que amplió sus “líneas de negocio” del narcotráfico a otras como el secuestro, el cobro de “derechos” de piso y de tránsito, la piratería y el tráfico humano. 

2.     El número de organizaciones criminales ha aumentado, y con ello las violentas luchas entre ellas por el control de zonas, rutas y líneas de negocio. 

3.     Las actividades de estos grupos han invadido nuestra vida diaria. Cada día, colonias que antes no padecían más problemas que los de los ladrones comunes, viven en la zozobra de ser afectados por secuestros, extorsión, balaceras, "levantones" y ejecuciones. Peor aún; en la medida que el crimen organizado extiende su influencia territorial, incluso los delincuentes comunes pasan a formar parte de estos grupos, lo que los hace más poderosos frente a los ciudadanos. 

4.     Los grupos criminales han adquirido mayor poder económico. lo que les permite comprar mejor armamento y corromper más fácilmente a las autoridades, desde los policías de barrio hasta los niveles más altos. 

5.     El tejido social se ha descompuesto a tal grado que, para muchos jóvenes, las organizaciones criminales son opciones de trabajo y aun de vida. 

Podemos continuar con esta lucha contra el crimen. De hecho, nadie ha pedido que se suspenda el ejercicio legítimo de la violencia contra los delincuentes. Pero lo que no puede seguir es el baño de sangre en que estamos sumergidos, ni los resultados tan mediocres que en lugar de debilitar, fortalecen a las organizaciones criminales.  

Por otra parte, no se puede continuar con una pelea que cada día arroja más víctimas del lado de los civiles; no olvidemos que las autoridades han reconocido  que de 50,000 muertos, más 5,000 fueron bajas civiles o ”daños colaterales” ¡El diez por ciento! Esta injusta afectación de la vida ciudadana, distancia a los ciudadanos de las policías y de los cuerpos de seguridad nacionales; y trastoca el tejido social de las comunidades. Además, en la medida que se justifican las bajas civiles y se protege el actuar ilegal de las fuerzas armadas, se da carta de Corso a miles de elementos de las fuerzas armadas para violar la ley a su antojo. Esta omisión del gobierno no es otra cosa que un crimen de estado sistemático que afecta lo mismo a presuntos delincuentes (como es el caso Tlatlaya), que a estudiantes de instituciones privadas (Tec de Monterrey) y de escuelas públicas muy pobres (Ayotzinapa).

Se ha argumentado que alguien tenía que hacer algo contra el crimen organizado y estamos de acuerdo; pero los resultados son pésimos y con un costo espeluznante para los ciudadanos. Por supuesto que el estado tiene la prerrogativa de ejercer la legítima violencia contra ellos, pero una violencia dirigida por inteligencia, en oposición a una violencia que en la práctica parece indiscriminada porque afecta a civiles inocentes; en oposición a malgastar los escasos recursos del estado en operativos y despliegues fallidos. Una violencia inteligente que maximice la efectividad de las operaciones; que minimice las afectaciones a la vida civil; que mejore la relación costo/beneficio; y que efectivamente debilite el poder de las organizaciones criminales y de los delincuentes comunes. 

Si bien, en general los cuerpos policíacos del país cuentan con personal de investigación con entrenamiento y ciertos recursos de datos, solamente unas cuantas agencias de seguridad a nivel nacional cuentan con sistemas de información avanzados tan poderosos como los que usan sus homólogas extranjeras. Por tal razón, los trabajos de investigación tienden a ser lentos y frustrantes. Mientras los grupos criminales han mejorado (para mal nuestro) sus procedimientos, nuestras policías siguen arrastrando el lápiz y, en el mejor de los casos, consultando bases de datos disjuntas, desactualizadas y no fiables. Peor está el caso de los informes que entregan los agentes, algunos impresos, otros en formato digital (Word, PowerPoint). Se tienen toneladas de información valiosa pero en general, la única manera de explotarla es leyéndola directamente, lo que es humanamente imposible.

Como no nos gusta que se nos tache de ciudadanos que solamente nos quejamos y no proponemos nada, utilizaré el blog para hacer pública la propuesta de que los cuerpos de seguridad pública mexicanos utilicen herramientas de tecnología de información y de comunicaciones (TIC) que les ayuden a encontrar la información útil para sus labores de inteligencia, entre el mar de información que tenemos. Entre los problemas cuya solución puede apoyar sensiblemente la efectividad de operativos y despliegues, se encuentran los siguientes: 

• Resolución de identidades. Los criminales no solamente utilizan alias, sino que también cuentan con varias identidades, acreditadas con documentos apócrifos o legítimos, que utilizan para cubrir los rastros de sus actividades criminales, y como parte de sus operaciones. La resolución de estas identidades en una sola entidad no es tarea fácil, pues los delincuentes hacen todo lo posible por desconectarlas.  
• Descubrimiento de redes de vínculos. Los criminales no solamente usan estas identidades para proteger su verdadera identidad, sino que además realizan sus operaciones estableciendo relaciones de “negocio” indirectas, a través de interpósitas personas. Nuevamente, estas relaciones indirectas, que a veces pueden implicar varios grados de separación entre el objetivo y su verdadero “socio de negocio”, son ocultas para evitar que sean descubiertas. 
• Extracción de datos de documentos no estructurados (Word, PowerPoint, digitalizados, etc.). Es en los informes redactados de manera libre que se encuentran datos cruciales para deducir el modus operandi de forma rápida. Asimismo, en estos archivos hay una gran cantidad de datos que no encontraron cabida en las bases de datos, pues no había un campo que les correspondiera. Toda esta información debe ser localizable tal y como lo hacemos en Google, y además debe aprovecharse para resolver la identidad de los criminales y para descubrir sus redes de vínculos.
• Descubrimiento de correlaciones estadísticas entre documentos. Además de que la información contenida en los reportes sea fácilmente localizable, debe poder ser útil para encontrar correlaciones estadísticas entre los datos, de tal manera que podamos determinar distribución y patrones de actividades criminales por zona, edad, nivel social, etc. 
• Integración de bases de datos y documentos. Todas las funcionalidades anteriores deben ser aplicables a un conjunto único de datos, en el que converjan las bases de datos tradicionales y los informes redactados de manera libre o semiestructurada (formatos). Dado que ya estamos un nivel superior a la consulta de datos, en la resolución de identidades, descubrimiento de redes de vínculos y de correlaciones estadísticas, todos los datos disponibles deben estar contenido en la misma herramienta de manera transparente para el agente investigador; incluyendo la información que de manera pública corre por las redes sociales. 
• Alertas. Si se está dando seguimiento a un caso, no es posible saber de antemano cuándo y cómo llegará información útil para avanzar en él o proceder con acciones contra el objetivo. Dada la gran cantidad de fuentes de datos y su diversidad, sería de gran beneficio una herramienta que notificara cuando un dato de interés ha arribado al sistema.
• Seguridad granular. La secrecía propia de las investigaciones implica que los resultados de estas herramientas estén disponibles únicamente para los agentes apropiados, de tal forma que no se ponga en riesgo, ni la propia investigación, ni la integridad de las personas.

Afortunadamente, ya existen herramientas de TIC que, valiéndose de diversas técnicas y teorías, tienen estas capacidades. Su implementación requiere de metodologías que incluyen análisis, modelado, limpieza y estandarización de datos, etc., pero ya existen casos de éxito en México y Latinoamérica que, mutatis mutandis, pueden ser replicados a nivel nacional, estatal y municipal.

Con la incorporación paulatina de este tipo de herramientas de inteligencia a las tareas de seguridad a nivel estatal y municipal, se optimará el tiempo de los investigadores y se harán más eficientes los despliegues y operativos; asimismo, se minimizará el impacto de las operaciones en la población civil. Claro está, si el objetivo es debilitar rápidamente los pilares del crimen organizado. 

OUTSOURCING EN EL DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE MÉXICO.

Como muchos preveían, la reforma laboral propuesta por Felipe Calderón fue aprobada por los diputados del PRI. El único tema que se quedó fuera fue el de los sindicatos, que no era más que la moneda de cambio entre Calderón y el PRI. En cambio, uno de los asuntos que, con modificaciones, aceptó el PRI, fue el de la subcontratación (outsourcing).

Cabe aclarar que las restricciones que la Cámara de Diputados impuso al llamado outsourcing son diferentes a las laxas condiciones que propuso Calderón. Y, por las declaraciones de la cúpula empresarial, pareciera que son muy restrictivas; tanto que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya se apresuró a exigir al Senado que elimine los “candados innecesarios” y las “limitantes excesivas” al régimen de subcontratación. Después de leer este comunicado de prensa, y de escuchar a los diputados afirmar que esta reforma es para beneficio de los trabajadores, podría pensarse que el dictamen presentado en esta cámara busca el bien de los trabajadores a costa de los empresarios. Por ello vale la pena analizar el dictamen, en lo que toca a la subcontratación.

Básicamente, los cambios fueron al artículo 15, que es el contiene las condiciones para que la subcontratación. Aparentemente, los apartados a), b) y d), boquea la subcontratación para el negocio nuclear (core business) de la empresa:

a)    No podrá realizarse en las actividades sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa.

Sin embargo, el dictamen no habla de la actividad preponderante de la empresa (un hecho económico), sino que se refiera al “objeto principal de la empresa”. Habrá que ver en la práctica que se considera “objeto principal”, ¿el que aparece en el acta constitutiva? ¿o aquél que manifiesta la empresa para efectos de impuestos?

b)    Deberá justificarse por su carácter especializado que agregue un insumo adicional a los procesos de producción o de servicios.

d)     No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del beneficiario

Estos deben ser los “candados excesivos” que reclama el CCE. Porque para ellos, la subcontratación es válida aun en los casos en que no sea necesaria; quieren subcontratar empleados para ejecutar actividades que no agregan un valor diferente al que aporta le misma empresa con sus propios empleados. Es decir, para hacer lo mismo que puede hacer con empleados propios; solamente que a un precio más alto, si la empresa proveedora quiere tener un margen. Desde una perspectiva empresarial, esto no hace sentido; a menos que se trate de una simulación para evadir impuestos o evitar la relación con los trabajadores. En otras palabras, lo que piden al Senado es legalizar esta simulación.

Por otra parte, es importante anotar que ni la iniciativa de Calderón ni el dictamen de los diputados prevén el caso en que la demanda exceda la capacidad instalada de la empresa beneficiaria. Dada la inestabilidad económica de nuestro país, no es conveniente que la empresa, ante un súbito pico de la demanda, contrate personal temporal; pues el patrón incurriría en costos de contratación que no alcanzarían a recuperarse, y los trabajadores no obtendrían empleos permanentes. Más valioso sería permitir que se contrate a una empresa especializada que provea el servicio por un tiempo limitado e improrrogable, no mayor a 180 días naturales.

Finalmente, es importante notar que el dictamen de la ley, al igual  que la iniciativa de Felipe Calderón omite cualquier condición relativa a la relación que guardan las empresas contratante y beneficiaria entre sí. En general, el uso de outsourcing para simulación se da entre empresas relacionadas, de tal manera que los propietarios puedan obtener beneficios de las supuestas pérdidas de la proveedora, o de los costos absurdos en que incurre la beneficiaria. Tal pareciera que el resto de las condiciones contenidas en el artículo 15 hicieran absurdo que un par de compañías que guardan relación orgánica, simularan una subcontratación. Sigue siendo importante impedir que la subcontratación sea usada en casos de simulación, como estos:

1. Cuando tanto el contratista o subcontratista y el beneficiario tienen relación a través de una empresa controladora
2. Son propiedad de los mismos accionistas, o son la misma persona física o moral
3. Una es propiedad de la otra
4. No se siguió un procedimiento documentado y auditable de selección del contratista o subcontratista

Estas condiciones son de vital importancia para asegurar que el régimen de subcontratación no sea utilizado como simulación en contra de los intereses no solo de los trabajadores, al burlarles sus relaciones y prestaciones laborales; sino también del gobierno, al evadir impuestos; y de los empresarios honestos, al evitar la libre competencia y con ello, el posible incremento en competitividad de las PYMES especializadas.

OUTSOURCING Y LA REFORMA LABORAL DE CALDERÓN

OUTSOURCING Y LA REFORMA LABORAL

Mtro. José Luis León Gómez

Tanto por necesidades propias de la operación de las empresas, como por la dinámica de la economía, en fechas recientes se ha incrementado notablemente la ejecución de esquemas de contratación externa y de subcontratación, denominados de manera genérica “tercerización”  o, con un término más globalizado, outsourcing.

Estos esquemas no son precisamente nuevos, pues desde hace mucho tiempo las empresas contrataban a otras organizaciones; a veces para actividades puntuales ajenas a su rubro, como puede ser el caso de la reparación de una puerta o la construcción de una oficina. Esto encuadra perfectamente en el libre intercambio de mercancías y servicios en un sistema capitalista. Paulatinamente, este esquema se fue aplicando a actividades continuas en las que la empresa no tenía la capacidad de ejecución ni el interés en desarrollar la habilidad; por ejemplo, limpieza y vigilancia en un banco o en una universidad.

Ciertamente, dadas las condiciones tan difíciles en que se encuentran la economía subdesarrollada de nuestro país, resulta financieramente inviable exigir a las empresas que se abstengan de contratar a otras empresas para actividades fuera del ámbito de su capacidad. La inserción de nuestro país al entorno global pone a nuestras empresas a competir con otras allende las fronteras, que se han especializado y que, gracias a esto, han logrado altos índices de calidad en su foco de negocio.

Sin embargo, también hay ocasiones en que las empresas contratan a otras compañías para actividades que caen dentro de su negocio nuclear (core business). El argumento que soporta esta decisión es, regularmente, que solamente se requiere por un tiempo o por una obra determinada, usualmente en períodos de alta demanda. Debe haber una justificación porque la subcontratación de otra empresa para actividades propias del negocio obligadamente disminuye el margen de utilidad, y esto no conviene a los accionistas; a menos que se trate de una simulación.

La contratación de empresas especializadas para actividades fuera del objeto de negocio, permite el desarrollo de sectores de la economía, particularmente de pequeñas y medianas empresas que se dedican a proveer servicios especializados a otras empresas y no al consumidor final. La existencia de un mercado transparente de servicios para empresas permitiría la competencia entre los proveedores de estos servicios, impulsando su especialización y su mejora en la calidad. Cabe mencionar que en esta dinámica económica, son pequeñas y medianas empresas las que mejor se desarrollan como proveedores especializados de servicios de alta calidad; tanto por su agilidad como por su capacidad de especialización. Éste es un punto de vital importancia, pues en México son estas empresas las que proporcionan el grueso de los empleos.

El problema es que estos esquemas de contratación y de subcontratación de servicios están siendo utilizados con objetivos contrarios al desarrollo de la economía y en perjuicio de los trabajadores, del gobierno y de la sociedad en general. Se tienen escenarios en los que una empresa controladora (holding o “corporativo”) es propietaria tanto de la empresa cliente como de la proveedora de servicios; la empresa cliente no pone a concurso la provisión de los servicios para buscar la mejor relación costo/beneficio, sino que asigna el contrato directamente a su empresa hermana; la empresa proveedora no tiene más cliente que las empresas pertenecientes al mismo holding. Mediante este esquema, las empresas clientes ejecutan estrategias fiscales que les permiten disminuir la cantidad de impuestos que se pagan al gobierno. Asimismo, eluden obligaciones laborales con los trabajadores; entre ellas, el reparto de utilidades.

Y no solamente los trabajadores y el gobierno son perjudicados por esta perversión del esquema, sino que se ataca a la libre competencia y al desarrollo de empresas que realmente se estén especializando y busquen alcanzar estándares de calidad iguales o superiores a los de empresas extranjeras.

Por otra parte, en el caso de empresas con gran poder de compra, la contratación o subcontratación simuladas pueden constituir prácticas monopólicas, pues asignan directamente a sus subsidiarias disfrazadas, impidiendo la libre competencia.

En todos estos casos, es la sociedad y los sectores económicos, así como los empresarios honestos los que salen perjudicados.

Esto viene a cuento porque Felipe Calderón, quien se promocionó en su campaña como el futuro “presidente del empleo”, acaba de enviar al Congreso de la Unión, con carácter de atención preferente[1], una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se busca regularizar este esquema, en el ámbito laboral. El propósito de este documento es analizar esta propuesta, en lo que respecta al tema de subcontratación.

La iniciativa de Calderón, tanto en su exposición de motivos, como en su articulado, regula la subcontratación a través de cuatro disposiciones:

1)    Define la subcontratación de una manera indirecta y muy abierta en su artículo trece: “No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores”. Pareciera que cuando se habla de elementos propios, se refuerza el concepto de “relación laboral”, pero esto se abre cuando se matiza con la frase “suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.” Exactamente ¿cuándo es que una empresa no cuenta con elementos propios suficientes? ¿No sería más fácil definir claramente el concepto de subcontratación, más allá de la pobre definición del artículo 15-A (“El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaría de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratados”), y acotarlo con precisión? Por ejemplo, al menos deben preverse las siguientes excepciones al régimen de subcontratación:

a)    Cuando tanto el contratista o subcontratista y el beneficiario tienen relación a través de una empresa controladora

b)    Son propiedad de los mismos accionistas, o son la misma persona física o moral

c)    Una es propiedad de la otra

d)    No se siguió un procedimiento documentado y auditable de selección del contratista o subcontratista

e)    Cuando la actividad contratada o subcontratada corresponde a la actividad preponderante de la beneficiaria, salvo en los casos de carga inusual de trabajo cuya duración no podrá exceder de 180 días naturales.

Es sintomático que la iniciativa de Calderón deje la definición de subcontratación a un nivel general, sin acotarla de manera debida, como se anota en los párrafos anteriores. Más aún, se contradice pues no se puede permitir la subcontratación sin límites concretos cuando determina que “El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.”[2]

La única excepción considerada por Calderón es cuando se tenga “el objeto de simular salarios y prestaciones menores” y “las contratistas o beneficiarías de los servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil, respecto a los mismos trabajadores”[3]; es decir, cuando el trabajador tenga relación con ambas empresas. Esta disposición es ociosa y solamente tiene el fin de hacer parecer que se castigará a quien utilice el outsourcing como simulación. Esta situación no se va a dar porque precisamente de eso se trata cuando se utiliza la subcontratación como simulación: de que la empresa beneficiaria no tenga relación alguna con el trabajador.

2)    “Se determina que el contrato de prestación de servicios deba constar por escrito”[4]. No suena mal en principio, salvo que no aporta nada a la situación actual, pues estas condiciones son comunes en los esquemas de subcontratación. En todo caso, se busca liberar a la empresa contratante de cualquier relación laboral con los trabajadores; un poco ocioso, porque esta protección usualmente se establece en los contratos de outsourcing. A menos que la reforma pretenda dotar de una protección legal a los casos de simulación. Los contratos de tercerización se realizan por escrito regularmente; tanto por buena voluntad, como por dolo. Si se trata de una subcontratación necesaria, ambas empresas, cliente y proveedora, buscarán que haya un contrato que proteja sus intereses respectivos. En caso de simulación, el contrato desvincula a la empresa cliente de cualquier obligación laboral y reduce su margen de utilidad para efectos de impuestos.

3)    “La beneficiaría de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista”[5]. Por lo que toca a la solvencia económica del proveedor, ¿tendrán las empresas autoridad para hurgar los estados de cuenta y la contabilidad de las empresas proveedoras? ¿o tendrán que conformarse con exigir que el proveedor contrate una fianza a su favor, por un monto suficiente que garantice la ejecución satisfactoria de los trabajos? Porque esto no es nuevo en absoluto, sino una práctica común.

4)    “La beneficiaría de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de … que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud”. Lo que sí es novedoso, o quizás no tanto, es que el estado renuncie a su rol de agente regulador; pues obliga a la empresa contratante a “cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad[6] y salud”, como si no hubiera dependencias del gobierno responsables de verificar que los patrones, subcontratados o no, cumplan con las condiciones de seguridad y salud, señaladas en las leyes. La iniciativa de Calderón descarga en la empresa contratante el costo de esta verificación, a través de alguna “unidad de verificación debidamente acreditada”; es decir de una tercera empresa que, por supuesto, cobrará por este nuevo servicio[7].

5)    “Los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores”[8], lo que implicaría que tanto la empresa cliente como la proveedora deben responder por las obligaciones laborales con los trabajadores. Sin embargo, hemos comentado que, en la práctica, las subcontrataciones están formalizadas por un contrato y ese instrumento contiene usualmente una cláusula que libera al cliente de cualquier responsabilidad laboral con los trabajadores que ejecutan los trabajos. Además, en un caso de simulación, es más conveniente para los intereses de ambas empresas que la “proveedora” asuma la totalidad de la responsabilidad laboral; pues por regla general, no cuentan con activos importantes, ni obtienen utilidades.

No podemos estar en contra de la contratación y subcontratación de servicios especializados (outsourcing), pues bien reglamentadas pueden fomentar la creación de empleos especializados y bien remunerados a la vez que se impulsa a las empresas a elevar su calidad y se hace más competitiva a nuestra economía. Pero tampoco debemos permitir que este esquema se use como una simulación en la que todos (trabajadores, capital, gobierno y sociedad) salimos perjudicados. Se tiene que legislar y reglamentar este tema de tal forma que México pueda contar con un sector de sector de servicios especializados que pueda competir incluso a nivel internacional.

  Asimismo, el estado debe asumir su responsabilidad y ejercer sus facultades de regulación, y no dejar en manos de la empresa beneficiaria del servicio la tarea de verificar si el proveedor cumple o no con las leyes. El contrato de outsourcing debe cumplir con una serie de requisitos mínimos que aseguren el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores y a la libre competencia. Para ello, el contrato debe seguir un formato específico y ser sancionado por la autoridad.

Una legislación apropiada, así como su aplicación efectiva, beneficia no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios emprendedores que buscan proveer servicios especializados de alta calidad, y fomentará el desarrollo económico y la competitividad de nuestra economía a niveles internacionales.

Permitir que esta iniciativa pase, en lo que toca a la subcontratación, legalizará la simulación y no solamente atentará contra los derechos de los trabajadores, sino también contra los empresarios honestos; y lesionará el erario y disminuirá el precario ritmo de crecimiento de la economía nacional.

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[1] Iniciativa de Trámite Preferente

[2] Artículo 3^o. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

[3] Artículo 15-D. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el régimen de subcontratación en forma dolosa, cuando con el objeto de simular salarios y prestaciones menores, las contratistas o beneficiarías de los servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil, respecto a los mismos trabajadores.

[4] Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que resulte beneficiaría de los servicios y un contratista o subcontratista que ponga a su disposición trabajadores, deberá constar por escrito

[5] Artículo 15-B. ... La empresa beneficiaría deberá cerciorarse ai momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista o subcontratista cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

[6] Es importante anotar que el término “seguridad” se deja abierto, sin especificar si se habla de seguridad industrial, de seguridad social o de seguridad laboral.

[7] Artículo 15-C. La empresa beneficiaría de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista o subcontratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.

[8] Artículo 13. … Los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores

¿Qué le espera al Estado de México después de las elecciones pasadas?

¿Qué le espera al Estado de México?

Revisemos el escenario: el PRI conservó uno de sus principales bastiones con base en una estructura electora fuerte y bien organizada; y en un ejercicio de recursos escandaloso para un estado con los mayores índices de pobreza en el país. Si bien los medios masivos de difusión lo manejan como un triunfo (quizás porque muchos de ellos reciben recursos del gobierno de este estado), la verdad es que simplemente fue una prueba para el que quiere ser el próximo presidente de la república. Si Peña Nieto resultaba incapaz de conservar el territorio conquistado y conservado desde hace décadas por sus ancestros (políticos y de sangre), hubiera demostrado una incompetencia grave que lo hubiera sacado inmediatamente de las elecciones del 2012. ¿Qué priista poderoso hubiera apoyado a un joven incapaz de retener para su partido, el estado cuna del grupo Atlacomulco?

Peña Nieto conserva su lugar en la competencia, puede seguir negociando con Televisa, con Elba Esther Gordillo y con los sectores más priistas del PRD. Veremos que hace las demás fuerzas del PRI, del PAN y del PRD. Pero eso es asunto de otro blog.

En esta ocasión quiero prever qué va a pasar con el Estado de México, con Eruviel Ávila como gobernador y con la continuidad priista asegurando que el sistema político local se mantenga en el mismo estatus. ¿Hay alguna razón para que las políticas estatales cambien en los rubros económico, social, educativo, de justica, de género y demás etcéteras? No veo ninguna. Por lo contrario, hay varios factores que obligan a Eruviel Ávila a continuar con las mismas políticas:

1. Fue designado por Peña Nieto, por lo que debe cumplir sus órdenes. No olvidemos que, dentro del contexto priista, la lealtad es uno de los valores máximos. Esto se refuerza con la lectura de los discursos del futuro gobernador en los que se deshace en alabanzas para Montiel y Peña Nieto que, además de sacarnos una sonrisa, nos remontan a los años del más pintoresco control priista.

2. Las políticas del gobernador saliente tienen un claro tinte electoral, y por ello permitieron la victoria de un candidato gris, cuasi desconocido, que no logró terminar un solo período a cargo de Ecatepec. Por supuesto que el aparato electoral del PRI se siente con la autoridad de exigirle a Eruviel que continúe con esas políticas para apoyar la campaña del 2012. Si el próximo presidente nacional proviene del PRI, dados estos antecedentes y el concepto del presidencialismo de este partido; seguramente el futuro gobernador persistirá en estas políticas o seguirá puntualmente las que le ordene ese nuevo presidente. Si, poco probable, el futuro presidente proviniera de las filas del PAN, estas políticas se reforzarían con miras a las siguientes elecciones, locales y federales. No es concesión, pero debo reconocer que no veo a un gobernador priista actuando como Sabines, el que llegó al poder gracias al PRD en Chiapas, inclinándose tanto como le permite su columna ante un presidente panista. Si el próximo presidente, poco pero más probable, es un perredista, me imaginaría un escenario similar: un gobernador alineado con su partido y trabajando para las siguientes elecciones; pero no olvidemos de que una de las hipótesis que se manejan para explicar su victoria interna sobre Del Mazo, es que inició negociaciones (o lo dejo entrever) con el PRD.

3. Eruviel será un gobernador políticamente débil. Además de la oposición que el PRD le aplicará, en unos casos, por razones justas, y en otros, por táctica electoral; está la presión que recibirá del grupo Atlacomulco; nada débil y engallado por haber conservado su bastión principal. Por otra parte, si las declaraciones de Elba Esther Gordillo son ciertas (y ¿por qué habríamos de dudar si el PAN ha aceptado la participación de esta líder en las elecciones de 2006?), Eruviel tendrá que quedar bien con ella, como Felipe Calderón lo hizo a nivel nacional. Tampoco olvidemos otra hipótesis de la victoria interna de Eruviel sobre su rival Del Mazo: que así lo había exigido Elba Esther Gordillo a Peña Nieto.

4. Aunque los medios contratados por o asociados a Peña Nieto, difundieron que Eruviel había logrado una victoria aplastante con más del 60% de los votos; tenemos que recordar que la abstención llegó al 57%. En otras palabras, Eruviel ganó en una contienda en que más de las mitad de los electores no participaron; su porcentaje de aceptación real entre los electores es del 27% en el mejor de los casos. Eso deja espacio a los grupos de poder que controlan la política del estado de México.

Esta debilidad política del futuro gobernador constituye un riesgo para la gobernabilidad del estado, pues Eruviel tendrá que negociar y ceder espacios de poder a los grupos que lo llevaron el puesto o que conservan suficiente margen de maniobra para operar en contra suya. Un caso representativo en este sentido, son los transportistas. Uno de los fundadores del grupo Atlacomulco, Hank González, fue pionero en la manipulación de estas personas, demostrando una destreza eminente en el uso de uno de las principales herramientas del PRI del siglo pasado: el corporativismo.

El corporativismo significa, llanamente, el tratar a grupos de personas con intereses o necesidades comunes, como una sola entidad cuyos miembros son incapaces de expresarse por sí mismos; por lo que requieren de un interlocutor, de un líder, que hará de esta interlocución, su modus vivendi. De esa práctica provienen nombres tan nefastos como Fidel Velázquez y Elba Esther Gordillo. Cabe aclarar que es una herramienta tan poderosa que tanto el PRD como el PAN (en menor medida) la han practicado con un éxito mucho menor que el del PRI.

En el corporativismo, los individuos no tienen opinión sino es la de su líder; su voto es determinado por él o elle, que a su vez lo negocia con los políticos. Sus acciones son guiadas por el líder que, en la estructura jerárquica y de lealtades, las consulta con sus patrocinadores. Así, no es infrecuente que un día veamos miles de camionetas de transporte colectivo con letreros que dicen que fulanito de tal es de lo peor; y que, meses después, las mismas camionetas muestran alabanzas o muestras de solidaridad al aparato que antes denostaban. También pueden mover su opinión en sentido inverso. Cuando el PRD ganó la presidencia municipal de Ecatepec, autobuses y camionetas de transporte público felicitaban al ganador que aparentemente les creyó su súbita conversión. Cuando la nueva administración municipal no les concedió sus caprichos ni toleró algunos de sus abusos, se volvieron en su contra y terminaron regresando al PRI para apoyar “incondicionalmente” a Eruviel Ávila en las siguientes elecciones.

¿Qué caprichos y abusos deberá Eruviel conceder a los transportistas para pagar su deuda y apuntalar su debilidad política? Porque no olvidemos que sus enemigos son poderosos y los transportistas actúan no solamente como acarreados o facilitando la logística; también son grupos de choque a los que ya vimos actuar ahogando la Ciudad de México varias veces. Ostensiblemente portan armas contundentes y no dudan en usarlas; se vanaglorian del consumo continuo de alcohol y drogas; y en algunos casos recurren a las armas de fuego.

Difícilmente un gobernador débil puede darse el lujo de prescindir de este tipo de apoyo. Y aquí hay al menos tres cosas que preocupan a estos grupos, de manera corporativa; es decir, a los líderes, pues los miembros son carne de cañón.

1. Tarifas. El Estado de México cuenta con una tarifa de transporte público estratosférica: 7 Pesos como pasaje mínimo. Esto ocasiona que la mayor parte del salario de los mexiquenses sin automóvil se gaste en un transporte infrahumano y peligroso. Lo más probable es que en breve suframos un nuevo aumento en este renglón.
2. Rutas. Los líderes quieren exclusividad; tanto que han sembrado en las cabecitas de sus seguidores que son “dueños” de las rutas. Y la amenaza es bien clara. Si no hay exclusividad, siguen los bloqueos y los enfrentamientos armados.
3. Placas. No, los líderes no quieren que los transportes sean regularizados y que todos sus agremiados tengan placas y permisos en regla. Su así fuera, ¿cómo los condicionan? ¿cómo los extorsionan? Las placas que se consigan serán para los líderes y sus cercanos. El caos es una condición de sobrevivencia del corporativismo.
4. Tolerancia. El peligro, además de la violencia que ejercen estos grupos en actividades políticas, es el tolerarlos como grupos de delincuentes. A partir de que se les ha permitido cometer delitos en grupo, sin castigarlos, ellos han dejado de verse entre sí como compañeros de trabajo; sino como “la banda”, el grupo que fuma marihuana y bebe cerveza en la “base”; que se une para, de manera abusiva y tumultuaria, romper parabrisas y golpear a los automovilistas que tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino. No se perciben como prestadores de un servicio, sino como los “dueños” de la “ruta” y de la “base”; de ahí su actitud agresiva hacía los pobres usuarios, así como para los automovilistas y otros choferes.

Sobre este último punto hay que ser muy cuidadosos, si no queremos repetir la historia de Ciudad Juárez. Allá también se empezó a tolerar a los choferes como pandillas y, como todo grupo delincuencial fuera de control, sus fechorías fueron subiendo en número y en gravedad. Muchos de los feminicidios que han llamado la atención incluso de la ONU, fueron ejecutados por los “ruteros”; que es como les llaman allá a los choferes de transporte colectivo. El Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en asesinatos de mujeres. ¿Permitiremos que Eruviel Ávila pague su deuda y apuntale su debilidad cediendo ante grupos como estos? ¿Permitiremos que pague con nuestro sufrimiento diario en esos transportes infrahumanos, con nuestro salario diluido por las altas tarifas? ¿Vamos a dejar que pague con nuestra seguridad, con la de los pasajeros y los automovilistas? ¿Con la de nuestras esposas, hermanas, novias e hijas? Antes de responder, volteemos a mirar a Ciudad Juárez y después a Chalco y a Ciudad Netzahualcóyotl.