sábado, 24 de octubre de 2015

Veinte mil metros de viaje subhumano

Inspirado por el “Día Mundial Sin Auto”, mi coche reforzó su consciencia ecológica y extendió el programa por un mes, hasta que le aplicara un mantenimiento correctivo mayor. Por esa razón, a veinte kilómetros de la Ciudad de México, abordo una camioneta que muy probablemente fue diseñada para transporte de carga. En el supuesto de que hubiera sido destinado en su origen para seres humanos, los asientos fueron modificados. Porque están pegados a los costados, en lugar de la formación en paralela típica de los vehículos de pasajeros. Estas bancas, más que asientos pues no tienen respaldo, son de un ancho menor al que requiere un mexicano promedio, y mucho menor al que ocupan algunas mexicanas excepcionalmente atractivas. Por si esta incomodidad fuera insuficiente para el desconocido y sádico diseñador de estas banquitas, el conductor del vehículo exige a los pasajeros que se sienten tres personas en una banca en la que evidentemente no caben las caderas de más de dos personas esbeltas, cuatro en donde podrían sentarse tres, cinco donde no hay lugar para más de cuatro. Por supuesto que lo hace de una manera en la que ni la sintaxis se escapa de ser agredida: “¡Los molesto, ese lugar es para cinco!” (sic).
Envidio a los que alcanzaron a sentarse en el asiento trasero, pues disfrutan de algo que, muy de buenas, podríamos llamar “respaldo”. Los envidio y ni tanto, porque al igual que nosotros, deben ajustarse cuatro personas en un asiento para tres, y los que van ventanilla, tienen que encoger los pies, pues van justamente detrás de las salpicaderas de la camioneta de carga que alguna autoridad permite que sea utilizada para hacer dinero a costa del sufrimiento humano.
Me subí en esta cosa porque me cansé de esperar un autobús y porque un letrero anunciaba que se iba por la autopista. Ilusamente creí que, si utilizaba esta ruta, el tiempo de tortura sería menor. Pero la palabra autopista es tomada en un sentido muy espídico por estos choferes, pues vaya que aprovechó muy bien sus veintidós pesos de peaje. Con velocidades no menores a los cien kilómetros por hora, que reducía a cero en menos de doscientos metros cuando se aproximaba a un paradero, sin cinturón de seguridad ni un tubo del cual sostenerse, algunos pasajeros luchábamos por no perder la compostura y ser dominados por el miedo o por la inercia. Otros, debo decirlo, parecían extraordinaria y lúgubremente adaptados a estas condiciones infrahumanas de transporte.
Al nada suave vaivén de la camioneta se sumaba un fondo musical a alto volumen de apologías y odas al crimen organizado (movimiento alterado, le llaman), que solamente se opacaba cuando el chofer insultaba a los conductores de otros vehículos y cuando compartía de manera muy procaz sus impresiones con un par de pasajeras que viajaban en el asiento delantero.
Por primera vez entendí esa idea de algunos viajeros, de besar la tierra cuando se baja de un vuelo con fuertes turbulencias. En este caso, yo tenía más intención de mentarle la madre al chofer que de hincarme en el suelo pleno de grasa automotriz y alimenticia del paradero de Indios Verdes, cuando los pasajeros me dieron una lección. Cuando algunos con las piernas entumidas, otros con las nalgas adormecidas, y casi todos con una tensión gratuita en las vértebras cervicales, logramos bajarnos de la camioneta, ¡los pasajeros le dijeron gracias y le desearon buen día al aprendiz de desquiciado que tan mal manejaba. Lo que no puedo asegurar es si la lección fue de inteligencia emocional, de católica resignación o de chomskiana degradación colectiva.
Este relato no debe ser sorprendente para los hipotéticos lectores que viajan de manera cotidiana en el transporte colectivo del Estado de México, particularmente para los que tienen que trasladarse los municipios conurbados a su trabajo o su escuela en el Distrito Federal. Es tradicional un nivel pésimo de servicio en esta entidad, desde la época de los autobuses suburbanos. No creo que llamarlos “camiones” fuera simplemente un error de vocabulario. Los choferes de estos autobuses los conducían como si fueran eso: camiones, y los pasajeros su carga. Sin precaución y con trato animal. Posteriormente, el inicio de la crisis aumentó notablemente el número de desempleados y de adultos sin preparación académica ni oficio. La solución del gobierno príista fue tan buena que Vicente Fox, del PAN, la retomó, sexenios después. Si no puedes crear empleos ni preparar a tu pueblo, inventa ocupaciones que no aporten a la economía; parasitarias, si es necesario; pero que bajen el porcentaje de desempleo en las estadísticas; por aquello de la macroeconomía. Y los ochentas vieron el surgimiento de las “combis”, de las “peseras”. Partiendo de la argumentación de que a menor capacidad de pasajeros, menor número de paradas en el trayecto, y menor tiempo de traslado, se permitió la operación en todo el país de vehículos mal habilitados para el transporte colectivo de seres humanos. No sabemos de una demostración de este razonamiento, menos aun cuando en esos años no se tenían métricas de este tipo, en un ambiente de caos y de desorden que a la fecha perdura.
No obstante estas camionetas colectivas se multiplicaron y fueron desplazando a los autobuses del negocio, que no a los dueños y controladores; pues eses siguieron siendo los mismos. En términos de desempleo, los números lucían bien en las estadísticas gubernamentales. Si para trasladar 60 personas entes bastaba con un solo conductor, ahora se necesitaban cuatro choferes. La multiplicación de los empleos, en plena crisis económica. Para la ecología no había tanto beneficio pues ahora había cuatro motores contaminando en lugar de uno. Y para la circulación vial peor aún, pues cuatro camionetas, por muy pequeñas que fueran, ocupaban más espacio que un autobús. Sería conveniente investigar si esta multiplicación gratuita de motores y choferes contribuyó a las numerosas contingencias ambientales de los noventas en la Ciudad de México.
Por supuesto que el gobierno estaba encantado con este tipo de servicio. No solamente mejoraba las estadísticas de desempleo sino que también multiplicaba los votos, los acarreados y la carne de cañón para los enfrentamientos con los opositores. Ahora, además de las hordas de vendedores ambulantes, ahora tenía pandillas de choferes y pequeños propietarios dispuestos a pelear sin conocer la causa, pero sí la consecuencia de no hacerlo; es decir, perder el permiso discrecional del gobierno para vender o transportar personas. Además, los grupos de choferes y de conductores podían brindar transporte gratuito a los acarreados y a los que votaban en múltiples casillas.
El modelo funciona tan bien que, si bien el PAN no lo utilizó abiertamente para fines electorales y de movilidad de sus acarreados, sí consintió su permanencia y proliferación. Aún recordamos a Vicente Fox ufanándose de que nuestra tasa de desempleo era menor a la estadounidense. No explicaba por qué entonces no veíamos gringos cruzando el Río Bravo hacía el sur, para conseguir trabajo. El PRD, cuyos fundadores pelearon contra el corporativismo y el clientelismo, rápidamente adoptó a organizaciones de chóferes y de propietarios de estas infames camionetas. Y no veo muy difícil que en Morena encuentren cabida estos proveedores de un servicio infrahumano.
El gobierno y los partidos políticos han permitido la permanencia de un modelo de transporte que no sólo es inviable; es caótico por su propia naturaleza. Aunque algunas rutas del Estado de México al Distrito Federal han sido concesionadas a personas morales, algunas con la personalidad jurídica de empresas mercantiles, estos vehículos de transporte infrahumano no forman parte de sus activos contables. Cada propietario debe pagar a la organización que controla la ruta, una cantidad por ingresar y una cuota periódica para que su camioneta circule por ella. La organización no tiene ningún control de la camioneta, situación legal o estado mecánico. Tampoco sabe cuántos asientos tiene, ni como está acondicionada. Mucho menos sabe quién es el chófer, cuánto gana, el folio de su licencia de conducir, ni si tiene antecedentes penales. Porque no le interesa. El modelo de negocio no lo requiere.
La manera de hacer dinero, que no de generar riqueza, es muy simple. Los líderes de la organización (o empresa), consiguen la concesión de la ruta por sus contactos en el gobierno y a cambio de compromisos políticos. No tenemos pruebas, pero no es improbable que en este intercambio, también corra dinero a las cuentas de algunos funcionarios.
Luego, la organización cobra cuotas a los propietarios de las camionetas: por ingreso, por trabajar, por gestionar una regularización que no siempre llega; y que de todos modos no hace falta. Las camionetas circulan sin placas de ser necesario y están a salvo de las fauces de los policías de tránsito; al menos por esta falta. En los tiempos de Al Capone, a esto se le llamaba “venta de protección”.
Por cierto, la organización rara vez proporciona los servicios esperados de una empresa de transporte. No son numerosos sus talleres, estacionamientos o grúas. Menos aún tienen sistemas de operación, de control boletaje, o procesos de recursos humanos. Incluso permiten la operación de personas que piden dinero a los operadores de las camionetas: despachadores y contadores de vehículos.
Los propietarios no tienen un plan de negocio ni nada parecido. Simplemente quieren recuperar lo más pronto posible el costo de la camioneta y las cuotas que les cobra su organización. Dado que la organización carece de sistemas de control de ingresos, los dueños simplemente alquilan sus camionetas a los choferes por una cuota diaria que llaman “cuenta”. Esta cantidad está calculada para que se recupere la inversión, se cubran costos y se gane dinero antes de que el vehículo quede inservible.
Por lo anterior las cuotas tienden a ser altas. Luego, el objetivo del chofer no es dar un buen servicio, ni siquiera cuidar de la camioneta, sino tratar de subir la mayor cantidad de pasajeros, paras cubrir la cuenta, el combustible y su cincuenta por ciento de aportación para las reparaciones del vehículo. Por supuesto, manejará mal y se acabará la camioneta rápidamente, por lo que el propietario buscará cobrar una cuenta más alta. Y el chofer conducirá con menos precaución y más prisa por cargar pasajeros. Y así, en un círculo vicioso, una espiral ascendente de costos y de inseguridad, en la que el mayor perdedor es el pasajero, que cada vez paga más por un servicio cada vez peor.
Y también pierden los automovilistas que se ven obstaculizados en su camino, ya veces agredidos por los choferes sin control. Y también la ciudad, pues el caos vial aumenta en las cercanías de los paraderos de estos colectivos. Y la economía, con miles de horas perdidas, con miles de pesos en daños por accidentes. En resumen, podemos hablar no solamente de una actividad improductiva, si no también parasitaria; pues los ingresos de los beneficiados (chóferes, propietarios, líderes y funcionarios) son a costa de las pérdidas sufridas por otros agentes económicos.
Lo que no podemos negar es que el esquema se ha establecido firmemente y que difícilmente será trastocado; el menos, en el Estado de México. De manera absurda, vemos avenidas principales como la López Portillo con servicios de transporte confinado (Mexibús) compartiendo la vialidad con miles de camionetas de transporte infrahumano. El actual gobernador, Eruviel Ávila, promocionó en su campaña haber trabajado como cacharpo (ayudante de chófer de autobús); lo que no dijo es que los autobuses eran de su padre, ni que su familia sigue en ese negocio. Que tiene conflicto de interés.
Un análisis de causa raíz nos lleva a municipios conurbados que pasaron de ser conocidos como zonas industriales a ciudades dormitorio. El caso de Ecatepec, origen del gobernador, es emblemático. Con economías en franco declive y la autorización criminal de más y más fraccionamientos, millones de mexiquenses se ven obligados a viajar durante horas para llegar a su trabajo en el Distrito Federal. La solución pasa por la sustitución de estos transportes inhumanos por otros más sostenibles y decentes, pero nos lleva a la reactivación económica de los municipios del Estado de México.
Pero la mayor preocupación es que los mexiquenses se estén acostumbrados a esta situación. A no poder conseguir un trabajo justamente remunerado en la entidad donde residen. A tener que experimentar veinte mil metros de viaja subhumano para llegar a su empleo en la Ciudad de México. Experimentar, porque muchos ya no lo padecen, se han adaptado a esas condiciones infrahumanas. Voy sentado en una banca en la que apenas cabemos las tres personas que vamos sentadas en ella. Sube un pasajero y ante la arenga del chófer, tratamos de manera infructuosa de reducir el espacio que cada uno de nosotros ocupa en el espacio. No podemos reducir este espacio más allá de lo que miden los huesos de las caderas. El pasajero se enoja y le dice al conductor “es que están muy anchos”.
Dice Noam Chomsky que una de las estrategias que el gobierno utiliza para manipular a la población es fomentar la complacencia con la mediocridad. Una ruta en la que el pueblo se conforma cada vez con menos, en la que se autodegrada y se acostumbra a recibir productos y servicios mediocres. Así, jamás pedirá mayor calidad. Ni en el transporte, ni en el entretenimiento, ni en el gobierno, ni en su nivel de vida.

lunes, 28 de septiembre de 2015

USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA


El sexenio anterior y el actual han significado, en materia de seguridad pública, una hecatombe humana con resultados gravísimos. De acuerdo a las cifras de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) la lucha o “guerra” contra el crimen organizado nos ha costado cerca de 100,000 muertos y 30,000 desaparecidos. Si bien los números oficiales son menores, siguen en el mismo orden que varias guerras civiles. Además de esta catástrofe humanitaria están los resultados, nada alentadores desde una perspectiva ciudadana: 
1.     El crimen organizado no disminuyó su capacidad (a juzgar por la estabilidad del precio de las drogas en EE UU), sino que amplió sus “líneas de negocio” del narcotráfico a otras como el secuestro, el cobro de “derechos” de piso y de tránsito, la piratería y el tráfico humano. 
2.     El número de organizaciones criminales ha aumentado, y con ello las violentas luchas entre ellas por el control de zonas, rutas y líneas de negocio. 
3.     Las actividades de estos grupos han invadido nuestra vida diaria. Cada día, colonias que antes no padecían más problemas que los de los ladrones comunes, viven en la zozobra de ser afectados por secuestros, extorsión, balaceras, "levantones" y ejecuciones. Peor aún; en la medida que el crimen organizado extiende su influencia territorial, incluso los delincuentes comunes pasan a formar parte de estos grupos, lo que los hace más poderosos frente a los ciudadanos. 
4.     Los grupos criminales han adquirido mayor poder económico. lo que les permite comprar mejor armamento y corromper más fácilmente a las autoridades, desde los policías de barrio hasta los niveles más altos. 
5.     El tejido social se ha descompuesto a tal grado que, para muchos jóvenes, las organizaciones criminales son opciones de trabajo y aun de vida. 
Podemos continuar con esta lucha contra el crimen. De hecho, nadie ha pedido que se suspenda el ejercicio legítimo de la violencia contra los delincuentes. Pero lo que no puede seguir es el baño de sangre en que estamos sumergidos, ni los resultados tan mediocres que en lugar de debilitar, fortalecen a las organizaciones criminales.  
Por otra parte, no se puede continuar con una pelea que cada día arroja más víctimas del lado de los civiles; no olvidemos que las autoridades han reconocido  que de 50,000 muertos, más 5,000 fueron bajas civiles o ”daños colaterales” ¡El diez por ciento! Esta injusta afectación de la vida ciudadana, distancia a los ciudadanos de las policías y de los cuerpos de seguridad nacionales; y trastoca el tejido social de las comunidades. Además, en la medida que se justifican las bajas civiles y se protege el actuar ilegal de las fuerzas armadas, se da carta de Corso a miles de elementos de las fuerzas armadas para violar la ley a su antojo. Esta omisión del gobierno no es otra cosa que un crimen de estado sistemático que afecta lo mismo a presuntos delincuentes (como es el caso Tlatlaya), que a estudiantes de instituciones privadas (Tec de Monterrey) y de escuelas públicas muy pobres (Ayotzinapa).
Se ha argumentado que alguien tenía que hacer algo contra el crimen organizado y estamos de acuerdo; pero los resultados son pésimos y con un costo espeluznante para los ciudadanos. Por supuesto que el estado tiene la prerrogativa de ejercer la legítima violencia contra ellos, pero una violencia dirigida por inteligencia, en oposición a una violencia que en la práctica parece indiscriminada porque afecta a civiles inocentes; en oposición a malgastar los escasos recursos del estado en operativos y despliegues fallidos. Una violencia inteligente que maximice la efectividad de las operaciones; que minimice las afectaciones a la vida civil; que mejore la relación costo/beneficio; y que efectivamente debilite el poder de las organizaciones criminales y de los delincuentes comunes. 
Si bien, en general los cuerpos policíacos del país cuentan con personal de investigación con entrenamiento y ciertos recursos de datos, solamente unas cuantas agencias de seguridad a nivel nacional cuentan con sistemas de información avanzados tan poderosos como los que usan sus homólogas extranjeras. Por tal razón, los trabajos de investigación tienden a ser lentos y frustrantes. Mientras los grupos criminales han mejorado (para mal nuestro) sus procedimientos, nuestras policías siguen arrastrando el lápiz y, en el mejor de los casos, consultando bases de datos disjuntas, desactualizadas y no fiables. Peor está el caso de los informes que entregan los agentes, algunos impresos, otros en formato digital (Word, PowerPoint). Se tienen toneladas de información valiosa pero en general, la única manera de explotarla es leyéndola directamente, lo que es humanamente imposible.
Como no nos gusta que se nos tache de ciudadanos que solamente nos quejamos y no proponemos nada, utilizaré el blog para hacer pública la propuesta de que los cuerpos de seguridad pública mexicanos utilicen herramientas de tecnología de información y de comunicaciones (TIC) que les ayuden a encontrar la información útil para sus labores de inteligencia, entre el mar de información que tenemos. Entre los problemas cuya solución puede apoyar sensiblemente la efectividad de operativos y despliegues, se encuentran los siguientes: 
  • Resolución de identidades. Los criminales no solamente utilizan alias, sino que también cuentan con varias identidades, acreditadas con documentos apócrifos o legítimos, que utilizan para cubrir los rastros de sus actividades criminales, y como parte de sus operaciones. La resolución de estas identidades en una sola entidad no es tarea fácil, pues los delincuentes hacen todo lo posible por desconectarlas.  
  • Descubrimiento de redes de vínculos. Los criminales no solamente usan estas identidades para proteger su verdadera identidad, sino que además realizan sus operaciones estableciendo relaciones de “negocio” indirectas, a través de interpósitas personas. Nuevamente, estas relaciones indirectas, que a veces pueden implicar varios grados de separación entre el objetivo y su verdadero “socio de negocio”, son ocultas para evitar que sean descubiertas. 
  • Extracción de datos de documentos no estructurados (Word, PowerPoint, digitalizados, etc.). Es en los informes redactados de manera libre que se encuentran datos cruciales para deducir el modus operandi de forma rápida. Asimismo, en estos archivos hay una gran cantidad de datos que no encontraron cabida en las bases de datos, pues no había un campo que les correspondiera. Toda esta información debe ser localizable tal y como lo hacemos en Google, y además debe aprovecharse para resolver la identidad de los criminales y para descubrir sus redes de vínculos.
  • Descubrimiento de correlaciones estadísticas entre documentos. Además de que la información contenida en los reportes sea fácilmente localizable, debe poder ser útil para encontrar correlaciones estadísticas entre los datos, de tal manera que podamos determinar distribución y patrones de actividades criminales por zona, edad, nivel social, etc. 
  • Integración de bases de datos y documentos. Todas las funcionalidades anteriores deben ser aplicables a un conjunto único de datos, en el que converjan las bases de datos tradicionales y los informes redactados de manera libre o semiestructurada (formatos). Dado que ya estamos un nivel superior a la consulta de datos, en la resolución de identidades, descubrimiento de redes de vínculos y de correlaciones estadísticas, todos los datos disponibles deben estar contenido en la misma herramienta de manera transparente para el agente investigador; incluyendo la información que de manera pública corre por las redes sociales. 
  • Alertas. Si se está dando seguimiento a un caso, no es posible saber de antemano cuándo y cómo llegará información útil para avanzar en él o proceder con acciones contra el objetivo. Dada la gran cantidad de fuentes de datos y su diversidad, sería de gran beneficio una herramienta que notificara cuando un dato de interés ha arribado al sistema.
  • Seguridad granular. La secrecía propia de las investigaciones implica que los resultados de estas herramientas estén disponibles únicamente para los agentes apropiados, de tal forma que no se ponga en riesgo, ni la propia investigación, ni la integridad de las personas.
Afortunadamente, ya existen herramientas de TIC que, valiéndose de diversas técnicas y teorías, tienen estas capacidades. Su implementación requiere de metodologías que incluyen análisis, modelado, limpieza y estandarización de datos, etc., pero ya existen casos de éxito en México y Latinoamérica que, mutatis mutandis, pueden ser replicados a nivel nacional, estatal y municipal.
Con la incorporación paulatina de este tipo de herramientas de inteligencia a las tareas de seguridad a nivel estatal y municipal, se optimará el tiempo de los investigadores y se harán más eficientes los despliegues y operativos; asimismo, se minimizará el impacto de las operaciones en la población civil. Claro está, si el objetivo es debilitar rápidamente los pilares del crimen organizado. 


miércoles, 3 de octubre de 2012

OUTSOURCING EN EL DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE MÉXICO.

Como muchos preveían, la reforma laboral propuesta por Felipe Calderón fue aprobada por los diputados del PRI. El único tema que se quedó fuera fue el de los sindicatos, que no era más que la moneda de cambio entre Calderón y el PRI. En cambio, uno de los asuntos que, con modificaciones, aceptó el PRI, fue el de la subcontratación (outsourcing).
Cabe aclarar que las restricciones que la Cámara de Diputados impuso al llamado outsourcing son diferentes a las laxas condiciones que propuso Calderón. Y, por las declaraciones de la cúpula empresarial, pareciera que son muy restrictivas; tanto que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya se apresuró a exigir al Senado que elimine los “candados innecesarios” y las “limitantes excesivas” al régimen de subcontratación. Después de leer este comunicado de prensa, y de escuchar a los diputados afirmar que esta reforma es para beneficio de los trabajadores, podría pensarse que el dictamen presentado en esta cámara busca el bien de los trabajadores a costa de los empresarios. Por ello vale la pena analizar el dictamen, en lo que toca a la subcontratación.
Básicamente, los cambios fueron al artículo 15, que es el contiene las condiciones para que la subcontratación. Aparentemente, los apartados a), b) y d), boquea la subcontratación para el negocio nuclear (core business) de la empresa:
a)    No podrá realizarse en las actividades sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa.
Sin embargo, el dictamen no habla de la actividad preponderante de la empresa (un hecho económico), sino que se refiera al “objeto principal de la empresa”. Habrá que ver en la práctica que se considera “objeto principal”, ¿el que aparece en el acta constitutiva? ¿o aquél que manifiesta la empresa para efectos de impuestos?
b)    Deberá justificarse por su carácter especializado que agregue un insumo adicional a los procesos de producción o de servicios.
d)     No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del beneficiario
Estos deben ser los “candados excesivos” que reclama el CCE. Porque para ellos, la subcontratación es válida aun en los casos en que no sea necesaria; quieren subcontratar empleados para ejecutar actividades que no agregan un valor diferente al que aporta le misma empresa con sus propios empleados. Es decir, para hacer lo mismo que puede hacer con empleados propios; solamente que a un precio más alto, si la empresa proveedora quiere tener un margen. Desde una perspectiva empresarial, esto no hace sentido; a menos que se trate de una simulación para evadir impuestos o evitar la relación con los trabajadores. En otras palabras, lo que piden al Senado es legalizar esta simulación.
Por otra parte, es importante anotar que ni la iniciativa de Calderón ni el dictamen de los diputados prevén el caso en que la demanda exceda la capacidad instalada de la empresa beneficiaria. Dada la inestabilidad económica de nuestro país, no es conveniente que la empresa, ante un súbito pico de la demanda, contrate personal temporal; pues el patrón incurriría en costos de contratación que no alcanzarían a recuperarse, y los trabajadores no obtendrían empleos permanentes. Más valioso sería permitir que se contrate a una empresa especializada que provea el servicio por un tiempo limitado e improrrogable, no mayor a 180 días naturales.
Finalmente, es importante notar que el dictamen de la ley, al igual  que la iniciativa de Felipe Calderón omite cualquier condición relativa a la relación que guardan las empresas contratante y beneficiaria entre sí. En general, el uso de outsourcing para simulación se da entre empresas relacionadas, de tal manera que los propietarios puedan obtener beneficios de las supuestas pérdidas de la proveedora, o de los costos absurdos en que incurre la beneficiaria. Tal pareciera que el resto de las condiciones contenidas en el artículo 15 hicieran absurdo que un par de compañías que guardan relación orgánica, simularan una subcontratación. Sigue siendo importante impedir que la subcontratación sea usada en casos de simulación, como estos:
  1. Cuando tanto el contratista o subcontratista y el beneficiario tienen relación a través de una empresa controladora
  2. Son propiedad de los mismos accionistas, o son la misma persona física o moral
  3. Una es propiedad de la otra
  4. No se siguió un procedimiento documentado y auditable de selección del contratista o subcontratista
Estas condiciones son de vital importancia para asegurar que el régimen de subcontratación no sea utilizado como simulación en contra de los intereses no solo de los trabajadores, al burlarles sus relaciones y prestaciones laborales; sino también del gobierno, al evadir impuestos; y de los empresarios honestos, al evitar la libre competencia y con ello, el posible incremento en competitividad de las PYMES especializadas.

martes, 18 de septiembre de 2012

OUTSOURCING Y LA REFORMA LABORAL DE CALDERÓN


OUTSOURCING Y LA REFORMA LABORAL
Mtro. José Luis León Gómez
Tanto por necesidades propias de la operación de las empresas, como por la dinámica de la economía, en fechas recientes se ha incrementado notablemente la ejecución de esquemas de contratación externa y de subcontratación, denominados de manera genérica “tercerización”  o, con un término más globalizado, outsourcing.
Estos esquemas no son precisamente nuevos, pues desde hace mucho tiempo las empresas contrataban a otras organizaciones; a veces para actividades puntuales ajenas a su rubro, como puede ser el caso de la reparación de una puerta o la construcción de una oficina. Esto encuadra perfectamente en el libre intercambio de mercancías y servicios en un sistema capitalista. Paulatinamente, este esquema se fue aplicando a actividades continuas en las que la empresa no tenía la capacidad de ejecución ni el interés en desarrollar la habilidad; por ejemplo, limpieza y vigilancia en un banco o en una universidad.
Ciertamente, dadas las condiciones tan difíciles en que se encuentran la economía subdesarrollada de nuestro país, resulta financieramente inviable exigir a las empresas que se abstengan de contratar a otras empresas para actividades fuera del ámbito de su capacidad. La inserción de nuestro país al entorno global pone a nuestras empresas a competir con otras allende las fronteras, que se han especializado y que, gracias a esto, han logrado altos índices de calidad en su foco de negocio.
Sin embargo, también hay ocasiones en que las empresas contratan a otras compañías para actividades que caen dentro de su negocio nuclear (core business). El argumento que soporta esta decisión es, regularmente, que solamente se requiere por un tiempo o por una obra determinada, usualmente en períodos de alta demanda. Debe haber una justificación porque la subcontratación de otra empresa para actividades propias del negocio obligadamente disminuye el margen de utilidad, y esto no conviene a los accionistas; a menos que se trate de una simulación.
La contratación de empresas especializadas para actividades fuera del objeto de negocio, permite el desarrollo de sectores de la economía, particularmente de pequeñas y medianas empresas que se dedican a proveer servicios especializados a otras empresas y no al consumidor final. La existencia de un mercado transparente de servicios para empresas permitiría la competencia entre los proveedores de estos servicios, impulsando su especialización y su mejora en la calidad. Cabe mencionar que en esta dinámica económica, son pequeñas y medianas empresas las que mejor se desarrollan como proveedores especializados de servicios de alta calidad; tanto por su agilidad como por su capacidad de especialización. Éste es un punto de vital importancia, pues en México son estas empresas las que proporcionan el grueso de los empleos.
El problema es que estos esquemas de contratación y de subcontratación de servicios están siendo utilizados con objetivos contrarios al desarrollo de la economía y en perjuicio de los trabajadores, del gobierno y de la sociedad en general. Se tienen escenarios en los que una empresa controladora (holding o “corporativo”) es propietaria tanto de la empresa cliente como de la proveedora de servicios; la empresa cliente no pone a concurso la provisión de los servicios para buscar la mejor relación costo/beneficio, sino que asigna el contrato directamente a su empresa hermana; la empresa proveedora no tiene más cliente que las empresas pertenecientes al mismo holding. Mediante este esquema, las empresas clientes ejecutan estrategias fiscales que les permiten disminuir la cantidad de impuestos que se pagan al gobierno. Asimismo, eluden obligaciones laborales con los trabajadores; entre ellas, el reparto de utilidades.
Y no solamente los trabajadores y el gobierno son perjudicados por esta perversión del esquema, sino que se ataca a la libre competencia y al desarrollo de empresas que realmente se estén especializando y busquen alcanzar estándares de calidad iguales o superiores a los de empresas extranjeras.
Por otra parte, en el caso de empresas con gran poder de compra, la contratación o subcontratación simuladas pueden constituir prácticas monopólicas, pues asignan directamente a sus subsidiarias disfrazadas, impidiendo la libre competencia.
En todos estos casos, es la sociedad y los sectores económicos, así como los empresarios honestos los que salen perjudicados.
Esto viene a cuento porque Felipe Calderón, quien se promocionó en su campaña como el futuro “presidente del empleo”, acaba de enviar al Congreso de la Unión, con carácter de atención preferente[1], una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se busca regularizar este esquema, en el ámbito laboral. El propósito de este documento es analizar esta propuesta, en lo que respecta al tema de subcontratación.
La iniciativa de Calderón, tanto en su exposición de motivos, como en su articulado, regula la subcontratación a través de cuatro disposiciones:
1)    Define la subcontratación de una manera indirecta y muy abierta en su artículo trece: “No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores”. Pareciera que cuando se habla de elementos propios, se refuerza el concepto de “relación laboral”, pero esto se abre cuando se matiza con la frase “suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.” Exactamente ¿cuándo es que una empresa no cuenta con elementos propios suficientes? ¿No sería más fácil definir claramente el concepto de subcontratación, más allá de la pobre definición del artículo 15-A (“El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaría de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratados”), y acotarlo con precisión? Por ejemplo, al menos deben preverse las siguientes excepciones al régimen de subcontratación:
a)    Cuando tanto el contratista o subcontratista y el beneficiario tienen relación a través de una empresa controladora
b)    Son propiedad de los mismos accionistas, o son la misma persona física o moral
c)    Una es propiedad de la otra
d)    No se siguió un procedimiento documentado y auditable de selección del contratista o subcontratista
e)    Cuando la actividad contratada o subcontratada corresponde a la actividad preponderante de la beneficiaria, salvo en los casos de carga inusual de trabajo cuya duración no podrá exceder de 180 días naturales.
Es sintomático que la iniciativa de Calderón deje la definición de subcontratación a un nivel general, sin acotarla de manera debida, como se anota en los párrafos anteriores. Más aún, se contradice pues no se puede permitir la subcontratación sin límites concretos cuando determina queEl trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.”[2]
La única excepción considerada por Calderón es cuando se tenga “el objeto de simular salarios y prestaciones menoresy “las contratistas o beneficiarías de los servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil, respecto a los mismos trabajadores”[3]; es decir, cuando el trabajador tenga relación con ambas empresas. Esta disposición es ociosa y solamente tiene el fin de hacer parecer que se castigará a quien utilice el outsourcing como simulación. Esta situación no se va a dar porque precisamente de eso se trata cuando se utiliza la subcontratación como simulación: de que la empresa beneficiaria no tenga relación alguna con el trabajador.

2)    Se determina que el contrato de prestación de servicios deba constar por escrito[4]. No suena mal en principio, salvo que no aporta nada a la situación actual, pues estas condiciones son comunes en los esquemas de subcontratación. En todo caso, se busca liberar a la empresa contratante de cualquier relación laboral con los trabajadores; un poco ocioso, porque esta protección usualmente se establece en los contratos de outsourcing. A menos que la reforma pretenda dotar de una protección legal a los casos de simulación. Los contratos de tercerización se realizan por escrito regularmente; tanto por buena voluntad, como por dolo. Si se trata de una subcontratación necesaria, ambas empresas, cliente y proveedora, buscarán que haya un contrato que proteja sus intereses respectivos. En caso de simulación, el contrato desvincula a la empresa cliente de cualquier obligación laboral y reduce su margen de utilidad para efectos de impuestos.
3)    La beneficiaría de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista[5]. Por lo que toca a la solvencia económica del proveedor, ¿tendrán las empresas autoridad para hurgar los estados de cuenta y la contabilidad de las empresas proveedoras? ¿o tendrán que conformarse con exigir que el proveedor contrate una fianza a su favor, por un monto suficiente que garantice la ejecución satisfactoria de los trabajos? Porque esto no es nuevo en absoluto, sino una práctica común.
4)    La beneficiaría de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de … que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud”. Lo que sí es novedoso, o quizás no tanto, es que el estado renuncie a su rol de agente regulador; pues obliga a la empresa contratante a “cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad[6] y salud”, como si no hubiera dependencias del gobierno responsables de verificar que los patrones, subcontratados o no, cumplan con las condiciones de seguridad y salud, señaladas en las leyes. La iniciativa de Calderón descarga en la empresa contratante el costo de esta verificación, a través de alguna “unidad de verificación debidamente acreditada”; es decir de una tercera empresa que, por supuesto, cobrará por este nuevo servicio[7].
5)    Los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores[8], lo que implicaría que tanto la empresa cliente como la proveedora deben responder por las obligaciones laborales con los trabajadores. Sin embargo, hemos comentado que, en la práctica, las subcontrataciones están formalizadas por un contrato y ese instrumento contiene usualmente una cláusula que libera al cliente de cualquier responsabilidad laboral con los trabajadores que ejecutan los trabajos. Además, en un caso de simulación, es más conveniente para los intereses de ambas empresas que la “proveedora” asuma la totalidad de la responsabilidad laboral; pues por regla general, no cuentan con activos importantes, ni obtienen utilidades.
No podemos estar en contra de la contratación y subcontratación de servicios especializados (outsourcing), pues bien reglamentadas pueden fomentar la creación de empleos especializados y bien remunerados a la vez que se impulsa a las empresas a elevar su calidad y se hace más competitiva a nuestra economía. Pero tampoco debemos permitir que este esquema se use como una simulación en la que todos (trabajadores, capital, gobierno y sociedad) salimos perjudicados. Se tiene que legislar y reglamentar este tema de tal forma que México pueda contar con un sector de sector de servicios especializados que pueda competir incluso a nivel internacional.
  Asimismo, el estado debe asumir su responsabilidad y ejercer sus facultades de regulación, y no dejar en manos de la empresa beneficiaria del servicio la tarea de verificar si el proveedor cumple o no con las leyes. El contrato de outsourcing debe cumplir con una serie de requisitos mínimos que aseguren el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores y a la libre competencia. Para ello, el contrato debe seguir un formato específico y ser sancionado por la autoridad.
Una legislación apropiada, así como su aplicación efectiva, beneficia no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios emprendedores que buscan proveer servicios especializados de alta calidad, y fomentará el desarrollo económico y la competitividad de nuestra economía a niveles internacionales.
Permitir que esta iniciativa pase, en lo que toca a la subcontratación, legalizará la simulación y no solamente atentará contra los derechos de los trabajadores, sino también contra los empresarios honestos; y lesionará el erario y disminuirá el precario ritmo de crecimiento de la economía nacional.



[1] Iniciativa de Trámite Preferente
[2] Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.
[3] Artículo 15-D. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el régimen de subcontratación en forma dolosa, cuando con el objeto de simular salarios y prestaciones menores, las contratistas o beneficiarías de los servicios tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil, respecto a los mismos trabajadores.
[4] Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que resulte beneficiaría de los servicios y un contratista o subcontratista que ponga a su disposición trabajadores, deberá constar por escrito
[5] Artículo 15-B. ... La empresa beneficiaría deberá cerciorarse ai momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista o subcontratista cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
[6] Es importante anotar que el término “seguridad” se deja abierto, sin especificar si se habla de seguridad industrial, de seguridad social o de seguridad laboral.
[7] Artículo 15-C. La empresa beneficiaría de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista o subcontratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.
[8] Artículo 13. … Los patrones y los intermediarios serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores